Legisladores del oficialismo y la oposición sugieren hacer cambios en el Reglamento de Procesos de las comisiones de Ética del Senado y de la Cámara de Diputados (que prácticamente son iguales) para que los fallos sean más rápidos y se tipifiquen sanciones más duras en contra de los denunciados.
La diputada Jimena Costa (UD) se animó a hablar de dar “muerte civil” a los legisladores que tengan comportamientos irregulares. “Hay que modificar el reglamento de la comisión, se deben precisar algunas prohibiciones para que hayan sanciones inmediatas (…). Más allá de sanciones más duras, hay un tema de sanción social, de muerte civil para quienes no cumplan la norma (…), sanciones que sean, sobre todo, sociales; que se hagan públicas, de forma inmediata, el comportamiento irregular de algún diputado y así la sociedad aplique sus propias sanciones”, afirmó la legisladora.
En tanto, el senador Carlos Romero (MAS) expresó la necesidad de hacer el proceso más inmediato y que las resoluciones sean expeditas, en virtud de que estos hechos afectan la credibilidad de las instituciones políticas. “Sería positivo hacer cambios para hacer más rápidos los procedimientos, proteger a los denunciantes e instaurar sanciones más rígidas”, sostuvo.
Empero, no todos son partidarios de endurecer las sanciones. Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que por más dura que sea la sanción, los corruptos siempre hallarán la forma de transgredir la ley. “Los hechos de corrupción no creo que estén dados por la mayor dureza de las normas o sanciones, sino por la formación ética (…). El ser humano puede corromperse con las sanciones más drásticas, tiene que ver con educación, formación y valores (…) no se trata de sanciones más duras o medidas de control más estrictas, sino de la construcción de una educación y formación distintas”, señaló Montaño.
LEGISLATURA. En criterio del diputado Wilson Santamaría (UD), miembro de la Comisión de Ética, “no hay que confundir los niveles de investigación” y eso debe estar muy claro en el Reglamento. Además, pidió que se modifiquen los criterios de conformación de la directiva para que la presidencia de la entidad “sea rotativa”, en el entendido de que está constituida por seis diputados, tres del MAS: Alicia Canqui, Toribia Pomacusi y Ros Mery Arias; y tres de la oposición: Wilson Santamaría y Rose Marie Sandóval (UD), además de Jhovana Jordán (PDC).
En cinco meses de la gestión legislativa, a la Comisión de Ética llegaron siete denuncias contra diputados por hechos irregulares, no obstante, solo dos fueron admitidas, referidas al legislador suplente Amílcar Barral (UD), acusado por cobros irregulares a dos funcionarios del Legislativo y otra por acoso político a Dina Chuquimia, vocal del Órgano Electoral Plurinacional.
Una gran parte de las denuncias que llega a estas entidades es anónima o no reúne todos los requisitos. Adicionalmente, existen demandas de orden penal que sobrepasan el alcance de las comisiones de Ética, de acuerdo con un balance de las autoridades legislativas de 2014 y de este año. Esto deriva en el archivo de obrados por falta de pruebas, dejando impunes las faltas cometidas por legisladores.
Cambios por consenso
Modalidad
Las modificaciones de reglamento se realizan en consenso entre todas las fuerzas políticas. Se elabora una propuesta que es debatida y aprobada por mayoría en la Asamblea.
Autoridades animan a funcionarios a denunciar
Los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y Alberto Gonzales, respectivamente, instaron a todos los funcionarios de la Asamblea Legislativa a denunciar actos irregulares o de corrupción cometidos por los miembros de ese órgano del Estado. Asimismo, ofrecieron plenas garantías para que no sean víctimas de represalias por parte de los asambleístas sindicados.
¿Cómo garantizar que ya no ocurran casos como del diputado Amílcar Barral y que más funcionarios sean amedrentados o sufran descuentos de sus salarios? “Dándole la certeza a quienes denuncien estos hechos de que no habrá impunidad, de que tendrá todas las garantías para denunciar estos hechos, generando —quizá— algunos mecanismos de revisión de procedimientos administrativos que puedan, de alguna manera, facilitar estos procesos”, respondió la presidenta Montaño.
En el caso del Senado, la Comisión de Ética aún no fue conformada, no obstante, Gonzales anunció que esa entidad será organizada en el transcurso de esta semana. En ese marco, instó a los servidores públicos a no dejarse engañar con “aportes voluntarios” u otro tipo de coacciones por parte de algunos legisladores.
“A cualquier empleado de la Asamblea al que le estén sacando una parte de su sueldo con cualquier tipo de objetivo o propósito, que me busque, saben dónde encontrarme, los voy a esperar y vamos a tomar las medidas respectivas”, afirmó la autoridad.