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Monday 20 Jan 2025 | Actualizado a 19:14 PM

‘La prioridad en estos cinco años será la economía’

Vicepresidente. El gobernante ratifica que el socialismo es el norte y que se logró la hegemonía.

/ 22 de enero de 2015 / 23:45

Para Álvaro García Linera, el camino hacia el socialismo todavía requiere de pavimentación y las condiciones están dadas para ello, aunque no desecha que esto se vea amenazado por un contraproyecto político. El Vicepresidente asume hoy su tercer mandato y en esta entrevista evalúa la gestión de nueve años al lado del presidente Evo Morales, las tensiones, los desafíos e incluso su horizonte más a allá del poder estatal, donde se mira en un nuevo departamento, con hijos, como profesor universitario y escritor de libros sobre política.

— Nueve años de mandato y va por otros cinco más… ¿Se imaginaba esto en 2006?

— No. Algunas veces con usted conversamos sobre las dudas que teníamos, sobre dificultades que uno iba a enfrentar… Han pasado nueve años y todos esos riesgos y adversidades las hemos podido remontar. Claro, una revolución siempre va a estar marcada por incertidumbres…

— ¿Cuáles son los logros que rescata de lo que usted llama “década de oro”? 

— El primero es el profundo proceso de descolonización social, mental, político que está atravesando el país. Indígenas gobernando, ya es un hecho que desanda la trágica historia de los últimos 450 años y coloca a este periodo como el más importante en la vida política y social. El segundo es este gobierno de movimientos sociales, una extraordinaria experiencia de vía democrática al socialismo. Y el tercero, los grandes cambios económicos, de crecimiento y de distribución de la riqueza; Bolivia es un milagro económico, en estos nueve años hemos pasado de 8.500 millones de dólares de Producto Interno Bruto a 32.000 millones, ningún país de la región y del mundo ha crecido así, tal vez China. Son elementos que apuntalaría como decisivos, que hacen histórico el actual proceso, uno que ha superado cualquier otra experiencia boliviana y latinoamericana de transformación social.

— ¿Cuáles son los avances hacia el Estado integral marxista gramsciano que propuso en 2009 como tránsito hacia el socialismo? 

— El Estado integral es un norte, una posibilidad extrema y radical de democracia, que es la desmonopolización de las funciones públicas. No es que no valga el Estado, pero éste ya no va a hacer una función de monopolización de decisiones y de gestión de lo público, solo será un aparato administrativo. No sé cuántas décadas o siglos tardemos, lo importante es que se ha colocado ese norte. No hay experiencia que haya llegado a eso. Y las herramientas que interconectamos en torno a este objetivo son la democracia representativa, la democracia directa de las organizaciones sociales, la herencia comunitaria tras las estructuras agrarias. Es el norte inobjetable, el de todas nuestras acciones. Esta hipótesis que mueve la voluntad objetiva colectiva hacia un objetivo tiene ya un punto de partida, material.

— ¿Es un camino sin retorno?

— No, claro que puede haber contrarrevoluciones, retrocesos, esto no está pavimentado. En lo que no hay retorno es en nuestra concepción, nuestro norte, pero las circunstancias pueden llevarlo a uno a que las fuerzas conservadoras lo ataquen, lo hagan retroceder, lo aniquilen; no hay una historia ineluctable, un camino histórico ineludible. Nos organizamos para que ese retroceso sea lo menos probable. De ahí la importancia de lo que sucede en los últimos años. Por ejemplo, que este proyecto no tenga aún un contraproyecto: los partidos políticos de derecha, de los intelectuales conservadores, tienen meras aplicaciones intelectuales o correcciones de forma, pero no un proyecto de este estilo. Es decir, se ha logrado una hegemonía ideológica, política, cultural y simbólica.

— ¿Qué situaciones difíciles se le vienen a la memoria de este periodo de nueve años?

