El peruano Martín Belaunde hasta el momento no probó ser un perseguido político y de no hacerlo, en el plazo de 15 días abierto por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), está prevista su extradición, entrega o expulsión, informó el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, quien añadió que no tiene conocimiento sobre un pedido de asilo en un tercer país.
El acusado peruano permanece desde diciembre en Bolivia y definió apelar la decisión inicial de la Conare de rechazo a su solicitud de refugio bajo el argumento de ausencia de motivos para considerarse perseguido político. “No hay base de que sea perseguido políticamente”, insistió en una entrevista con el programa ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A.
“Bolivia no tiene ningún compromiso que no sea el de cumplir los tratados, su propia decisión política y sus propios principios que es luchar contra la corrupción. Hasta ahora Martín Belaunde no probó ser perseguido político; si no prueba eso, Bolivia lo va a extraditar, o la va a entregar o expulsar”, advirtió la autoridad.
La Conare está integrada por representaciones de la Cancillería, de los ministerios de Justicia y Gobierno, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Pastoral de Movilidad Humana.
El ciudadano peruano es buscado en su país por la comisión de los presuntos delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó su detención domiciliaria con fines de extracción en atención a un pedido de la administración de Lima.
La magistrada Martiza Suntura informó ayer que Perú no formalizó el pedido de extradición y que, una vez lo haga, será analizado en el marco de las normas legales internas e internacionales, en un plazo de 60 días. Jorge Valda, abogado del peruano, anunció apelar la decisión de la Conare y denunció que buscan anular el derecho político de su cliente en su país.
Belaunde cumple detención domiciliaria en La Paz, en la vivienda de un familiar, donde fue reforzada la seguridad policial tras el rechazo de refugio. Moldiz informó que la decisión fue ejecutada pese a que el extranjero dijo que era innecesaria.