Se abre juicio en Italia contra represores sudamericanos por el Plan Cóndor
Entre los acusados figuran el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el exprimer ministro peruano Pedro Richter Prada, el exjefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años.
La justicia italiana celebró este jueves la primera audiencia del proceso contra el llamado «Plan Cóndor», en el que 32 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay han sido acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, más de la mitad de ellos con nacionalidad italiana.
La mayoría de los acusados serán juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Néstor Tróccoli, capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la audiencia en la sala de máxima de seguridad de la cárcel romana de Rebibbia.
«Al verlo aquí, sentado casi al lado mío, se me congeló la sangre», confesó conmovida a la AFP la uruguaya Aurora Melloni, viuda de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierdas en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.
Tróccoli, que no quiso hablar con la prensa, estaba representado por dos abogados, mientras que, para la mayoría de los inculpados, la justicia italiana puso a disposición un abogado de oficio.
Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.
«Lo que se quiere es pedir justicia. Estos juicios son significativos porque son actos de memoria y también de advertencia que deberían animar a los países afectados a luchar por hacer justicia», comentó a la AFP Giancarlo Maniga, uno de los abogados de los familiares de las víctimas.
Entre los acusados figuran el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el exprimer ministro peruano Pedro Richter Prada, el exjefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años.
Los inculpados (1 boliviano, 11 chilenos, 4 peruanos, 16 uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 65 y 90 años, han sido acusados de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado y corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua.
Entre las 43 víctimas había 20 uruguayos, 13 ítalouruguayos, seis ítaloargentinos y cuatro ítalochilenos, según una fuente próxima al caso.
«Juicio histórico»
Representantes de las víctimas, de asociaciones de derechos humanos, así como diplomáticos latinoamericanos, asistieron a la audiencia en la sala de la cárcel de Rebibbia, donde suelen ser juzgados célebres mafiosos.
El tribunal dedicó la jornada a examinar una serie de impedimentos presentados por la defensa de los acusados.
A pedido de las autoridades de Uruguay, país que se constituyó como parte civil, la desaparición de 20 ciudadanos de ese país será juzgada en Italia, lo que contempla el código penal.
«Se trata de un juicio histórico. Será examinado por primera vez un sistema como el Plan Cóndor», aseguró el fiscal del caso, Giancarlo Capaldo.
Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la italouruguaya Melloni.
«Espero respuestas, quizá informaciones. Pero sobre todo justicia como los demás. Y verdad», dijo conmovida tras haber esperado 40 años para obtener justicia.
Algunos de los acusados se encuentran detenidos en su propio país, como el boliviano Arce Gómez, quien no aceptó intervenir en el juicio a través de videoconferencia como se esperaba.
«El gobierno boliviano ha buscado la justicia sobre todas las cosas y defendido los derechos humanos», aseguró por su parte el embajador de Bolivia en Italia, Antolín Ayaviri Gómez, quien también asistió a la audiencia.
«Vamos a seguir este caso. Algunos ya fueron condenados por esos nefastos actos de la historia de Bolivia», agregó el diplomático.
No se trata de la primera vez que represores sudamericanos son juzgados en Italia, país que celebró dos procesos por los desaparecidos argentinos de origen italiano.
Unas 150 personas serán convocadas a Roma como testigos, entre ellos historiadores, jueces, abogados, periodistas, sobrevivientes y familiares.
La próxima audiencia fue fijada para el 12 de marzo.