El presidente Luis Arce señaló este jueves que se pedirá al Ministerio Público que el caso de estupro y trata de personas que se le sigue a Evo Morales se declare en reserva para que no sea politizado. Indicó que se buscará que nadie quede en la impunidad, “sea quien sea”.

“Declaro a la población que el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad y la población como un tema político. Este es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva”, dijo el mandatario.

El miércoles se conoció sobre una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que quedó sin efecto tras la determinación de una juez de Santa Cruz. En ella, se conoció que el líder cocalero es investigado por los delitos de estupro y tráfico de personas.

El polémico caso subió de nivel cuando la ahora exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció la protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Morales luego que se dejara sin efecto la orden de aprehensión y se la destituyera del cargo.

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El mandatario dijo que “no puede” ser que se politice este tema tan delicado y que incluso afecte la conciencia de los bolivianos. “Desde un principio hemos sido claros. Nuestro Gobierno va a cuidar la niñez, que es el mayor tesoro que tenemos, y la vamos a proteger”.

Arce cuestionó también el trabajo de los legisladores que no dan respuesta a las normas presentadas contra la niñez en la Asamblea Legislativa. “Ahora entenderán por qué enviamos (la ley de) imprescriptibilidad que teníamos hacia cualquier tipo de abuso hacia los niños y niñas”.

Indicó que “no está de acuerdo” con ese tipo de situaciones y no “puede ser” que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente “sea quien sea”. “A los niños no se toca, esa es la posición, pero no queremos que este tema se politice, ni menos sea utilizado para resolver un tema de diferencias políticas que pudiera haber. Eso no se puede resolver de esa manera”.

Además mencionó que se pedirá al Ministerio de Justicia que se apersone “a este caso” porque requiere la atención del Gobierno.

Dirigentes del Trópico de Cochabamba cerraron filas en torno al expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el proceso en su contra por la supuesta comisión del delito de estupro.

Consideraron que el también dirigente cocalero es “víctima” de una persecución política y hasta lanzaron advertencias contra policías y militares que busquen su captura.

El dirigente campesino Vicente Choque lanzó críticas en contra de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, que impulsó el proceso contra Morales y hasta logró que se emita una orden de aprehensión, aunque ese extremo fue anulado por una jueza de garantías en Santa Cruz, luego de que su defensa presentó una acción de libertad.

“Recalco una vez más, a todo el sector social, estar alertas para poder por supuesto defender la integridad física a nuestro comandante”, dijo en una conferencia difundida por Kawsachun Coca.

Evo Morales

Por su parte, el también dirigente Gastón Ledezma advirtió con que “no van a perdonar” a quien intente la captura de su líder.

“Aquel policía antipatriota, aquel militar antipatriota que quiera obedecer a este gobierno traidor, vulnerando algunos procesos judiciales, creo que vamos a tener que nomás hacer nuestra justicia comunitaria, porque no vamos a perdonar a estos policías antipatriotas corruptos, a estos militares antipatriotas corruptos”, advirtió.

Pero no solo es ese sector que defendió a Morales. La noche del miércoles, en una conferencia de prensa, el entorno de Morales defendió a su líder y aseguró que ese proceso es una “movida política” por parte del Gobierno, con el fin de frenar su candidatura a las elecciones nacionales de 2025.

Incluso, el mismo Morales se refirió al tema y aseguró que ni le sorprende ni le preocupa la investigación.

La denuncia contra el expresidente Evo Morales por la supuesta comisión de los delitos de trata de personas y estupro agravado, cuya víctima es una adolescente de 16 años, incluye a los padres de ésta.

La resolución de aprehensión contra los acusados, a la que accedió La Razón, fue firmada por tres fiscales de Tarija el 26 de septiembre de este año.

¿Qué dispone la resolución?

La Resolución Fiscal de Aprehensión, referida a la Causa 601102012401698, requiere de los asignados subteniente Leslie Sosa Hochani y sargento Fernando Copa Cruz, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), apoyados por otras unidades policiales, la aprehensión de Morales.

Además, establece que, “al momento de la aprehensión entréguese a la misma copia de la presente resolución, labrando el acta de diligencia respectiva (…)”.

Dispone también que, una aprehendida la persona, ésta sea trasladada a la FELCC-Tarija, hasta que el juez cautelar defina su situación procesal.

¿De qué se trata el caso?

El tenor de la denuncia describe el delito de “trata de personas (con agravante) (sic)” contra una adolescente. Entonces, durante la comisión del delito, la joven —de iniciales C. S. V. P.— tenía 15 años y concibió, según se lee en la resolución, una hija con el exmandatario.

Luego del análisis de los hechos, el documento concluye en la supuesta comisión de dos delitos: trata de personas y estupro agravado.

¿Quiénes denuncian?

La denuncia que se abrió de oficio lleva la firma de tres ficales del distrito de Tarija. Se trata de la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando; además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.

En función del Código de Procedimiento Penal, dichos fiscales de materia se atribuyen la “representación legal de la sociedad” para el inicio de las investigaciones.

¿Cuál es la relación de los hechos?

Según el documento, en 2018, presuntamente el entonces presidente Evo Morales y la adolescente inscribieron ante el Registro Civil del municipio de Yacuiba, en Tarija, a una menor de iniciales E. S. N. V. Entonces, la madre, C. S. V. P., ya contaba con 18 años de edad.

