Debido a la complicada situación que atraviesa Brasil, afectado por insistentes lluvias, el Gobierno de Bolivia se solidarizó y acordó enviar ayuda humanitaria para colaborar a los afectados por las inundaciones. 

“En el marco de la complementariedad, de la reciprocidad y solidaridad (…), el decreto ha sido aprobado para poder enviar ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria se va a recolectar a partir del apoyo que todos los ministerios van a proporcionar”, afirmó Edmundo Novillo, ministro de Defensa.

De acuerdo con Novillo, el primer ministerio que se manifestó fue el de la Presidencia.

“Ha comprometido (…), la donación de 10.000 kilogramos de leche en polvo, 10.000 kilogramos de arroz, 2.500 kilogramos de frijol, 1.500 unidades de carpas de lona, 1.000 unidades de tiendas de campaña y 2.000 unidades de mantas”, informó el ministro.

Inundaciones

Brasil atraviesa una de las crisis climáticas más fuertes de su historia. Desde el 29 de abril las lluvias persisten con fuerza en el estado de Río Grande. Varias zonas de esta región se encuentran completamente inundadas.

Según el más reciente balance de Defensa Civil de Brasil, 76.483 personas fueron rescatadas. Sin embargo, se registran 148 fallecidos hasta el momento. Las precipitaciones también afectan a los animales; más de 11.000 animales, entre salvajes y mascotas, se rescataron de las inundaciones.

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Novillo espera que, en los próximos días, los demás ministerios hagan conocer el aporte que enviarán.

Envío

El envío está programado para el martes 21, desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, aunque todavía no se sabe en qué zona de Brasil se lo recibirá.

“Nuestro presidente (Luis Arce) se comunicó con el presidente del Brasil (Lula Da Silva) y le expresó su solidaridad por la grave situación de emergencia y desastres (…), el presidente del Brasil agradeció el gesto de solidaridad”, afirmó Novillo.

Las relaciones entre Brasil y Bolivia mejoraron bastante con la llegada de Lula a la presidencia del país vecino, a inicios de enero de 2023. Más allá de la ayuda bilateral entre ambos países en conflictos climáticos, ambos mandatarios tienen prevista una reunión en Bolivia, a mediados de julio, para tratar temas como la agroindustria y la producción de fertilizantes.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó que hubo “desinformación e información malintencionada” sobre el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, como decir que la norma obligaba a expropiar viviendas. “Es falso”.

El martes, el presidente Luis Arce abrogó la norma luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades privadas.

La decisión fue asumida luego de una solicitud del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB, Juan Carlos Huarachi, quien señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información” de algunos actores políticos.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva explicó que el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre alcaldías, Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

“Este decreto (consignaba) ordenar y señalizar sobre cuál era el camino para seguir y ponerle un alto a un desorden en el diseño institucional de Derechos Reales”, añadió.

Aseveró que el ahora abrogado decreto modificaba el Decreto 27967, firmado por el expresidente Carlos Mesa en 2004, que no implementaba la tecnología actual, los pagos en línea y la interoperabilidad.

“Hace 20 años no había tecnología. Nadie pensaba sobre la ciudadanía digital. La interoperabilidad le ayuda a Derechos Reales a garantizar la legalidad y legitimidad”, cuestionó Silva.

Admitió que la decisión de abrogar la norma fue política y tuvo el objetivo de evitar la desestabilización del Gobierno del presidente Luis Arce. “Fue una decisión política para prever un mal mayor”.

Asimismo, aseguró que “es falso» decir que Derechos Reales sea un registro discreto para los ciudadanos. “Derechos reales es un registro público al igual que el Serecí y Segip”.

El viceministro desafió a actores políticos y a algunos analistas a debatir sobre la norma. «Quisiera que nos digan qué artículo del Decreto 5143 es inconstitucional»

Advirtió que existen “intereses políticos y delincuenciales” por parte de políticos, estafadores y avasalladores para que no prosperen ciertos decretos, como el Decreto 4732, que señala que su objetivo es “la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles”.

Los gremiales del país advirtieron que se movilizarán este viernes en demanda de la anulación de otras normas y de una solución a la escasez de dólares.

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El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez auguró que la Cámara de Diputados apruebe la ley corta para continuar con el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales que fue suspendido el mes pasado.

El martes, los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para destrabar las judiciales.

Las elecciones judiciales fueron suspendidas el 30 de abril luego de que la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó en fojas cero el proceso.

Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha presentado una posición institucional y los legisladores tampoco han podido consensuar salidas al entrampamiento por las fracturas dentro de las bancadas.

La semana pasada, la bancada arcista del MAS en Diputados, encabezada por Jerges Mercado, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, solicitó al TCP, a través de un memorial, adelantar la revisión del fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló la preselección de los candidatos judiciales y ordenó un nuevo proceso.

Ninguna de las propuestas fue consensuada entre las bancadas y tampoco se convocó al pleno. Por ende, las judiciales continúan en el limbo y cada vez se acercan más las elecciones primarias, cuyo proceso también está en debate.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez defendió el proyecto de ley corta del Senado que permite la ampliación de los plazos para las elecciones judiciales y espera que sea aprobada en el pleno del Senado y, posteriormente, en Diputados.

