La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al sobreseimiento en el caso Chaparina del exviceministro de Gobierno Marcos Farfán y 11 efectivos de la Policía. Advierte con acudir a instancias internacionales.
El miércoles, la Fiscalía dio a conocer que tras casi cuatro años de investigación de la represión a indígenas en Chaparina (Beni), se apartó del proceso a 12 personas. No obstante, al día siguiente se informó que el juicio de la causa se iniciará con seis policías acusados, entre ellos el general (r) Óscar Muñoz Colodro.
“Queremos dejar claramente establecido que, de negarse la justicia en este caso (Chaparina), recurriremos a todas las instancias nacionales e internacionales para demandar que este suceso no quede en el olvido y los responsables respondan ante la justicia”, manifestó el defensor del Pueblo, Rolando Villena, a través de un comunicado.
Aseguró que este pronunciamiento es responsabilidad de la Defensoría, que debe velar por el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos y por la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Villena, como representante de la Defensoría, rechazó y protestó la decisión de la comisión de fiscales del caso, que apartaron del proceso a esas personas que, de manera directa o indirecta, tuvieron participación o responsabilidad, por comisión u omisión, en los hechos criminales de represión que ejercieron contra indígenas.
Al respecto, Eduardo León, abogado del exdirigente campesino Rafael Quispe, una de las víctimas de la represión policial en Chaparina, informó que la próxima semana impugnará el sobreseimiento de los 11 policías y Farfán, aunque en su criterio es perder el tiempo, pero lo hará.
“Hay algo dentro de todo lo malo que se hizo en Chaparina, es que ya habrá juicio oral y en ese proceso vamos a convocar a los más de 12 que fueron apartados del proceso, incluido el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, el tribunal no podrá negar esa solicitud y ahí el pueblo escuchará de boca de los excluidos cómo se hicieron las cosas y cómo se los reprimió a los indígenas que solo marchaban en defensa de su territorio”, anunció León a este diario.
El 25 de septiembre de 2011 efectivos de la Policía Boliviana intervinieron la marcha indígena que se trasladaba desde Trinidad hasta La Paz, en contra de la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Apartados estaban sindicados
Proceso
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, recordó que las 12 personas apartadas del caso Chaparina están dentro del “Informe Defensorial por la violación de derechos humanos en la marcha indígena (2011)”, en el que se identificó como parte de los hechos a los sindicados.
Duda
También recordó que, en 2013, se excluyó al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, decisión que se aparta del principio de justicia y siembra dudas.