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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 15:23 PM

Destituyen a fiscal por denuncias de extorsión y uso de influencias

Escándalo. Asociación de víctimas pide la detención de Quispe para evitar su fuga

/ 5 de febrero de 2015 / 07:46

Tras una avalancha de denuncias, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó ayer a Humberto Quispe Loma, representante del Ministerio Público de La Paz, por las denuncias de extorsión, robo y uso indebido de influencias. Las supuestas víctimas piden la detención de la exautoridad.

La decisión fue dada a conocer por Guerrero desde su despacho en Sucre, un día después de que se conformara una asociación con al menos 20 personas que se declararon víctimas de Quispe y que realizaron protestas en la sede de gobierno, enfrente de las instalaciones de la Fiscalía paceña.

“He tomado la decisión y he firmado el memorándum para agradecer sus servicios y destituir al fiscal Humberto Quispe. Eso no implica, de ninguna manera, que los procesos que tiene, disciplinarios y penales, se paralicen; al contrario, la investigación va a continuar, porque hay varios procesos”.

El objetivo de la destitución es que el involucrado se “pueda defender desde el llano, como cualquier ciudadano, frente a las denuncias que existen”. Guerrero reveló que Quispe tiene abiertas causas de orden disciplinario en La Paz, que se encuentran en primera instancia, y otros recursos jerárquicos en la jurisdicción sucrense.

Evaluación. Remarcó que las denuncias que pesan sobre el ahora exfiscal son de tipo penal, por extorsión, robo y uso indebido de influencias. “Nosotros no vamos a tolerar ninguna situación de denuncia, de hechos de corrupción, de atropello, de abuso de autoridad, desde el Ministerio Público”.

Este diario intentó comunicarse con Quispe, pero su teléfono móvil estaba apagado. De acuerdo con excolaboradores de la exautoridad, estaba en la localidad de Pucarani recogiendo sus pertenencias, luego de enterarse de la determinación de sus superiores.

Las 20 supuestas víctimas de Quispe pidieron su detención preventiva. “Tenemos versiones extraoficiales de que él ya se quiere dar a la fuga”, advirtió la abogada de la asociación, Carmiña Luna, quien solicitó a las autoridades gubernamentales y judiciales tomar las medidas para evitar aquello.

Explicó que cada uno de sus clientes tiene procesos abiertos contra Quispe, que incluso datan de 2011, aunque los más importantes se refieren a cinco delitos penales: extorsión, robo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes e intento de violación. Luna aseguró que hoy solicitarán legalmente una auditoría a los casos en los que trabajó el exfiscal, para verificar si las irregularidades eran un común denominador en su desempeño.

Mario y su esposa, una pareja de joyeros, decidieron romper el silencio la semana pasada e indicaron que recibieron amenazas. Acusaron a Quispe del “secuestro” y “robo” de oro valuado en $us 23.000. Indicaron que la entonces autoridad les acusó de comprar el metal a ladrones, para luego fundirlo. Pese a que no se les comprobó ello, fueron encarcelados durante un año. Al salir libres por falta de pruebas, no se les devolvió lo decomisado. Otra persona de la tercera edad denunció que Quispe le secuestró su casa por supuesta posesión de objetos robados. El caso no fue demostrado y hasta ahora no le devuelven su inmueble.

Según las supuestas víctimas, el fiscal actuaba en complicidad con policías y abogados. Las detenían y las trasladaban a habitaciones oscuras (no celdas), allí recibían amenazas y eran extorsionadas. Develaron que las trasladaban en autos no oficiales y que los abogados les convencían de pagar el dinero a cambio de su libertad; de lo contrario, eran llevadas ante un juez cautelar con alguna acusación falsa, para luego ser enviadas a la cárcel. El Fiscal General subrayó ayer que, independientemente de su retiro del Ministerio Público, las investigaciones que se realizan a Quispe seguirán hasta esclarecer las denuncias en su contra.

Exautoridad que está en la mira

Procesos

De acuerdo con los datos proveídos por las supuestas víctimas, Humberto Quispe tiene al menos diez denuncias que datan de 2011; seis personas le entablaron procesos por uso indebido de influencias y recientemente se le sindicó del robo a un empresario.