“La preselección va a continuar más allá de que el Gobierno intente evitar que este proceso continúe”, dijo.

Responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, de impulsar la suspensión de las elecciones judiciales; aunque no presentó pruebas. “Creo que manifestaciones públicas de Lima sobre las judiciales son elementos probatorios de que el gobierno frena el proceso”.

Cuestionó el silencio de Choquehuanca y aseveró que el vicepresidente tiene la obligación de convocar al pleno de la Asamblea. “Es un imperativo de la Constitución”. Afirmó que ese comportamiento motivará a presentar una acción de incumplimiento en contra de Choquehuanca. 

“Tarde o temprano estarán sentados en el banquillo de los acusados los que cometan acciones omisivas. Reitero vamos a interponer esa acción de incumplimiento hoy. Esto no puede quedarse ahí”, advirtió.

A su vez, consideró que la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 “es monstruosa, deleznable” y que “han vulnerado la Constitución” al ampliar sus funciones. “Incurren en un grave delito”.

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Con el único objetivo de reencauzar las elecciones judiciales, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a una reunión bicameral, tripartidaria y de comisiones para las 15.00 de este jueves.

Reunión

Según un comunicado de la Vicepresidencial del Estado, fueron convocados a esa cita los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, los titulares de comisiones mixtas y, además, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas, Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El lugar de la reunión será el Salón de Videoconferencia de la Vicepresidencia del Estado.

De esta manera, Choquehuanca responde a los pedidos de las fuerzas políticas y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Reiteraron que el devenir de las elecciones judiciales dependía de la Asamblea Legislativa.

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Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia, considera que la convocatoria muestra la voluntad de seguir con el proceso. «Expresa la convicción de encaminar la materialización de las elecciones judiciales, En el marco del respeto al orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado”.

Soluciones

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió en reiteradas ocasiones a Choquehuanca llamar al diálogo. Ante la falta de respuesta, el martes encabezó una reunión con los representantes de las tres fuerzas políticas.

Así, se determinó elaborar una ley corta para que el plazo del proceso de preselección de candidatos se amplíe entre 30 y 40 días. Con el objetivo de no quede en foja cero.

Por su parte, según el comunicado de la Vicepresidencia, en la reunión se buscarán puntos de acuerdo “en el marco de la responsabilidad legal y constitucional”.

TSE

De acuerdo con el TSE, el proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional debe concluir a la brevedad posible. Existe el riesgo de que las elecciones judiciales y las elecciones primarias coincidan en calendario electoral.

Si ese fuera el caso, de acuerdo a la Ley de Régimen Electoral, las elecciones judiciales no se realizarían este año. Puesto que no se pueden llevar a cabo dos procesos electorales en simultáneo.

El presidente electo por el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, afirmó este miércoles que el congreso de unidad que se debate en las dos facciones de ese partido ya se realizó.

“Ya se ha llevado (adelante) el congreso de unidad, con todas las organizaciones matrices; ahí se demostró la unidad y a él le participaron en cuatro ocasiones invitándole”, dijo el electo presidente del MAS en una conferencia de prensa en la plaza Murillo, en La Paz.

De esa manera, García se refirió al encuentro del 3, 4 y 5 de mayo en El Alto que, en su criterio, participaron “más de 100 organizaciones sociales”. Asimismo, defendió la legitimidad de la convocatoria de ese encuentro, llamado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce. “Ha sido convocado por los dirigentes del MAS nacional, acompañados por nuestro Pacto”, dijo.

Grover García

También le mandó un mensaje al vigente titular del MAS, Evo Morales, y le pidió “tranquilidad”, debido a que “ya hay una nueva directiva” y que “él tiene que respetar las reglas”.

García ratificó la realización de un nuevo congreso ordinario para modificar los estatutos y reglamentos del MAS, pues considera que el estatuto vigente “está hecho a medida de algunas exautoridades”, en alusión a Morales. Cuestionó, por ejemplo, el requisito de la antigüedad de 10 años para cargos altos en ese partido. “No es favorable para las nuevas generaciones ni nuestras hermanas Bartolina”, consideró.

Si bien el MAS arcista celebró su congreso, aún resta conocer el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), cuyo plazo venció el martes. Luego de eso, el presidente nacional de esa oficina tiene dos días para validar o no dicho documento.

Congreso

Finalmente, la Sala Plena definirá el viernes, cuando se hayan cumplido los 10 días de plazo, si registra o no las resoluciones del encuentro ante el Órgano Electoral.

“Hemos presentado la documentación correcta, según los requisitos que tienen nuestros estatutos. Esperamos que se haga lo correcto”, defendió el dirigente.

Si bien el arcismo espera la respuesta del TSE, también está pendiente, por parte del mismo órgano, la respuesta respecto de la convocatoria a congreso del ala evista. Dicha actividad está prevista para el 10 de julio, en Villa Tunari, Cochabamba.