La canciller de Perú, Ana María Sánchez, consideró hoy «positiva» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia de aprobar la solicitud de extradición del empresario Martin Belaunde Lossio, que fue asesor del presidente peruano, Ollanta Humala.
«(La decisión) es positiva, tendremos que hacer la evaluación», del documento, declaró Sánchez a los periodistas tras presentarse ante una comisión del Congreso.
La ministra señaló que aún no conocía los detalles de la resolución de la TSJ y dijo que tampoco ha mantenido contacto con la cancillería boliviana.
Señaló, sin embargo, que las autoridades peruanas pueden pedir la ampliación del pedido de extradición de Belaunde, para incluir otros casos en investigación.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó hoy por unanimidad el pedido de extradición de Belaunde, acusado en Perú de corrupción y quien se encuentra bajo detención domiciliaria en una casa de sus familiares bolivianos en La Paz.
El tribunal señaló que notificará a las partes su decisión y derivará el caso al órgano Ejecutivo para que «corra con los trámites correspondientes» para la extradición a Perú.
Sin embargo, el abogado de Belaunde, Jorge Valda, declaró hoy que la extradición no puede ejecutarse mientras no se resuelva un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia.
«Hay una acción de inconstitucionalidad por el proceso de extradición pendiente en el Tribunal Constitucional y en tanto no se resuelva esa acción, no se puede determinar y dictar resoluciones definitivas», señaló Valda.
El abogado también dijo que Belaunde mantiene una demanda presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por vulneración «flagrante de la normativa interna».
El procurador Anticorrupción de Perú, Joel Segura, viajó el domingo a La Paz para avanzar con las autoridades bolivianas trámites relacionados con el expediente de extradición.
El empresario, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006, es acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.
En marzo pasado el máximo tribunal de justicia de Bolivia amplió la vigencia de la detención domiciliaria contra Belaunde hasta el 21 de mayo mientras avanzaban los trámites de Perú para pedir la extradición.
El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición con el argumento de que el peruano no probó ser un perseguido político.