El ciudadano peruano Martín Belaunde podría ser extraditado en un plazo de 90 días en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de viabilizar el pedido de extradición del gobierno peruano, mientras tanto el Gobierno solicitó al Perú tramitar el cambio de detención domiciliaria a preventiva, en la cárcel, informó el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz.
El máximo tribunal de justicia decidió el lunes dar curso al pedido de extradición de Belaunde, a quien la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le negó la condición de refugiado político por no haber probado ser perseguido político. Es acusado en su país por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.
“En el plazo de esos 90 días tendrá que cumplir algunas formalidades y tendría que ser extraditado”, explicó en relación al ciudadano peruano que guarda detención domiciliaria en la ciudad de La Paz por orden del TSJ.
La orden de detención domiciliaria con fines de extradición vence el 21 de mayo. La defensa del acusado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y deberá esperarse el fallo para asumir una acción en el marco de la orden de extradición.
“El 22 (de mayo) nosotros podríamos, después de fenecer el plazo de la ampliación de su detención preventiva, detenerlo y ponerlo en la frontera, esto en la vía administrativa, si es que en la vía jurisdiccional no había ninguna noticia y la noticia ya sabemos es que el TSJ ha determinado viable la extradición”, explicó Moldiz.
El Ministro pidió a la Justicia peruana, tras haberse autorizado la extradición, requerir la detención de su connacional en un recinto penitenciario mientras se resuelven los temas pendientes. “Ojala (el Perú) pida su detención en un recinto penitenciario porque 90 días son muchos y, ciertamente, alguien desesperado puede intentar cualquier cosa, entre ellos la fuga”, consideró.
El resguardo policial en el domicilio de detención fue reforzada.