Problemas de ingobernabilidad en las municipalidades de Cochabamba y Oruro provocan tensiones ante la ausencia de alcaldes. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) alista una reunión edil nacional para revertir esta tendencia.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó el 29 de diciembre como plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales. En virtud de este plazo, las autoridades ediles de estas municipalidades renunciaron a sus cargos para buscar su reelección. Así se abrieron gestiones transitorias.
“Hemos sugerido que elijan, en el Concejo, a alcaldes de consenso para que la transición sea transparente. Hemos pedido que tengan cuidado. Nos vamos a reunir hasta finales de este mes para garantizar las transiciones, señaló el presidente de la FAM, Juan Carlos León.
El martes, el Concejo Municipal de Cochabamba nombró a David Herrada, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como nuevo burgomaestre de Cercado. Es el segundo tras la renuncia del titular Edwin Castellanos.
Norma. La semana pasada, una resolución había designado como autoridad edil a Armando Vargas, el 24 de diciembre. Esta norma fue desconocida, lo que generó que en menos de dos semanas el valle conozca a dos alcaldes transitorios.
En una situación similar se encuentra la municipalidad de Oruro. Ayer, una sesión “bochornosa” intentó devolver la institucionalidad a la comuna orureña, cuyo Concejo se encuentra dividido por el nombramiento de Juan José Ramírez, como alcalde interino. “Quieren gobernar defactamente (sic)”, lamentó la autoridad con relación a concejales que no respaldan su investidura. El bloque disidente presentó un recurso de amparo constitucional para desconocer la resolución que designó a Ramírez, cuyo mandato fue ratificado anoche.
En La Paz, el alejamiento de Luis Revilla provocó que los funcionarios y trabajadores municipales iniciaran paros de actividades y la toma de edificios públicos para exigir la estabilidad de sus fuentes laborales en el proceso de transición de la gestión. El alcalde Omar Rocha garantizó ayer la inamovilidad de los empleados públicos en el curso de los próximos cinco meses.