El nacimiento de la niña tiene el registro de 8 de febrero de 2016; es decir, cuando la joven tenía 16 años. “Lo que a su vez significa que en el momento la misma procreó a la menor E. S. N. V. con el señor Juan Evo Morales Ayma cuando tenía 15 años de edad”, describe la resolución de aprehensión.

Según indica el documento, C. S. V. P. formaba parte de la denominada “Guardia Juvenil del presidente Evo Morales”, cuyos miembros eran jóvenes de entre 14 y 15 años.

Asimismo, señala que los padres de la adolescente, identificados como I. P. S. y E. V. M., “inscriben a su hija en esta guardia juvenil con la finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios, ‘lucrar’, es decir, conseguir lo que deseaban de su hija menor, entre ello, obtener cargos, privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos”.

Además, indica que la menor fue “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales, siendo éste presidente” del Estado, “con el fin de satisfacer sus deseos sexuales” y, en consecuencia, “quedó embarazada”.

¿Cuál es el estado de la denuncia?

La ahora exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez impulsó la denuncia y la orden de aprehensión contra el expresidente por la supuesta comisión del delito de estupro, pero el proceso fue frenado por una acción de libertada presentada por los abogados de Morales en Santa Cruz.

Luego, la exfiscal denunció una supuesta protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales. Denunció también que éste determinó su destitución como fiscal departamental.

Hay revuelo en la arena política y otros sectores de la sociedad, pues mientras opositores y el bloque evista del MAS consideran que ese tipo de hechos no pueden quedar impunes, mientras que la defensa de Morales denunció que tal delito “es inventado”.

Morales, a través de sus redes sociales, respondió al caso: “¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.

Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que presentó un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que dejen sin efecto el Decreto Presidencial 5141 y pueda ser restituida al cargo de vocal del Órgano Electoral.

“En estas jornadas pasadas se ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce, pidiendo a la Justicia, esta vez, ya no directamente a él que resuelva la situación en la que me han colocado el pasado 4 de abril, cuando un decreto presidencial, totalmente inconstitucional me ha sustituido en mi cargo en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo.

Chuquimia entonces delegada por el presidente Arce al TSE fue destituida por un decreto presidencial el 4 de abril y en su lugar se designó a Gustavo Ávila como nuevo delegado presidencial ante el Órgano Electoral.

Tras su destitución, el Gobierno señaló que Chuquimia asumiría otras funciones. Al respecto, Chuquimia indicó que recibió una llamada de Cancillería, pero que no asistió a ninguna reunión con esta entidad, debido a que ya había hecho llegar una queja formal al presidente Arce.

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Chuquimia reiteró que el amparo constitucional fue presentado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además contra el acto “de suspensión o acortamiento” de mandato constitucional. “Este decreto me ha acortado el mandato constitucional dado por la Constitución Política del Estado que es de seis años inamovible a todos los vocales del Órgano Electoral”.

“Yo desde abril pasado he ido presentado los reclamos en antecedente, lo que estaba pasando tanto el presidente del Estado como a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

Indicó que el decreto es inconstitucional y que no existe la figura de sustitución que utilizó el Gobierno el 4 de abril.  “Estoy pidiendo que los vocales o jueces ordenen para que los servidores recurridos, es decir, el Presidente y la Ministra de la Presidencia, en un plazo de 48 horas, abroguen y dejen sin efecto legal el Decreto Presidencial 5141, que prácticamente ha designado al vocal Antonio Ávila. O, en su caso, el tribunal de garantías anule o deje sin efecto el decreto supremo”.

En medio de una ola de dichos por el escándalo de supuesto estupro que involucra al expresidente Evo Morales, éste apareció y respondió en redes sociales: “¡No me extraña ni me preocupa!”.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce y otros “neoliberales” lo amenazaron, lo persiguieron, intentaron encarcelarlo y hasta “matarlo”.

“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”, dijo en alusión al apoyo que tiene por parte de algunos sectores indígenas.

Evo Morales

Si bien el caso de Morales data de 2016, cobró fuerza el miércoles, cuando se conoció una orden de aprehensión en su contra y, casi en paralelo, una acción de libertad de su defensa que frenó su captura.

La Fiscalía Departamental de Tarija inició la investigación, con fecha 26 de septiembre, y fue impulsada por la ahora exfiscal departamental Sandra Gutiérrez.

Según la exfiscal, la orden de aprehensión contra Morales fue frenada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de presionar para su destitución.

Sin embargo, en conferencia de prensa en Sucre, Lanchipa se defendió. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado, en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, afirmó.

Juicio

Y aclaró: “(Es) por una determinación de una jueza de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad, en la que dispuso la nulidad de las mismas, al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, develó que la destitución de la exfiscal Gutiérrez responde a “negligencia” en su trabajo.

“Tenía la inexcusable obligación de ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones llevadas adelante por los fiscales de materia (…), siendo éste y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional, los motivos principales para que el Fiscal General determine su alejamiento de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión”, justificó.

En las investigaciones de la comisión de fiscales de Tarija se señala que Morales mantuvo relaciones sexuales con una adolescente, con el presunto consentimiento de los padres de la menor.