¿Cómo serán las próximas elecciones judiciales en Bolivia: totales o parciales? El abogado Israel Quino y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé plantean varias alternativas y coinciden que lo más viable es reformar la Constitución Política del Estado (CPE)
En diciembre, solo 19 de los 26 magistrados y consejeros fueron electos, luego de una decisión del TCP que, a través de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y Cochabamba.
La misma disposición declaró desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando.
Ahora, acreditados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y posesionados por el presidente Luis Arce, lo 19 profesionales–y la misma cantidad de suplentes- conviven con los magistrados electos en 2017, que ampliaron su mandato con la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre de ese año.
Elecciones judiciales
Por ese motivo, ahora se debe realizar otro proceso de preselección, elección y posesión de nuevas autoridades en “elecciones complementarias”. Dicho proceso debe seguir la ruta del anterior; es decir, la emisión de una ley de convocatoria, la reglamentación y la preselección, cuya responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, luego, el TSE deberá emitir un nuevo calendario electoral.
La Razón consultó con el abogado constitucionalista Israel Quino sobre cuál será el periodo de ejercicio para las autoridades “complementarias” y si eso implicaría la realización de dos comicios de aquí en adelante. El profesional describió tres “posibilidades”, y aclaró que “en ningún caso hay una norma prohibitiva”.
La primera opción que plantea es que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que implique un periodo también “complementario”, es decir, que la norma que rija para el proceso especifique que el tiempo de mandato sea de cinco años.
Israel Quino
Un segundo escenario que planteó el jurista tiene que ver con una convocatoria que establezca los mismos seis años que describen la Constitución Política del Estado (CPE) para dichos cargos. Ésta última implica mantener dos elecciones para que la población elija a las altas autoridades.
Finalmente, Quino planteó la posibilidad de una “reforma parcial” que permita el paso a una nueva forma de designar a las autoridades del TCP, TSJ, el Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
“El tercer camino es que sea la última vez que se elija por voto popular y que esta decisión se sujete a una reforma parcial a la Constitución en la que ya no se elijan más magistrados por voto popular, dijo en entrevista con este medio.
Esa posibilidad, explicó, debe resolver un “nuevo mecanismo de elección de altas magistraturas, evitando el filtro político”.
CPE
En su criterio, se debe eliminar de la Constitución el voto popular para elegir a las altas autoridades judiciales. Dicho mecanismo de elección está contemplado en la CPE vigente desde el 7 de febrero de 2009.
“En tanto y cuanto existan filtros políticos para elegir altas magistraturas, vamos a tener jueces funcionales al poder, entonces, no debe existir es condicionante del filtro, que lo único que hace es legitimar la decisión política del poder. Es un error”, justificó.
“Ya no puede elegirse más magistrados por votación popular”, sentenció el jurista.
La propuesta de Quino es que “las próximas autoridades ingresen en un concurso de méritos institucional, más allá de (atravesar por) un filtro político”.
Para ello, explicó que debe constituirse un consejo nacional de reforma judicial que impulse la modificación de la Constitución”. Eso, con el objetivo de definir la elección de las altas magistraturas.
Reformas judiciales
“Actualmente tenemos una Justicia indolente con el pueblo y servil con el poder. Eso ya hay que cambiar”, criticó.
Precisamente, las elecciones parciales fue el hecho polémico que marcó el fin de 2024. Pues varios actores criticaron que la decisión del TCP “se impongan” y “sometan” a los demás órganos del Estado.
En ese sentido, legisladores del bloque de oposición y de la facción evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron que el TCP ejerce un “suprapoder” respecto de los demás órganos y calificaron como “nefasta” la gestión y la ampliación del mandato de los electos en 2017.
Por su parte, el expresidente del Estado Eduardo Rodríguez Veltzé coincidió con el abogado Israel Quino. Ambos advirtieron de la necesidad de una nueva forma de elección y designación de las altas autoridades judiciales
En criterio del exmandatario, hubo “crisis” en las tres elecciones judiciales realizadas hasta el momento. La primera, el 16 de octubre de 2011; la segunda, el 3 de diciembre de 2017 y, la tercera, de manera parcial, el 15 de diciembre de 2024.
Eduardo Rodríguez Veltzé
Consideró que este es “un momento constituyente” en el que se debe “ajustar la Constitución”, principalmente en el ámbito judicial.
Para ello apeló a la voluntad de los candidatos a la presidencia del Estado en las siguientes elecciones previstas para agosto de este año. “Mi planteamiento es que los candidatos a la presidencia se comprometan con los ciudadanos a conducir un proceso de reflexión y de reformas constitucionales, sobre todo en los ámbitos más prioritarios como la justicia”, dijo a La Razón.
Y añadió: “Eventualmente, debería definirse si los bolivianos queremos mantener este estado de situación con elecciones como las que tenemos, con esta metodología que ha probado no ser la mejor para elegir cortes o tribunales independientes e idóneos”.
Apostó por “introducir reformas a la Constitución, que cambien la modalidad actual” de elección, y que sea “más práctica y eficiente”, con el fin de tener autoridades imparciales.
Magistrados y elecciones judiciales
Pero también reclamó por las decisiones del TCP que influyeron en el trabajo de otros órganos. “Entre otras cosas, y también de altísimas prioridades, (se debe realizar) el ajuste de las competencias de esta revisión judicial de la constitucionalidad, que nos ha puesto en estas dificultades”, sostuvo.
En ese sentido, también apostó por “mecanismos de elección por meritocracia” para definir los siguientes magistrados del Órgano Judicial y del TCP, aunque aclaró que éste debe ser “parcial y no de golpe”.
En un intento de resolver lo “autoprórroga”, la Cámara de Senadores aprobó una ley excepcional y transitoria para garantizar el funcionamiento del TSJ con siete de nueve magistrados y del TCP con cuatro, todos, electos por votación el 15 de diciembre. Dicha norma tiene la finalidad de terminar con el mandato de los prorrogados.
La norma fue remitida a la Cámara de Diputados, pero no fue debatida en el pleno camaral del viernes.
Ley
Respecto de esa ley, el ministro de Justicia, César Siles, calificó de “inconstitucional” su propósito.
“Es un proyecto de ley que vulnera la Constitución Política del Estado, no se puede a través de una ley cambiar la jurisprudencia, de TCP (…) Hay sentencias, declaraciones y autos constitucionales que deben respetarse”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Entretanto, en las primeras semanas del año, el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura ya eligieron sus presidencias; mientras que, en el TCP, los miembros de la sala plena ratificaron al magistrado prorrogado Gonzalo Hurtado como su titular. Anunciaron que su cargo se será sometido a evaluación.
Aún hay expectativa por la resolución de las elecciones “complementarias”; varios sectores cuestionan la legitimidad y legalidad de las resoluciones de los tribunales con magistrados “combinados”.
