Dirigenta dice que norma ASFI permite manejar dineros del Fondo Indígena en cuentas personales
La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, explicó que además el manual de funciones del Fondo Indígena ampara el traspaso de dineros a cuentas personales. Asegura que rendirá cuentas sobre el dinero que recibió
La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, aseguró hoy que el traspaso de recursos del Fondo Indígena a cuentas personales está respaldado por el manual de funciones de esa entidad y una norma de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aunque evitó dar mayores detalles.
«En el manual de funciones del Fondo Indígena, así esta, y además ustedes deben saber mejor que nosotros que también ha salido una norma de la ASFI indicando que se debe manejar de esa manera», respondió cuando se le consultó sobre el manejo en cuentas personales de los dineros del Fondo.
Al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales recibieron dinero a través de transferencias realizadas a sus cuentas bancarias personales, según comprobantes de desembolso de recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) hacia el Fondo Indígena y de éste a otras cuentas particulares.
En los comprobantes figura Ancieta, quien recibió 9.130.814,5 de bolivianos para dos proyectos. El dinero habría sido transferido a una cuenta personal en el Banco Sol.
El diputado Rafael Quispe, junto a su abogado Eduardo León, denunció ese hecho y presentó parte de la documentación sobre los presuntos manejos irregulares de los recursos provenientes de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
«No me voy a escapar, una vez que voy a ejecutar, voy a rendir cuentas», aseguró Ancieta respecto al dinero que recibió. Además descalificó las denuncias de Quispe.
La exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, Damián Condori, actual candidato a gobernador de Chuquisaca y exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), son algunas de las personas que figuran en la lista.
La Contraloría General del Estado detectó a través de una auditoría preliminar el manejo irregular de 71 millones de bolivianos en 153 obras, que nunca se ejecutaron.