— Las más duras en 2008, fue el momento culminante de la confrontación. Pero el proceso tuvo una virtud sobre la derecha: sabíamos que esto iba a darse y escogimos el momento del desenlace de esta conflagración que define una época…

— El “desempate catastrófico”…

— Exacto, cuando se dio el punto de bifurcación. Supimos escoger las mejores condiciones para la batalla final, lo que hace un buen estratega. Ellos se lanzaron con la brutalidad enceguecida a una batalla que buscaban, pero para la cual no estaban preparados táctica y estratégicamente. Recuerdo que a fines de 2007 o principios de 2008, tuve que recibir en el Palacio de Gobierno a los gobernadores de la oposición. El Presidente estaba de viaje y se encontraba en marcha el golpe de estado. Y les lancé un mensaje muy duro: que hacían muy mal en buscar la caída del Presidente, porque insinuaron esa posibilidad y que se abra una transición para nuevas elecciones. Y les dije que si Evo caía y por mala suerte la gestión quedaba en mí por un solo segundo, yo no les iba a perdonar nada, de canto los iba a encarcelar. No nos enfrentamos, y como un toro desbocado les abrimos el camino, dejamos que entren, se tropiecen, se agoten y, al final, les cerramos la puerta del corral.

— ¿Y el Presidente?

— Fueron momentos duros. Me acuerdo de la renuncia de los ministros. El Presidente recibía a unos, yo a otros, y les decíamos que entendíamos su posición y que vayan a descansar, que nos veamos en los siguientes días, pero simplemente que no digan a nadie lo que acababan de decirnos a nosotros. Esos días se mostró el liderazgo fuerte del Presidente con las Fuerzas Armadas para que cumplan su labor tras la muerte de los campesinos baleados en el río Tahuamano, en Pando. La Vicepresidencia se convirtió en un restaurante improvisado para preparar comida y llevarla a los soldados que protestaban porque no funcionaba el sistema de abastecimiento de las Fuerzas Armadas, para que no se retiren del aeropuerto de Cobija. El ministro Juan Ramón Quintana reclutó a ocho o diez personas de las tropas especiales para entrar a la ciudad de Cobija en un Hércules, tras colocarse un chaleco antibalas. Todo pendió de un hilo. Y en esas horas tensas el Presidente y yo estábamos solos en el Palacio, calculando lo que podía pasar, a la espera de cualquier acontecimiento, y tomamos la decisión de que no nos iban a sacar de aquí a la mala, reafirmamos, mirándonos a los ojos, que somos gente de combate. Y otro episodio difícil fue cuando tuvimos que retroceder con la decisión del incremento de la gasolina…

— ¿No se calculó que esta medida iba a traer protestas?

— Que podía incrementarse la conflictividad. Habían sectores que apoyaban, otros no. A la larga, al evaluarlo, uno nota que el problema fue que esto se cruzó con la escasez del azúcar, no lo supimos ver bien. Vino el miedo de que falten otro tipo de productos. El azúcar no escaseaba por la gasolina, sino por una mala planificación empresarial. A partir de esto subieron las gaseosas, los yogures… Eso generó un potencial de conflictividad más complicado y se retrocedió.

— ¿Se arrepiente el Gobierno de la elección de autoridades judiciales? ¿Fue su principal error en estos nueve años?

— Lo que hizo el Gobierno fue cumplir la Constitución, que indica que estas autoridades se eligen por voto y se seleccionan en la Asamblea Legislativa. Recuerdo un debate político y teórico sobre esto con el Presidente, quien me dijo: “No vamos a proponer a nadie”, en esta mirada respetuosa de la separación de poderes, entendida por él como que no puede tomar partido por ningún doctor. Le hice una reflexión, que creo que a la larga resultó correcta: el poder es una relación social, no es una cosa, sino una relación de monopolización de decisiones. Y si uno no asume que esto es el poder y no lo controla de una u otra manera, alguien lo va a hacer, porque esta monopolización de decisiones construida a lo largo de siglos no va a disolverse, es un hábito en la vida cotidiana de las personas. Entonces si uno no va a asumir el control de ese monopolio, otras personas lo harán, así de claro. Y le ejemplifiqué esto con el mercurio líquido: si uno lo pone en un recipiente parece un vaso de agua, homogéneo, y si lo dispersa se formarán pequeños núcleos. O sea, o queda concentrado ese poder judicial en un vaso, y si no lo hacemos éste se va a fragmentar en pequeños monopolios. Y pese a mis recomendaciones, asumimos que no  íbamos a involucrarnos en la elección de jueces. Y comuniqué esta decisión a los asambleístas y les pedí que busquen a los mejores; eso sí, les advertí que voy a anotar en mi cuaderno quién sugiere a quién, para que si las cosas van mal, les muestre a cada uno quién propuso a quién.

