No solamente el precio internacional del petróleo cayó, sino también el de los minerales que Bolivia exporta. Ante este contexto económico internacional desfavorable, la próxima gestión de gobierno tendrá el reto de sostener los niveles de crecimiento económico que los últimos años estuvo por encima del 3%. También se trata de mantener los niveles bajos de la inflación con el objetivo de financiar las políticas sociales.
Desde 2011, los precios internacionales de los minerales y de los hidrocarburos bajan a fines de cada año, precisamente, la explotación de estos dos recursos naturales es la fuente de ingresos más importante en favor de los fondos fiscales del país.
El economista Armando Ortuño cree que resistir a este contexto adverso es el gran reto económico que ya enfrenta Bolivia, considerando además que la exportación de esas materias primas, hoy de menor precio, es una fuente de recursos para las gobernaciones y alcaldías.
“Lo básico es mantener el crecimiento en un contexto más difícil y con una población acostumbrada al crecimiento económico permanente y una estabilidad macroeconómica constante durante los últimos años”, dice Ortuño.
El precio del petróleo cayó sistemáticamente desde el último trimestre de 2014, incluso por debajo de los $us 50 por barril, en la cotización del West Texas Intermediate (WTI), el precio de referencia para Bolivia. Las cotizaciones no han emitido señales de recuperación en un momento en el que Estados Unidos aplica fuertes sanciones económicas contra Rusia, uno de los principales productores del mundo, y se incrementa la producción del crudo en un escenario marcado por los conflictos armados en Oriente Medio. Otros especialistas creen que, precisamente, Estados Unidos aplica estrategias especulativas para mermar las capacidades de algunos de los productores vinculados con el extremismo islámico.
Pero, ¿cómo se puede mantener el crecimiento y la inversión en políticas sociales o al menos intentarlo? Una parte de la solución, según Ortuño, será renegociar los contratos de venta de hidrocarburos con Brasil y ampliar la exportación a la Argentina. “Eso implica negociaciones con otros países y más inversiones”.
Rossell, en cambio, apunta a la inversión en megaproyectos que, en el mediano plazo, reemplacen la generación de divisas que se podría perder por la tendencia de bajos precios de hidrocarburos y minerales.
“Estos megaproyectos implican la activación de una alta inversión para la exportación de energía eléctrica, la exportación e industrialización del litio y el hierro del Mutún. Posiblemente, estos tres megaproyectos sean los únicos capaces de sustituir la pérdida de divisas que se puede generar por la caída de precios”, puntualiza.
El Gobierno viene intentando poner en marcha las tres propuestas: el caso del Mutún no salió como se habría deseado y el proyecto de explotación de hierro está congelado; en cambio con la planta termoeléctrica de Warnes está previsto exportar energía; mientras que la explotación de litio del salar está en una fase inicial con la planta piloto de baterías de litio.
Otra estrategia, que señala Ortuño para enfrentar la caída de los precios internacionales, será diversificar la producción. El tan anunciado salto hacia la industrialización aún quedó en los anuncios oficiales.
En cuanto al aspecto social, es sabido que sin recursos económicos no es posible poner en marcha políticas de educación, salud ni empleo. Por eso, contrarrestar el contexto desfavorable será una clave para dar continuidad a las políticas sociales actuales y emprender otras nuevas, vinculadas con la redistribución de la riqueza del país.
Los últimos años, el Estado ha realizado inversión en la política de bonos para la educación y para disminuir la mortalidad infantil. “También y sobre todo en aumentar el número de maestros e infraestructura”, dice Ortuño poniendo énfasis en que ahora hay que hacer inversiones en lo cualitativo: en la calidad de la educación. “Ya no basta infraestructura, porque la diversificación de la producción no se puede hacer si no se mejora la educación”, apunta.
Lo mismo en salud, que ha sido “probablemente” un sector “postergado”. El anuncio de la reforma del sistema de salud se dio hace tiempo y aún no se ven sino propuestas que modifican lo formal (como el tema de las horas de trabajo o el tema de dónde trabajarán los especialistas) pero no el fondo, que está vinculado con la necesidad de que más ciudadanos accedan a los servicios de salud.
Se prevé que hayan recortes. “El gasto público no va a crecer, como años pasados, pero hay que priorizar lo social. Si hay que invertir que no sea lo social”, dice.
Al respecto, Rossell señala que si hay que hacer recortes, éstos deben hacerse en el rubro de defensa (es decir en las Fuerzas Armadas). En cuanto a soluciones, propone mantener el nivel de empleo con programas, sobre todo, en los espacios de especialización minera, donde hay un “riesgo de desempleo abierto”. Esto también debe hacerse en las ciudades.
El presupuesto general ha crecido cada año. Con el contexto internacional no sería una sorpresa que baje, no obstante, como dicen Rossell y Ortuño esto no debe significar recortes de la inversión social, habiendo otros sectores que pueden reducirse como el gasto en defensa.