MAS ordena voto lineal y el Gobierno cierra la puerta a proyectos de autoridades opositoras
Postulantes de la oposición afirman que hay nerviosismo en el MAS porque sabe que hay regiones en las que perdería el 29 de marzo
El presidente Evo Morales “instruyó” a todos los sectores afines al partido de gobierno que en las elecciones subnacionales del 29 de marzo se vote de manera lineal para garantizar la victoria de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), en las alcaldías y las gobernaciones.
“El voto tiene que ser lineal: gobernador-asambleísta; alcalde-concejal, ésa es la instrucción que se tiene desde la Presidencia (…). Se ha establecido un acuerdo (con las organizaciones sociales) para que los postulantes sean elegidos orgánicamente”, informó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS).
Además, el Gobierno reiteró que no trabajará con futuras autoridades opositoras a quienes se les cerró toda posibilidad de apoyar sus planes si son elegidas.
Comicios. Aunque la ministra de Comunicación, Marianela Paco, dijo que no es un “chantaje”, ayer, en el acto por el 26 aniversario del Gran Consejo Tsimane, en San Borja (Beni), el vicepresidente Álvaro García Linera reiteró que no trabajará “con la derecha”.
“El Gobierno nacional no va a trabajar con ningún opositor, no tenemos acuerdo con nadie porque las fuerzas políticas de la oposición solo roban, mienten y engañan. Hay muchas obras pendientes (…), vamos a esperar cómo van las elecciones, y si hay fuerzas opositoras, no vamos a trabajar con ellas y ese proyecto se quedará como proyecto, así de claro”, afirmó García desde el Beni.
Así, la autoridad recordó el anuncio que hizo el presidente Evo Morales, el pasado fin de semana, cuando acompañó en una caminata proselitista a los candidatos de su partido a la comuna alteña, Édgar Patana, y a la Gobernación paceña, Felipa Huanca.
El calendario electoral vigente señala que las organizaciones políticas podrán realizar actividades proselitistas en las calles y en los medios hasta el 25 de marzo.
Los dichos de Morales y García provocaron reacciones inmediatas. Los candidatos a la Alcaldía paceña, Luis Revilla, de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Soledad Chapetón, por la comuna alteña, de Unidad Nacional (UN) afirmaron que buscarán trabajar y coordinar con el Órgano Ejecutivo.
Aunque Revilla añadió que se trata de una “coacción” electoral, es decir, obligar a votar por una determinada candidatura, aspecto contemplado en el artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
“Déjennos elegir a las autoridades de nuestras ciudades y de nuestros departamentos de manera democrática”, demandó.
En esa línea, Jorge Quiroga, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó que solo en “dictadura” una autoridad elige a todos los funcionarios. “En democracia, el pueblo elige, no el Presidente”.
Según dos recientes encuestas de intención de voto, la oposición ganaría en varias regiones. En la primera (Ipsos), en La Paz, Revilla alcanza el 54% y Guillermo Mendoza (MAS) el 32%; el mismo estudio da la victoria a Chapetón con el 36% y solo 26% al masista Édgar Patana, quien busca su reelección.
La segunda encuesta de Equipos Mori, difundida por la red Uno, da a Sol.bo el 56% y el 31% al MAS, en La Paz. En la urbe alteña los resultados también favorecen a Chapetón con el 35% y el 28% a Patana.
Escenario. En Beni pasa algo similar. Ernesto Suárez aspirante a la Gobernación por Unidad Demócrata (UD), ganaría con el 31% y Álex Ferrier (MAS) obtendría el 12%. El otro estudio, de Equipos Mori, da la victoria a UD con el 33% y el 27% al partido gobernante.
Suárez afirmó que “las amenazas” del Gobierno, de no trabajar con la oposición, responden al temor que tiene a perder en regiones donde las encuestas muestran baja aceptación electoral.
“Hace unos días declaré que estaba seguro de ganar y que al día siguiente enviaría una nota al Presidente para que encaremos proyectos para el departamento, pero ésta es la respuesta que ahora recibimos del Gobierno. Así pasó en El Alto y lo mismo ocurre ahora en Beni”, sostuvo.
En tanto, Rubén Costas, candidato a gobernador de Santa Cruz, donde también el MAS perdería, lamentó las declaraciones de las autoridades. “¿Hacia dónde va este proyecto revolucionario, como dijo el Vicepresidente? (…) Se debe trabajar con todos, sin importar el color político”, añadió.
Paco: Evo solo ‘reflexionó’ a opositores
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó ayer que las declaraciones del presidente Evo Morales de no trabajar con autoridades opositoras fueron “reflexivas” y en ningún momento referidas a un “chantaje”.