Pero el Gobierno impulsó esta forma de elección…

— La elección sí, pero la responsabilidad de selección cayó en manos de la Asamblea y en ésta no primó un criterio más universal, más estructural, sino uno más corporativo. Aunque esto fue 320 veces más democrático que lo que hicieron los anteriores gobiernos, arrastró una dolencia: si antes hubo tres personas que elegían a estas autoridades, ahora fueron casi 100 que hicieron la preselección y, claro, los compañeros no se basaron en criterios meritocráticos, sino más mundanos, como que si los postulantes habían o no ayudado a alguna federación a hacer un trámite judicial… el 95% fue escogido a partir de esto. ¿Y qué sucedió? Que el Presidente, el Vicepresidente, los ministros tenemos cero influencia en el Órgano Judicial y más la tiene un diputado, un senador, un dirigente sindical, en el ámbito local: uno tiene más influencia en Cochabamba, otro en Santa Cruz. En vez de que haya algo centralizado, se fragmentaron los procesos de influencia…

— Como el mercurio líquido…

— Si debe hacerse una crítica es al Legislativo. La influencia sobre el Órgano Judicial se fragmentó. Antes había un
poder más concentrado y ahora se
ha dispersado como el mercurio.

— De acuerdo con esta lógica, hay que cambiar al 95% de los elegidos…

— A estas alturas hay que cambiar al 100%, aunque valorando el trabajo de cinco o seis doctores, pero el resto no, se ha aplazado.

— ¿Cuáles son los retos que se plantearon para este nuevo lustro de gobierno?

— Comencemos con la Justicia, con un referéndum para cambiar las reglas que establece la Constitución. Este procedimiento no funcionó, hemos intentado, hemos sido muy respetuosos de la independencia de poderes, del Ejecutivo al Judicial, entonces hay que modificar la Carta Magna para cambiar el procedimiento y la selección de autoridades, de tal manera que se incorpore en primer lugar la meritocracia. Hace cuatro o cinco años, hablar de meritocracia era una forma encubierta de la discriminación, porque en una sociedad racista los méritos tenían color de piel y apellido, así todo iba a ser en función a los mismos de siempre, que habían acaparado becas, doctorados, viajes, seminarios. Ya estamos nueve años en el poder y hubo una democratización del acceso a los méritos, entonces ahora sí, estoy seguro que en una mirada meritocrática va a haber un mayor equilibrio y un mayor acceso democrático de los distintos sectores sociales, de gente que proviene de las viejas familias tradicionales y de las del sector popular, que en nueve años accedieron a licenciaturas, maestrías, doctorados. Segundo, el acompañamiento de instituciones que validen esta mirada amplia, pluralista, las universidades en primer lugar, con un cambio en el currículo universitario que implica una decisión autónoma de ellas, porque ésta adolece de problemas, como la priorización del pleitismo por encima de la resolución de los conflictos, con abogados con un conocimiento infinito de mañas dilatorias.

— ¿Y la reforma de las normas procedimentales?

— Claro, culminar el nuevo Código de Procedimiento Penal, en lo que mantengo mi posición de hace tres años: introducir un conjunto de sanciones punitivas contra la retardación y la dilación en los juicios. Juez y fiscal que no cumplan los plazos procesales legales, que entren a la cárcel. Así, ellos serán los principales interesados en acabar el proceso. La norma fundamental en la Justicia es la extorsión del tiempo, es lo peor, ni a mi peor enemigo le puedo desear que caiga en manos de un juicio.