Revelan que el acusado no es fiscal de carrera

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, reveló ayer que Humberto Quispe no es fiscal de carrera del Ministerio Público, como éste aseveró en su momento, por lo que no cuenta con la formación que ahora se exige en la entidad. Señaló que el retiro de Quispe no implica que los procesos en su contra queden estancados, ya que deberá defenderse ante las acusaciones de extorsión, uso indebido de influencias y robo en su contra, hasta esclarecer todos los hechos.

Investigaciones. Quispe fue parte del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP). El último caso que estaba a su cargo se refería a la red de fiscales y funcionarios judiciales que extorsionaban a personas en El Alto; no obstante, dejó las investigaciones para ser designado a Pucarani.

Ayer, el teléfono móvil de la ahora exautoridad se encontraba apagado; sin embargo, excolaboradores suyos indicaron que fue a la localidad altiplánica para recoger sus pertenencias tras recibir la noticia de su destitución. Se espera que hoy dé una conferencia.

Algunos casos contra Quispe

Detención

Una exjueza en la cárcel

Una exjueza denunció que Humberto Quispe le hizo pasar un año en celdas de Oruro, junto a reos varones, porque no se subordinó a sus peticiones de extorsión en el caso Terrorismo I.

Tortura

Una pareja perdió su oro

Los joyeros Mario y su esposa relataron que Humberto Quispe los secuestró para torturarlos y extorsionarlos. Al final se llevó su oro valuado en $us 23.000 bajo el alegato de que es robado.

Incriminación

Un hombre se inculpó de robo

Carlos (nombre ficticio) dijo que el año pasado Humberto Quispe junto a policías lo intimidaron y golpearon para que se incrimine en un robo que no cometió, salvo que les pague al menos Bs 8.000.

Intimidación

Lo acusa de intento de violación

Gloria fue acusada de tener vínculos con una red delictuosa. Indicó que, pese a que no se le comprobó ello, Humberto Quispe intentó vejarla en una habitación, y como no accedió, la encerró durante varias noches. 

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De ocho implicados en el caso Golpe de Estado I, cinco están prófugos

Los otros tres, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se encuentran bajo detención preventiva en cárceles de La Paz y Potosí, respectivamente.

Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, en el balcón del Palacio Quemado, el 12 de noviembre de 2019.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 15:10

El caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, ya tiene tribunal para el juicio, el mismo que condenó a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez en 2022, a raíz del caso Golpe de Estado II.

El juicio, de acuerdo con el abogado de la parte denunciante, Jorge Nina, debería comenzar en un mes. Sin embargo, cinco de los implicados se encuentran prófugos.

Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

En detención preventiva se encuentran la expresidenta Jeanine Añez los exlíderes cívicos de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de Potosí Marco Pumari.

Golpe de Estado I

En 2020 la entonces diputada Lidia Patty denunció el caso, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

El caso se desató en 2019 luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Entonces, la oposición consideró un “fraude electoral” los comisiones.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, propició las protestas a través de multitudinarios cabildos en Santa Cruz. Entonces, como admitió luego, pactó con la Policía y las Fuerzas Armadas su respaldo a las movilizaciones.

Sugirió la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, planteó una “junta de notables” e irrumpió junto a Pumari, y el abogado Eduardo León, el Palacio Quemado.

Las investigaciones establecieron que destinó desde su cuenta en el Banco Ganadero al menos $us 7,8 millones para costear a los movilizados pasajes, hoteles y seguridad en La Paz, a través de personal del Comité pro Santa Cruz.

Quien operó ante las Fuerzas Armadas fue López, que se reunió con Kaliman antes de que el Alto Mando militar sugiriera, el 10 de noviembre, la renuncia de Morales.

Entonces, Áñez era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Su nombre apareció, como posible sucesora de Morales, en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz.

El 12 de noviembre se proclamó presidente del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, en la que, primero, asumió la presidente del Senado. No hubo sesión oficial ni quorum; tampoco asistió la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por esas acciones, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión en un segundo caso, Golpe de Estado II, por incumplimiento de deberes en contra de la Constitución.

En tanto, Pumari protagonizó la toma, y posterior, quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. También se movilizó en La Paz junto a Camacho, al punto de pasar desapercibidos vestidos de policías y resguardados por patrullas policiales.

