El Gobierno de Chile aseguró hoy en un documento titulado ‘El Libre Tránsito de Bolivia. La realidad’ que garantiza el libre tránsito a favor de Bolivia “de forma amplia, pero –afirmó- los derechos que emanan de él no son absolutos ni ilimitados”, para, por ejemplo, los choferes y el transporte de carga boliviano por carretera que debe cumplir normas internas y externas.
El canciller Heraldo Muñoz presentó el documento como parte de la estrategia para hacer frente a la campaña boliviana para explicar las motivaciones que obligaron llevar el diferendo marítimo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que deberá resolver una impugnación chilena a su jurisdicción para luego pasar a debatir el tema de fondo de una salida soberana al mar.
“Chile garantiza el régimen de libre tránsito en favor de Bolivia en forma amplia, pero los derechos que emanan de él no son absolutos ni ilimitados y en tal sentido no puede interpretarse que éste puede ser ejercido en violación de principios ampliamente reconocidos e invocados en el seno de la ATIT y ALADI”, refiere el documento en respuesta a reclamos del gobierno de Evo Morales por las trabas derivadas de la regulación del tránsito terrestre.
La administración de Michelle Bachelet recurre al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para responder a los reclamos bolivianos sobre aspectos como problemas al tránsito de caminos ‘excedidos de antigüedad’, exigencia de la libreta de tripulante a conductores, fiscalización de vehículos y seguro contra accidentes.
El libre tránsito está amparado en el Tratado de 1904. “El Tratado de 1904 –por la fecha de su celebración- no podría haber contenido normas operativas de transporte, menos relativas al transporte por carretera. En la práctica, se ha dado cumplimiento a normas y exigencias del ATIT”, establece parte del documento.
Sobre el ferrocarril Arica-La Paz, recordó que el servicio de pasajeros dejó de operar en 1997 por falta de demanda, mientras que el de carga en 2006 por quiebra de la empresa arrendataria. Asegura Chile, en el documento, que ya fue rehabilitada la vía y que fueron reparadas y reacondicionadas dos locomotoras y 20 carros para reanudar el servicio.
También justifica el por qué prohibieron el paso de armas en la guerra del Chaco y que la privatización de los puertos en Arica y Antofagasta respetan los compromisos de libre tránsito.