Un pacto fiscal solamente podrá ser discutido cuando todos los departamentos cuenten con sus respectivos estatutos autonómicos, afirmó el senador oficialista Carlos Romero. La oposición busca priorizar el tratamiento del tema en la Asamblea Legislativa.
“Primero se debe tener claridad en la distribución de competencias hacia las regiones, tema que hay que especificarlo en los estatutos autonómicos. Una vez que se aprueben esos documentos, recién se puede ver cuál es la estructura fiscal que garantice el costeo de esas responsabilidades competenciales”, afirmó el senador Romero, quien fungió como ministro de Autonomías entre 2009 y 2010.
El nuevo periodo legislativo 2015-2020 inició con las sesiones preparatorias el 20 de enero y las bancadas de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirman que este pacto garantizará que las alcaldías y gobernaciones tengan el dinero para atender las distintas necesidades regionales, mientras aprueban sus estatutos.
Propuesta. El senador Óscar Ortiz (Unidad Demócrata) señaló que este tema en esta gestión será una de las “principales prioridades” para garantizar que haya dinero para atender las necesidades de la población, salud, educación y seguridad ciudadana, entre otras.
“Está claro que el Gobierno, que tiene una visión centralista de la administración pública de los recursos, ha buscado postergar de cualquier modo esta discusión”, manifestó el opositor.
No obstante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no consideró aún el debate, pese a que el Órgano Ejecutivo se comprometió a discutir una propuesta formal tras conocerse los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012.
“Sobre la base del 30 de junio (2014) empieza a correr el plazo (de seis meses) que establece la Ley de Autonomías para que se presente una propuesta y empiece una discusión sobre lo que será el pacto fiscal”, dijo en julio de 2014 la ministra de Planificación, Viviana Caro.
El 30 de junio se conocieron los resultados oficiales de la encuesta, por tanto, el plazo concluyó a finales de diciembre de 2014.
El parágrafo I de la disposición decimoséptima de la Ley de Autonomías señala que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el ministerio del área y el de Economía, “elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal, analizando las fuentes de recursos públicos con relación a la asignación y el ejercicio efectivo de competencias”.
Así el pacto fiscal define quién proveerá los bienes y servicios públicos que demanda la población y a qué precios. Es decir, se debate en torno a lo que debe proveer el Estado, cómo se lo financiará, qué proveerá, qué es lo que debe ser provisto por el sector privado y las reglas que deben normar este proceso.
Romero aseveró que si no se tiene claridad sobre las competencias asumidas por las gobernaciones, inscritas en los estatutos, es “difícil poner un costo a las competencias”.
A la fecha, solo Pando cuenta con un documento autonómico aprobado y vigente. El resto de los departamentos aún está en proceso de elaboración. Según un informe de Autonomías, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija son las regiones que tienen más avances.
Ante esa eventualidad, Romero agregó que podría analizarse un pacto fiscal “paulatino”, pero que el tema todavía no se discutió.
Para la diputada Norma Piérola (PDC), un pacto inmediato es lo más efectivo para afrontar la época de “vacas flacas”. “El barril de petróleo bajó a menos de 43 dólares y eso es lapidario. En este momento, que no hay vigencia de autonomías, es absolutamente necesario un pacto para afrontar la política salvaje que se nos avecina”, sostuvo tras hablar de una convocatoria a alcaldes y gobernadores para impulsar la vigencia de esa disposición normativa.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales (MAS), afirmó que el tema “podría ser tratado en los próximos días”, aunque su bancada todavía no definió una agenda legislativa para el presente periodo constitucional iniciado el jueves 22 de enero.
El pacto es la base de las autonomías
Marcelo Silva
En un Estado autonómico, el pacto fiscal es la base material y económica de repartición equitativa de los ingresos y eso, por su puesto, por tanto este proceso de negociación marca un sustento real de las instancias de gobierno subnacionales.
Ocurre que alcaldías y, sobre todo, gobernaciones en algunos casos no tienen la capacidad de generar recursos económicos propios, por temas impositivos, por ejemplo, entonces deben obtener una especie de sustento económico.
Es decir, el pacto significa cuánto y cómo se va a repartir el dinero hacia los gobiernos subnacionales, este tema es importante pero todavía tiene un matiz político que será la variable para la espera de su tratamiento.
El 29 de marzo son las elecciones regionales y el MAS apuesta a controlar la mayor cantidad de alcaldías, tal vez el 80% y algunas gobernaciones, al menos siete de las nueve; y eso haría que el tema de la discusión del pacto fiscal pueda tener una correlación política favorable, es decir que hayan más consensos que disensos.
Entonces, el pacto fiscal no se tocará mientras no se aclare la correlación política de fuerzas en las elecciones.
Marcelo Silva es analista político.