— ¿Y los demás desafíos?

— Nosotros a diferencia de los políticos de la derecha, lo que decimos lo hacemos. Hemos propuesto la Agenda 2025, de diez años, y para estos cinco hemos mencionado pilares para su construcción. Primero, industrialización de los recursos naturales, comenzando por los hidrocarburos. De hecho no solamente es una propuesta, sino la mejor forma de enfrentar esta volatilidad de las materias primas. El gas es la clave, somos un país gasífero y seguiremos siendo así las siguientes décadas, así que hay que explorar muchas áreas, seguir vendiendo e industrializar. Esto nos abre un espacio infinito de pequeñas, medianas y grandes empresas que inviertan la materia prima en productos elaborados para la industria, las casas, las computadoras, para importar y para exportar; igual en la minería y la agricultura. Segundo, incursionar en la economía del conocimiento. Vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo: industrializarnos y avanzar en la producción de conocimiento, algo que tomó siglos en otros países. Como que nuestro atraso se convierte en virtud porque vamos a poder absorber los beneficios de ambas economías. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es una economía que se sostiene sobre la creatividad intelectual, que genera riquezas a partir de las ideas. Hemos propuesto la Ciudadela del Conocimiento, porque la idea es comenzar a impulsar una generación de jóvenes del colegio y universidad, en software fundamentalmente. Por ello estamos incorporando a los estudiantes, desde edades tempranas, en la era digital, con computadoras; se especializan los profesores, se premia a los mejores alumnos en colegios, se beca a los mejores profesionales para que estudien en las mejores universidades del mundo… Es toda una estrategia. Aparte, estamos priorizando mucho la producción, el proyecto Bolivia cambia, Evo cumple se desplaza cada vez más hacia el riego, porque ello implica producción para elevar el consumo de las personas y la venta de los excedentes a mercados internos y externos, para seguir reduciendo aceleradamente la extrema pobreza: estamos en 18% y si mantenemos este ritmo nuestra meta es llegar al 6% en 2025, y a entre 9% y 7% en 2020. Además, en estos cinco años va a ser estabilizada la política, consolidando el proceso de cambio, un espacio unipolar con un único horizonte de época.

— ¿Es lo decisivo?

— La economía será la prioridad de estos cinco años, para expandirla, industrializarla, diversificarla y para usar esos frutos distribuyendo mejor los recursos para la gente que más necesita. Es una manera de resumir las prioridades de este quinquenio que se viene.

— ¿Y no hay temor por una época de vacas flacas con la caída del precio del petróleo?

— Analistas de la derecha vienen con su “ahí viene el lobo” desde hace diez años. Cada día es la antesala de la catástrofe. Por supuesto que la caída de precios va a afectar a Bolivia, pero no en las dimensiones catastróficas de las que hablan estos analistas y por eso hemos tomado las medidas que el caso aconseja. Si se mantiene el barril de crudo en 45 dólares, va a haber una diferencia de 60, 80 millones de dólares; sí es importante, aunque no es catastrófica frente a lo presupuestado, porque fijamos un barril de 80 dólares, pero volúmenes menores a lo que realmente estamos exportando. Somos previsores en ese sentido. Ahora si resulta que el precio del barril sube a 60 o 70 dólares, bienvenido, son recursos extras. Y si resulta que el barril cae hasta 30 dólares, en nuestras previsiones eso significaría una pérdida respecto a lo presupuestado de 110 millones de dólares. ¿Es importante? Sí, pero no es catastrófico porque encima tenemos reservas internacionales de 15.000 millones de dólares, las más  altas de América Latina en proporción a nuestra población y producto interno bruto. Bajan los precios, pero nuestro crecimiento fundamentalmente se debe al mercado interno, entonces hay que fomentarlo. ¿Va a haber reducción en los ingresos? Sí. ¿Cómo se responde a eso? Invirtiendo más. Es una medida contracíclica y la vamos a hacer, solo pocos países pueden hacerlo porque muchos tienen bastante deuda o no tienen dólares, y su economía no está sana.

