El empresario peruano Martín Belaunde solicitará mañana, en Sucre, su libertad irrestricta porque la Justicia de su país declaró improcedente un trámite de extradición en su contra. Belaunde, que fue asesor del presidente peruano Ollanta Humala, cumple con “una orden judicial de detención domiciliaria con fines de extradición” basada en un requerimiento de la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción de su país, elevado al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.
“Al haber rechazado la Justicia peruana el pedido de extradición, no existe ningún argumento, ninguna razón jurídica para que él (Martín Belaunde) permanezca privado de libertad”, declaró ayer a La Razón Jorge Valda, abogado defensor del empresario.
No obstante, según el diario peruano La República, el procurador anticorrupción del Perú, Joel Segura, lamentó la decisión judicial y manifestó que este fallo aún “no es definitivo”. Belaunde es acusado en Perú de favorecer a empresas con contratos del Estado y obtener beneficios económicos personales. En este proceso, un tribunal de su país ordenó su detención preventiva durante 18 meses.
La solicitud del Ministerio Público para que Bolivia extradite a Belaunde fue rechazada por la Corte Suprema del Perú porque los delitos por los que se le acusa —asociación ilícita y peculado (malversación de fondos públicos)— no proceden, ya que él no fue funcionario público, según lo establece el tratado de extradición vigente entre ambos países.
Valda explicó que el Gobierno peruano tampoco conseguirá la expulsión del empresario, vinculado a negocios de servicios y minería, porque aún no existe una decisión final de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en la que se tramita la solicitud.
El 23 de enero, la Conare rechazó, en primera instancia, ese pedido y se inició la etapa de apelaciones. Valda precisó ayer que hasta el 13 de febrero se pedirá a esa entidad que revise su primera decisión sobre el caso.
Recursos. De hecho, la reciente decisión de la Justicia del Perú será uno de los principales argumentos de Belaunde para que la Conare —conformada por la Cancillería y los ministerios de Justicia y Gobierno— finalmente acepte el refugio. Valda cree que con este fallo se ratifica que su defendido es objeto de persecución política. Una vez que presente el pedido de revisión, la Conare tendrá 15 días para pronunciarse. Si ratifica su decisión, el empresario tendrá 30 días para dejar Bolivia e ir a un tercer país.