Prófugos

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía presentó en diciembre de 2023 la acusación formal para llevar a juicio a los ochos citados. El principal acusado es Camacho (el caso es foliando como “Luis Fernando Camacho y otros”), junto con Kaliman, López y Calderón, procesados como autores; mientras los demás están en calidad de cómplices.

No se sabe dónde se encuentra Kaliman. Orellana partió presuntamente a Colombia.

López y Calderón se refugiaron inicialmente en Brasil, pero, ante el cambio en la coyuntura del país vecino, tuvieron que salir hacia Paraguay recientemente.

El paradero de los otros se desconoce.

Nina también confirmó que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, el mismo que sentenció a 10 años de prisión a Añez por el caso Golpe de Estado II, estará a cargo del caso.

El martes, cuando se conoció al tribunal encargado del caso, Añez protestó que se la vuelva a juzgar por los mismos hechos.

Puede leer: Añez cuestiona que el Tribunal que la sentenció a 10 años sea el mismo en el caso Golpe I

De acuerdo con Nina, el caso podría comenzar en un mes con el juicio oral de los implicados. Debido a que el delito por el que se los acusa es terrorismo, la pena para Camacho, López, Kaliman y Calderón, por ser autores, podría ser de 20 años, y 10 años para los cómplices.

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FFAA y Policía no confirmaron aún su asistencia en la procesión de Semana Santa

Pese a que Bolivia es un Estado laico, la Ley 1538 ordena que las Fuerzas Armadas y Policía participen de la procesión de Viernes Santo en La Paz.

La procesión se realiza el Viernes Santo. Foto: Archivo La Razón.

/ 28 de marzo de 2024 / 14:05

El secretario de Culturas de la Alcaldía, Rodney Miranda, informó que aún no fue confirmada la asistencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la procesión de Semana Santa en La Paz.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que hubo una reunión el miércoles entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Gobernación, Iglesia Católica y el Ministerio de Culturas para organizar la fiesta religiosa.

El funcionario municipal aseguró que, por mandato de la Ley 1538 y la Ley Municipal 517, la Alcaldía de La Paz tiene que disponer el acompañamiento de la banda municipal Eduardo Caba a la procesión del Viernes Santo. 

“La banda municipal Eduardo Caba tiene que encabezar la procesión”, explicó.

La Ley 1538 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la procesión religiosa de la Semana Santa de la ciudad de La Paz, como expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica, revalorizando las prácticas, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación.

En su artículo 4, establece que el Órgano Ejecutivo podrá disponer que las bandas del Ejército, la Policía Boliviana y los escoltas especiales acompañen la procesión del Santo Sepulcro del Viernes Santo y las imágenes de personajes de la Iglesia Católica, para lo cual se emitirán Ordenes de Guarniciones Militares y Policiales.

Sin embargo, el artículo 4 de la Constitución establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es decir, Bolivia es una Estado laico.

Miranda afirmó que, si bien Bolivia es un Estado laico, por Constitución, el 78% de la población boliviana profesa la religión católica y en La Paz, dos tercios de la población son católicos. “La procesión con o sin la FFAA seguirá manteniendo su carácter por la fe de la gente”.

Por su parte, el periodista Julio Peñaloza afirmó que la declaración es una “contradicción flagrante” a la Constitución de 2009.

Consideró que en la procesión de Semana Santa se juntarán las mismas instituciones que en 2019 propiciaron los conflictos políticos: Iglesia Católica, Policía y Fuerzas Armadas.

“Esto tiene un contenido altamente político”, observó.

“Los curas católicos hacen política y la hacen bien. Han conseguido esto”, reclamó.

La senadora arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco fue proyectista de la Ley 1538 con el argumento de que los bolivianos son católicos y profesan el catolicismo.

Peñaloza lamentó que Velasco haya sido “ingenua” al impulsar la norma que establece la participación de fuerzas del orden en la fiesta religiosa. “La han agarrado en curva a la senadora”.

En su criterio, la Asamblea Legislativa tomó un papel “poco riguroso” al aprobar la declaratoria de patrimonio. “Hay una jerarquía eclesiástica muy poderosa que tiene una capacidad de injerencia política muy grande” en el país.

Al reclamar la declaratoria de Patrimonio, recordó el duro caso Pedrajas que estalló en 2023, luego de la publicación del diario el país, en el cual se reveló que el cura jesuita Alfonso Pedrajas abusos sexuales a más de 85 menores de edad, en su mayoría, del colegio Juan XXIII en Cochabamba.

