El Gobierno de Bolivia tiene conocimiento del domicilio e, incluso, el número de celular del peruano Martin Belaúnde, quien solicitó refugio político a la Conare, informó el embajador en Perú, Gustavo Rodríguez, quien descartó haya “una solución negociada o conversada” de forma bilateral ya que en este caso, como en otros similares, afirmó, se cumple con las normas legales.
“Se sabe específicamente en qué lugar está, tiene una dirección específica, un celular de contacto. He visto especulaciones de que él está viviendo en un palacio en la zona sur de Bolivia, yo le puedo asegurar que no está ahí”, afirmó el diplomático ante rumores de que el acusado de hechos de corrupción habría huido a un tercer país.
Rodríguez explicó en una entrevista con Radio Programas, declaraciones recogidas por El Comercio, que Belaúnde no acudió el lunes a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) porque no fue citado. Añadió que “está plenamente identificado (el acusado) y con un procedimiento de contacto”, por lo que se actúa en el marco de confidencialidad.
El Gobierno de Ollanta Humala pidió a su homólogo boliviano la ‘inmediata expulsión’ del empresario Belaunde, prófugo de la justicia por la supuesta comisión de delitos como corrupción. Lima también solicitó a los países limítrofes con Bolivia reforzar sus controles fronterizos para bloquear cualquier intento del prófugo peruano de huir a un tercer país.
El embajador boliviano también descartó que haya “una solución negociada o conversada” entre Perú y Bolivia sobre el caso Belaúnde, porque supondría que el gobierno boliviano no actuará en el marco del Derecho.
“Lo que va a suceder con el señor Belaunde Lossio, independientemente de quien es, tiene que ver con nuestra normativa jurídica. Nosotros no lo trataremos de un modo diferente al que hemos tratado al resto de refugiados que hay en Bolivia, tenemos cerca de 700 de distintas nacionalidades”, afirmó.
El vicepresidente Álvaro García aseguró ayer que el Estado no incurrirá en la misma actitud de algunos gobiernos del exterior de proteger nacionales acusados de corrupción, por lo que anticipó que no se dará protección a personas acusadas por ese delito en relación al pedido de refugio del prófugo peruano.
“Si hay una acusación por corrupción, esa persona no va a ser protegida, pero eso es lo primero; lo segundo, somos respetuosos de los procedimientos que se establece para las peticiones de pedido de refugio, hay un procedimiento aprobado internacionalmente”, insistió el también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.