La juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, determinó hoy detención preventiva en la cárcel de Obrajes para Elvira Parra y detención domiciliaria para Marco Antonio Aramayo, exdirectores del Fondo Indígena y acusados por manejos económicos irregulares.
Ambas exautoridades son investigadas en el marco de la denuncia presentada por la Contraloría del Estado, tras establecer en un informe inicial un daño económico al Estado de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos fantasmas o que no llegaron a ejecutarse en el área rural.
La audiencia de medidas cautelares empezó cerca de las 09.00 y concluyó pasadas las 15.30. El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, aseguró que «no existe en sí la prueba concreta, si es que realmente ese daño (económico) existe y peor aún en la magnitud que señalan».
Aramayo está acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras que a Parra la acusan de similares delitos, incluido daños lesivos al Estado. Durante la audiencia, Parra pidió que el caso «se investigue a fondo» y reiteró su inocencia.
«En ningún momento ella ha tenido un solo centavo de los 71 millones de bolivianos, ni tampoco ha ordenado el desembolso de estos fondos», aseguró el abogado de Parra, Alejandro Nogales, quien señaló que el informe de la Contraloría «no responde a la verdad de los hechos» y que la auditoría solo fue técnica.
Aramayo y Parra fueron trasladados a celdas policiales durante la madrugada de ayer, por órdenes del fiscal anticorrupción, Julio Guerrero, quien afirmó hoy que «se citarán a las personas que sean necesarias».
El Ministerio Público investiga dos casos del Fondo Indígena. El primero de 153 proyectos inexistentes y el segundo el caso “Zapata”, en el cual se acusa a Aramayo y a otros tres exejecutivos por un criadero de cerdos en Beni para el que se desembolsó Bs 600.000 y que no existe.
Además del daño de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos, fueron identificados otros 100 que recibieron Bs 74,6 millones y no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución. 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos que alcanzan a Bs 132 millones.