“Ésta es la Iglesia Católica de abusadores de niños, de violadores, de pederastas y de encubridores”, sentenció.

Los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, otrora provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, comparecen este jueves ante una jueza luego de que la Fiscalía de Cochabamba presenta la imputación formal en su contra.

El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

Peñaloza contó que Alaix era considerado “un pan de dios” y un hombre muy importante; mientras que el cura Recolons fue el segundo hombre más importante mundialmente en la orden de los jesuitas.

“Son curas poderosos, son curas que forman parte del poder de la Iglesia Católica y a ese lugar se le confiere un rol privilegiado dentro del Estado Plurinacional”, lamentó.

El caso Pedrajas fue descubierto por el sobrino del sacerdote, Fernando, quien, al conocer el contenido de sus memorias, envió el documento de 383 páginas al diario español El País.

El 30 de abril de 2023, el periódico publicó detalles del documento. En él Pedrajas confiesa que abusó sexualmente de unos 85 niños, especialmente el colegio Juan XIII de Cochabamba.

Lea también: El escándalo Alfonso Pedrajas: Seis décadas de abuso de poder y encubrimiento

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El ministro Del Castillo asegura que el MAS pertenece a organizaciones sociales

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 14:03

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, se refirió a la situación de crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya división entre el ala arcista y evista se evidencia con los festejos separados del 29° aniversario de ese instrumento político.

“Nosotros no consideramos que exista un paralelismo. Las organizaciones sociales, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los Interculturales, las Bartolina Sisa, cansados en aquella época, decidieron crear su propio partido político (…)”, afirmó.

“Por tanto, el dueño del MAS no es una persona, son las organizaciones”, dijo el miércoles Del Castillo en conferencia de prensa.

Festejos

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Sin embargo, el ala evista desconoció esta invitación y anunció su acto propio para el 30 de marzo en Yapacaní, Santa Cruz. Además, denunció que el ala arcista se toma facultades que, de acuerdo al estatuto del partido, no le corresponde. Como la realización de congresos y eventos nacionales.

Inclusive, a causa de esta celebración, el arcismo tuvo que adelantar festejos en Santa Cruz. Festejaron el aniversario del partido el pasado martes en Warnes.

En el ala evista se hace constante énfasis en que el expresidente Evo Morales, líder del MAS, es el único con la facultad de convocar eventos o congresos nacionales. Todo lo que no provenga de una orden suya es calificado como ilegítimo o “trucho”.

A causa de esto, en el oficialismo se denuncia que Morales intenta apropiarse del instrumento político.

“En su momento, han ido nombrando representantes legales para que ministren ese nuevo partido”, argumentó el ministro.

Puede leer: Arce dice que el congreso convocado por el Pacto de Unidad debe cuidar la ‘wawa’, el MAS

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Diputada advierte que sin renuncia de ‘prorrogados’, CC no apoyará judiciales

"Para que el proceso (de elecciones judiciales) avance se necesita de dos tercios", recordó la diputada Luisa Nayar.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 13:05

La diputada Luisa Nayar advirtió que, si los magistrados y consejeros prorrogados no renuncian, Comunidad Ciudadana (CC) no apoyará la consolidación de las elecciones judiciales.

“Está en riesgo la misma, toda vez que estos señores han gestado hechos delincuenciales, han dado un golpe institucional al Órgano Judicial (…); nosotros, como bancada de CC, no vamos a permitir ni ceder nuestros votos a estos señores”, declaró la legisladora el miércoles.

Prórroga

En 2023, la Asamblea Legislativa no pudo viabilizar los comicios debido a desacuerdos políticos. Luego de recursos y consultas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional 049/2023, con la cual prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 mientras una elección por voto popular defina su sustitución.

Este hecho despertó críticas en la oposición y en el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).  A raíz de este malestar, presentaron los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cese de funciones de los magistrados).

En numerosas ocasiones, en la Cámara de Diputados, los opositores intentaron tratar estos proyectos como condicionante para aprobar créditos para proyectos económicos.

Elecciones

Sin embargo, un acuerdo firmado entre las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos), con el objetivo de viabilizar las elecciones judiciales, señala que los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados una vez se aprueben al menos cuatro proyectos de ley de créditos.

