Alejandro Melgar se declara ‘secuestrado’ en Uruguay y ‘perseguido político’ en Bolivia
"Siento que en Uruguay se me vulneraron todos mis derechos, que a pesar de ser inocente de todos los cargos y además una víctima de una violenta represión, he sido tratado como culpable. Nunca existió la voluntad de comprender la real dimensión del problema", declaró el acusado de financiar un plan subversivo en 2009.
El preso boliviano Alejandro Melgar, detenido en 2012 en Uruguay por estar acusado en su país de complicidad para financiar en 2009 a supuestos terroristas en un plan subversivo, se definió como «secuestrado» y «perseguido político», según publicó hoy un medio local.
En una entrevista concedida al diario El País, que mantuvo con el reo cuatro encuentros en el interior de la Cárcel Central de Montevideo, en la que está retenido, Melgar dijo sentirse «secuestrado» por el sistema judicial uruguayo y ser un «perseguido político» de Bolivia.
«Siento que en Uruguay se me vulneraron todos mis derechos, que a pesar de ser inocente de todos los cargos y además una víctima de una violenta represión, he sido tratado como culpable. Nunca existió la voluntad de comprender la real dimensión del problema. Conmigo se armó una pantomima judicial que desdibujó la seriedad de Uruguay por culpa de una jueza inexperta en este tipo de casos», expresó Melgar.
La jueza uruguaya Adriana De los Santos se ha pronunciado a favor de la extradición de Melgar a su país a petición de Bolivia, donde se le acusa de formar parte del llamado «caso terrorismo», que se refiere a un supuesto complot con fines secesionistas desbaratado en 2009 en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este del país).
El caso se conoció el 16 de abril de ese año, cuando una intervención policial en un hotel de Santa Cruz se saldó con las muertes del rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Michael Martin Dwyer y del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, supuestos integrantes de la célula terrorista que tenía un plan subversivo, en alianza con líderes autonomistas de Santa Cruz.
En la misma operación fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic y en los siguientes días otros supuestos implicados, aunque todos ellos niegan las acusaciones que se les imputan.
Dentro de este caso, Melgar, que trabajó para instituciones empresariales cruceñas, fue acusado de dar apoyo al grupo de presuntos terroristas.
En su diálogo con El País, Melgar lo negó todo y dijo que la noche que fueron a detenerle él se encontraba fuera de Bolivia, representando a su país en una competición de tiro.
Desde entonces vivió en Uruguay hasta que tres años después, el 23 de abril de 2012, fue detenido en el aeropuerto de Montevideo cuando intentaba viajar a Brasil, en cumplimiento de una orden de captura internacional.
Según la publicación, la defensa del acusado no tiene ninguna duda de que «sus derechos serán vulnerados en Bolivia» cuando se consuma su extradición.
En el fallo de extradición, la jueza De los Santos escribió que «es de esperar que la justicia boliviana brinde a Melgar todas las garantías necesarias para un proceso justo, donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa», unas palabras que levantaron las sospechas de los abogados de Melgar, que calificaron la «expectativa» de la jueza como «improcedente».
«Lo que requerimos es seguridad de que se brinden todas las garantías, no la mera esperanza de una jueza que no podrá ya tener ningún rol ni injerencia sobre la suerte de Melgar», manifestaron.
Según publicó El País, para la jueza De los Santos «todos los extremos del pedido de extradición se cumplieron por parte del gobierno boliviano» dado que, según detalló la magistrada en su fallo, «lo único que debe valorarse es la legitimidad formal del pedido».
Por su parte, la defensa de Melgar considera que «el aporte de pruebas fue despreciado».
Uruguay, a través del Mercosur, el bloque económico que forma con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, cuenta desde 1998 con un acuerdo de extradición con Bolivia.
La información concluye que el futuro de Melgar depende en la actualidad de un tribunal de apelaciones.