— ¿Cómo se imagina el avance de la demanda marítima hasta 2020?

— Hay plazos. Hemos hecho un excepcional trabajo legal e histórico, un gran trabajo de información y difusión, tenemos un muy buen equipo jurídico nacional e internacional. No tenemos los recursos de Chile, pero ellos no tienen el factor Evo, la enorme simpatía que infunde, es el símbolo de este pueblo que se ha emancipado. Esto genera un magnetismo internacional extraordinario. Así ya hay un puente construido, mientras que el Canciller chileno tiene que ir a justificar que no hubo una invasión hace tiempo. El mensaje es tan sencillo que nos permite suplir los centenares de millones de dólares que gasta Chile y nos coloca en una posición de ventaja. Además es un tema de justicia, de reparación histórica…

— Y qué panorama se vislumbra para 2020…

— No quiero especular. En todo caso somos muy optimistas de lo que hemos hecho, y ello se refuerza con la desesperación y la torpeza con la que la democracia chilena responde. Ha sido una virtud haber sacado a luz la “injusticia” pasada y ver al futuro en términos de “integración”. Esas dos herramientas son invencibles. Son palabras mágicas, victoriosas. ¿Qué va a decir Chile? ¿Que no fue tan injusto lo que nos quitó? ¿Qué puede ofrecer para el futuro? El Gobierno de Chile está derrotado moral y discursivamente. Estas dos palabras clave están de nuestro lado: luchar contra la injusticia, buscar integración. Es una herradura victoriosa, que juega en el imaginario de los otros países del mundo.

— Y hablando de integración, ¿para cuándo embajadores con Estados Unidos y Brasil?

— Estamos trabajando en ello. Con Estados Unidos hay una condición obligatoria: respeto a nuestra vida política interior. Norteamérica nos puede enseñar mucho en matemáticas, en ciencia, en tecnología y en industria, y admiramos eso, pero no nos puede enseñar un átomo, nada sobre democracia, sobre justicia. Bajo esas condiciones, amistad plena, trabajo conjunto.

¿Y con Brasil?

— La agenda con Brasil es muy amplia y nunca se detuvo. El tema de embajadores es algo más administrativo. De nuestra parte estamos a la espera, es un tema administrativo del gobierno de Dilma Rousseff.

— ¿Hay nuevos liderazgos en el MAS para 2020?

— Apenas estamos en 2015… Falta mucho para hablar de ese tema. En todo caso hay liderazgos, no fuertes, no tan potentes como el del Presidente, pero en cinco años habrá que reforzarlos.

¿Y se ve de nuevo como vicepresidente en 2020?

— Es muy temprano para especular eso. Vamos a cumplir lo que manda la Constitución.

— Si ya no es vicepresidente, ¿cuál es el futuro que planea Álvaro García Linera?

— Me gustaría dar clases, volver a la cátedra. Escribir uno o dos libros, no mis memorias, sobre teoría de la política, del Estado, de la hegemonía. De hecho, ya voy a tocar la puerta de la universidad para dar una o dos clases a la semana.

¿Y el bebé que prometió tras las elecciones, con su esposa Claudia Fernández?

— Algún rato se dará. Tuvimos cierto cuidado por las elecciones. Vivimos en un departamento muy pequeño y el problema es la presencia de mucho libro. No hay área, a excepción del baño y la cocina, que no tenga libros. Eso no es cómodo para Claudita. La idea es vender el departamento, mejorar nuestro crédito para comprarnos una pequeña casa. Allí me botarán al garaje con mis libros o haré un búnker. Ella precisa una casita donde pueda imponer la estética y el aire de la presencia de la mujer, lo que es muy importante para adecuarla a la posibilidad de recibir hijos.

Entonces ello puede pasar este año…

— Es una probabilidad.