En esta oportunidad, Nayar insinuó que, si no se trata la renuncia de los prorrogados, CC no brindará apoyo legislativo al proceso electoral. “Se debe tomar en cuenta esta situación y debemos hacer notar que para que el proceso avance se necesita de dos tercios”, advirtió.

Asimismo, criticó la ética de las autoridades prorrogadas que intentaron postularse a algún cargo en las elecciones judiciales. “Se muestra que el gobierno de Luis Arce viene encubriendo y socapando a estos autoprorrogados”, insistió.

El miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral que resuelve desconocer la prórroga de mandato de los actuales magistrados y consejeros.

Además, instruyó a la Dirección Jurídica de ese órgano camaral formalizar una acción de cumplimiento para que se trate los proyectos antiprórroga.

Mientras tanto, el proceso previo a las elecciones continúa. La madrugada de este jueves, la Comisión Mixta resolvió 305 casos de impugnaciones.

Puede leer: Comisión Mixta concluye revisión de impugnaciones de postulaciones y resuelve 305 casos

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Arce dice que el congreso convocado por el Pacto de Unidad debe cuidar la ‘wawa’, el MAS

Arropado de organizaciones, militantes y simpatizantes, el presidente Luis Arce celebró los 29 años del MAS, en la Plaza Mayor, en San Francisco, La Paz.

El presidente Luis Arce en la celebración del aniversario 29 del MAS.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 28 de marzo de 2024 / 12:59

En medio de las organizaciones sociales “auténticas” del Pacto de Unidad, el presidente Luis Arce dijo que el congreso convocado para mayo tiene el fin de “cuidar la wawa”, ante la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la renovación de directivas.

“Hoy hay un plazo del TSE para que hasta mayo haya una nueva directiva (de todas las organizaciones políticas) y nuestras organizaciones del pueblo boliviano han tomado la decisión de llevar adelante un congreso en mayo. Eso lo hacen porque están cuidando la wawa, están cuidando lo que ha parido el instrumento político”, dijo el mandatario.

Arce, arropado de organizaciones, militantes y simpatizantes del MAS, participó en la celebración de los 29 años de ese partido, en el centro de La Paz, a la altura de la Plaza Mayor de San Francisco.

Luis Arce

“Estas organizaciones que han tenido la iniciativa de convocar a este aniversario, aquí, son las legítimas, auténticas y que reconocemos como pueblo boliviano (…). Están aquí, son las legítimas, las verdaderas y las únicas que han fundado este instrumento político, por eso se entiende esta masiva concentración”, destacó Arce.

El jefe de Estado describió al MAS como un “sujeto histórico” y que, por esa condición, ese partido “no es una persona; es un sujeto comunitario, es el pueblo boliviano”.

Conocido el conflicto interno del MAS y ante las acusaciones del expresidente y líder de esa fuerza, Evo Morales, sobre la supuesta “traición” del mandatario y la “derechización” del denominado proceso de cambio, Arce respondió: “Nuestro instrumento político nunca podrá girar hacia la derecha”.

Dijo que la defensa de los recursos naturales y la “defensa de los más pobres”, muestra que su gestión es de izquierda.

En el mismo acto, momentos antes, el vicepresidente Choquehuanca advirtió que hay actores que pretender dividir al Mas y su estructura. “Nuestros pueblos están cansados de las peleas internas, de la confrontación, y de la división”, dijo.

MAS

Asimismo, al igual que las dirigencias de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, llamó a la unidad de sus miembros y remarcó, sin alusión directa, que “nadie es dueño de nada”.

“Para resolver los conflictos hay que dialogar, hay que abandonar las actitudes divisionistas, el boicot, el chantaje, la calumnia, el odio y el individualismo”, recomendó.

La multitudinaria asistencia de organizaciones, militantes y simpatizantes de varias regiones del país, pinto con banderas del azul, blanco y negro que representan al MAS ese sector de la ciudad.

Y como se acostumbra en esos actos, el marco musical acompañó la intervención de fundadores de ese partido, dirigentes de organizaciones y de los mandatarios.

Al terminar los discursos, el grupo Jach’a Mallku fue el encargado de cerrar la celebración.

También Puede leer: En el aniversario del MAS, organizaciones llaman a la unidad y reivindican su congreso de mayo

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