En ese marco, manifestó la preocupación del Ejecutivo debido a una serie de hechos a los que calificó como “bloqueo y obstaculización” de proyectos.
“Es una reflexión porque les ha exhortado (a trabajar) y además se traduce en una preocupación por esta larga experiencia de bloqueo y obstaculización de obras sociales para nuestro pueblo”, sostuvo en rueda de prensa.
El sábado, Morales afirmó que no trabajará con autoridades opositoras y el martes, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que obras como el Teleférico, en La Paz, “ha salido porque Dios es grande”, situación que fue calificada como una “extorsión” y “antidemocrática” por la oposición.
El exalcalde de La Paz Luis Revilla y candidato por Sol.bo negó ese extremo al indicar que siempre hubo coordinación para ejecutar el proyecto, entre el Gobierno, la Gobernación y la comuna.
No obstante, Paco insistió en que las autoridades de oposición en diferentes municipios y gobernaciones no permitieron ejecutar obras como puentes, hospitales de tercer nivel, carreteras, etc.
Incluso, señaló que en algunos casos hubo devolución de cheques para no realizar proyectos. “La oposición obedece más a sus caprichos e intereses grupales o personales y no deja de lado criterios ideológicos”, dijo.
Defensor pide cumplir derechos
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cumplimiento de las recomendaciones que le hiciera llegar en febrero pasado, para subsanar los problemas identificados por esa institución durante los comicios electorales realizados en octubre de 2014.
Entre otras cosas, se demandó la adopción de medidas que faciliten el sufragio de personas adultas mayores, especialmente de quienes se encuentran en hogares de acogida, personas con discapacidad, enfermos internos en hospitales y personas privadas de libertad, que se vieron impedidos de ejercer su derecho, en 2014, por diversas situaciones, dificultades y falta de previsión del TSE.
“Solamente en relación a las personas internadas en los hospitales estimamos que más de 10.000 personas en todo el país no pudieron votar porque no se las tomó en cuenta en la planificación que debió considerar, por ejemplo, la apertura de mesas fijas en estos centros médicos”, indicó.
Otros grupos que tuvieron dificultades fueron los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, incluidos los del servicio militar.
Posibles cambios a la ley para que autoridades hagan campaña
El vicepresidente Álvaro García Linera abrió la posibilidad de hacer cambios a la Ley 026 de Régimen Electoral para que las autoridades del Órgano Ejecutivo puedan realizar campaña en horarios de trabajo, situación que está prohibida en el artículo 126 de la mencionada normativa.
La autoridad instó a los periodistas a hacer un seguimiento al trabajo del presidente Evo Morales y al suyo para determinar las horas que ambos trabajan.
“Mínimo son 16 horas y dedicamos una hora y media o dos a la campaña y luego seguimos trabajando (…). Tal vez para Presidente y Vicepresidente (la Ley 026) podría ser más específica, lo que pasa es que quienes redactaron la ley nunca se imaginaron un tipo de dinamismo obsesivo y casi fanático por el trabajo que tenemos el Presidente y yo”, afirmó.
García respondió así a los cuestionamientos que hizo la oposición en pasados días respecto a la participación de Morales en caminatas políticas con sus candidatos o su intervención en spots de campaña proselitista.
Al respecto, la presidenta del TSE, Wilma Velasco aseveró que al ser servidores públicos, Morales y García, solo pueden participar en actividades proselitistas al concluir su jornada laboral. “Aplicamos la ley como a todo servidor público”, sostuvo la autoridad, al descartar cualquier modificación a la norma electoral vigente.
UD ve en el MAS ‘desesperación’
El senador cruceño Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD) afirmó que hay “desesperación” en el MAS respecto a las recientes declaraciones de autoridades del Ejecutivo respecto a que no trabajarán con futuras autoridades opositoras que salgan electas en los comicios del 29 de marzo.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que los opositores solo se dedican a hacer “politiquería” y a “robar” en sus regiones.
“Estamos seguros de que Rubén Costas ganará y debe continuar como nuestro gobernador (…) por eso es que vemos desesperación en el MAS de desarrollar una campaña de guerra sucia con calumnias y hay desesperación porque no tiene buenos candidatos en el país”, afirmó Ortiz.
Según la primera encuesta de intención de voto, Costas del frente Demócratas ganaría con el 51% de los votos, mientras que el aspirante del MAS Rolando Borda solamente obtendría el 12%.
Otro estudio de Equipos Mori también favorece a la oposición. Otorga la victoria al exgobernador cruceño con el 63%, mientras que el postulante del partido en función de gobierno llega al 20%.
La coacción está contemplada en Ley de Régimen Electoral
El inciso “c” del artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral señala que “la servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria o funcionario público, será sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por tres años.