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Procesos a la gestión Áñez: La expresidenta y 18 de sus ministros afrontan 37 casos

Hay cuatro que ya tienen un fallo de condena contra Áñez y cuatro exministros

Gabineta de ministros de la expresidenta Jeanine Áñez

Por Miguel Gómez

/ 26 de agosto de 2024 / 07:39

Los procesos judiciales contra la gestión transitoria de Jeanine Áñez retomaron la atención pública la anterior semana, por los casos de las exministras Roxana Lizárraga y Eidy Roca. Así, surge una interrogante: ¿cuántos casos afrontan la expresidenta y su gabinete?

Lizárraga, titular de Comunicación en el polémico mandato de la exsenadora opositora (del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020), fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por 182 movimientos bancarios irregulares por Bs 247.072 cuando cumplía sus funciones. 

Jeanine Áñez

Está prófuga de la Justicia e instaló su residencia en Estados Unidos. Su abogado, Franklin Amaru, anunció una apelación, mientras que Lizárraga denunció “persecución política”. Pero eso no es todo, ya que afronta otra investigación por la internación ilegal de material antidisturbios de Ecuador, que se encuentra en la fase del juicio oral.

Una revisión de periódicos y de páginas electrónicas de medios muestra que Áñez y 18 de los 34 ministros de su gestión cargan sobre los hombros al menos 37 procesos judiciales (ver cuadro): unos con sentencia, otros listos para juicio oral, unos con imputación o acusación fiscal, otros en medio de pesquisas y algunos simplemente en la congeladora, sin avances.

Por el caso Golpe de Estado II, la expresidenta cumple una condena de 10 años en el penal de Miraflores en La Paz, por su proclamación ilegal en 2019. Y se ventilan otros cuatro casos en su contra: por las masacres de Sacaba y Senkata, el derrocamiento de Evo Morales (Golpe de Estado I), un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), y la venta ilícita de Jet-Fuel. 

Sus ministros

Entre los 37 procesos judiciales hay cuatro con sentencia. Dos se refieren a los procesos descritos contra Áñez y Lizárraga. Otra tiene que ver con el caso Golpe de Estado I, ya que si bien resta instalar el juicio oral contra los principales acusados —entre ellos la exmandataria y el gobernador encarcelado cruceño Luis Fernando Camacho—, se emitieron condenas mediante procesos abreviados.

Así sucedió con Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, extitulares de Justicia y de Energía, respectivamente, quienes admitieron en un juicio corto la comisión del delito de encubrimiento, con relación al delito de asociación delictuosa, y fueron sentenciados a dos años de prisión. Similar decisión asumieron cuatro exjefes militares que eran parte del caso.

Urea

El cuarto excolaborador de la era Áñez con condena es Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo. En noviembre del año pasado fue sentenciado junto a Herland Soliz, extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a ocho años de cárcel por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Pero, ¿cuál exautoridad tiene más casos abiertos? Áñez arrastra cinco, al igual que el alcalde paceño Iván Arias (extitular de Obras Públicas); Luis Fernando López (Defensa) tiene cuatro; Guzmán, la misma cifra; y con tres cada uno figuran Zamora, Álvaro Coímbra (Justicia) y Yerko Núñez, quien dirigió los ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas (revisar más datos en el cuadro).

Y quien ocupa el primer sitial es el brazo derecho de Áñez durante su mandato, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, con al menos 10 procesos, quien cumple una condena en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente precisamente de uno de los casos indagados en el país: la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones.

Procesos

Según un listado del Ministerio de Gobierno, los otros nueve “procesos sustanciados” contra el exlegislador de Unidad Demócrata (UD) tienen que ver con las masacres de Sacaba y Senkata; el material antidisturbios internado irregularmente de Ecuador; la extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo; o el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en 2020.

Además, se lo indaga por legitimación de ganancias ilícitas; la desaparición de horcones de droga; contratos lesivos al Estado en cuanto a aeronavegabilidad y dotación de catering a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); y por “bloquear” la libertad de un reo en la penitenciaría de Palmasola, en Santa Cruz.

Aparte, la pesquisa por las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, es la que implica a más exautoridades: Áñez, Murillo, López y Zamora; la Fiscalía pedirá en el juicio oral 30 años de prisión. Le sigue el caso Golpe de Estado I, que involucra a Áñez, López, Coímbra y Guzmán, aunque estos dos últimos ya tienen condena.  

Acusados

Otros procesos “compartidos” son por el material traído ilícitamente de Ecuador (Murillo, López y Lizárraga); las ganancias ilícitas por el sobreprecio en la compra de gases (Murillo y López); otro caso similar que implica a Coímbra y Guzmán; la venta ilegal de Jet-Fuel (Áñez y Arias); un caso de discriminación y otro por el Tren Metropolitano (Arias y Núñez); y uno de conducta antieconómica, contra Núñez y Óscar Ortiz, exministro de Economía y de Desarrollo Productivo.

Eidy Roca, extitular de Salud, es acusada de la adquisición irregular de respiradores chinos durante la pandemia, junto a otras siete personas, por un daño de $us 10 millones. Esta semana, su salud deteriorada volvió a la palestra pública, por una enfermedad incurable, y se apunta a apartarla del proceso listo para juicio.

Y hay prófugos, como López (Paraguay); Zamora (¿Paraguay o Argentina?); Núñez (paradero desconocido); Lizárraga (EEUU) y María Elba Pinckert, extitular de Medio Ambiente (¿Brasil?); mientras que la excanciller Karen Longaric y el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano se autoexiliaron en Alemania y Estados Unidos.

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Conozca las observaciones del TSE a las cuatro preguntas de Arce para el referéndum

El miércoles pasado, el Gobierno envió su planteamiento al TSE, que se pronunció el viernes y remitió su informe técnico a la Presidencia.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, anuncia la decisión el viernes. Foto: APG

/ 24 de agosto de 2024 / 13:26

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó las cuatro preguntas del referéndum que el presidente Luis Arce le remitió para su análisis. Ahora, el Gobierno realiza los ajustes y anunció que enviará la nueva propuesta directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En su discurso del 6 de agosto, en Sucre, en los 199 años de la independencia del país, el mandatario anunció una consulta sobre tres temas clave: la subvención a la gasolina especial y el diésel, la reelección presidencial continua y discontinua, y los escaños parlamentarios.

Lea más: El TSE observa las cuatro preguntas del referéndum y pide otro tipo de consulta para los escaños

El miércoles pasado, el Gobierno envió su planteamiento al TSE, que se pronunció el viernes y remitió su informe técnico a la Presidencia, con una conclusión: en conjunto, las preguntas no cumplen con los criterios de precisión, claridad e imparcialidad, incluso una fue descartada.

¿Cuáles fueron las observaciones específicas a cada una de las interrogantes?

PRIMERA PREGUNTA. Reelección presidencial

¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

OBSERVACIÓN: “Solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 11 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado”.

SEGUNDA PREGUNTA. Subvención a la gasolina especial

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

TERCERA PREGUNTA. Subvención al diésel

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

CUARTA PREGUNTA. Escaños parlamentarios

¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 Numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?

OBSERVACIÓN: “Como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea  Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo II,  de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral”.

Lea más: El Gobierno afirma que ajustará preguntas y que se retira la consulta sobre escaños

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Con la ley promulgada, el Gobierno insta a la Asamblea a aprobar la convocatoria para elegir nuevo fiscal general

Desde la convocatoria, el Legislativo tendrá 45 días para allanar el proceso que elija al sucesor de Juan Lanchipa.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

/ 24 de agosto de 2024 / 12:31

Con la ley promulgada por el presidente Luis Arce, el Gobierno instó a la Asamblea a aprobar por dos tercios la convocatoria para seleccionar y designar al sucesor del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato acaba el 23 de octubre.

“Una vez que el Presidente… ha promulgado la Ley 1579, que regula el proceso de selección y designación del Fiscal General, urge que se convoque a sesión de la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Convocatoria por dos tercios” (sic), escribió en X el ministro Iván Lima.

Lea más: El Presidente promulga la ley para la selección y designación del fiscal general

Señaló que así se encuentra establecido en el artículo 19 de la norma que le da al Legislativo 45 días para encaminar el proceso desde la convocatoria. La autoridad gubernamental demandó que “sigamos fortaleciendo la institucionalidad del país y la democracia”.

El viernes, Arce promulgó la norma sancionada por el Senado. “Informamos al pueblo boliviano que… recibimos la Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, y la promulgamos sin demoras para que se prosiga con los procesos”, anunció en X.

Añadió que la normativa establece los plazos para llevar a cabo las 13 etapas de selección de los postulantes, y también contempla el periodo para convocar a sesión de la Asamblea en la que se designará al próximo fiscal general.

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Se sofocaron 35 incendios forestales y solo queda uno activo en Santa Cruz

El epicentro de la alerta fue el oriente. Sin embargo, en esta semana las buenas noticias comenzaron a llegar con las lluvias, ya que gracias a este fenómeno los incendios se redujeron el jueves de nueve a dos.

Foto: Defensa Civil

/ 11 de agosto de 2024 / 13:23

La emergencia por el fuego declina en el país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este domingo que tras haberse sofocado 35 incendios forestales, solo queda uno activo en el departamento de Santa Cruz.

El epicentro de la alerta fue el oriente. Sin embargo, en esta semana las buenas noticias comenzaron a llegar con las lluvias; ya que gracias a este fenómeno los incendios se redujeron el jueves de nueve a dos.

Para entonces, el comandante del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, coronel Edwin Sejas, indicó que 128 efectivos luchaban contra el fuego en los municipios de San Matías, en suelo cruceño, y Magdalena (Beni).

Lea más: Tras las lluvias, disminuyen a dos los incendios activos en el país

Ahora, hasta este domingo, según Novillo, solamente queda activo el incendio forestal en la localidad de San Matías; donde el trabajo de las Fuerzas Armadas y otras entidades continúa sin pausa para poder contener las llamas.

En la evaluación, la autoridad gubernamental remarcó que hasta el momento se apagaron 35 incendios forestales y se movilizaron 1.934 bomberos y 66 unidades militares; aparte de la organización de 81 operativos terrestres, aéreos y fluviales.

“Se han utilizado dos carros bomberos y tres equipos de drones, cuatro helicópteros y se han realizado 312 descargas de agua en las zonas de incendios”, puntualizó Novillo en una entrevista con Bolivia Tv, insistiendo en que esto no implica bajar los brazos en esta lucha.

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Bolivia expresa su solidaridad y condolencias a Brasil por la tragedia aérea con 61 muertos

Según la agencia AFP, “los 61 ocupantes de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, informaron las autoridades, que investigan las posibles causas de su impresionante caída en picado sobre una zona residencial”.

Foto: AFP

/ 10 de agosto de 2024 / 02:39

Mediante un comunicado, el Gobierno de Bolivia expresó su solidaridad y condolencias con Brasil por la tragedia aérea que acabó con 61 fallecidos en el sureste de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, “en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, hace llegar su solidaridad y expresa sus condolencias al Gobierno de la hermana República Federativa de Brasil y a las familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido este viernes en el estado de Sao Paulo”.

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Lo mismo hizo mediante su cuenta de redes sociales la canciller Celinda Sosa. “En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, hago llegar mis sentidas condolencias al Gobierno de Brasil y a los familiares de las personas fallecidas en el accidente de la aerolínea Voepass. La pérdida de vidas humanas es devastadora y nuestras oraciones están con todos los afectados”.

Según la agencia AFP, “los 61 ocupantes de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, informaron las autoridades, que investigan las posibles causas de su impresionante caída en picado sobre una zona residencial”.

“Voepass, la aerolínea que operaba el vuelo, informó que los ‘57 pasajeros y 4 tripulantes’ que iban a bordo del aparato fallecieron. La alcaldía de Vinhedo, localidad del interior del estado de Sao Paulo donde cayó el avión, así como el gobierno estatal, confirmaron que no hubo sobrevivientes”, señala la publicación.

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