Bolivia celebró ayer la “invitación” del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, para resolver el diferendo marítimo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y consideró que el país vecino acepta así la competencia del tribunal para conocer el caso. “Las declaraciones del canciller Muñoz hay que celebrarlas, hay que tomarlas con regocijo, con alegría, porque él nos ha dicho que vayamos a La Haya. (…) Esa es nuestra intención desde el primer momento. Queremos que la Corte Internacional de La Haya resuelva, en el marco del derecho internacional, el derecho histórico (boliviano) de acceso soberano al mar”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante una conferencia de prensa.
“Todo tiene un límite, nos vemos en La Haya”, declaró ayer Muñoz tras conocerse las dudas del presidente Evo Morales sobre el trabajo del cónsul chileno, Milenko Skoknic. El Mandatario —en una entrevista concedida al diario El Deber— avizoró la posibilidad de declararlo “persona no grata”. La gobernante chilena, Michelle Bachelet, criticó ayer las afirmaciones de Evo Morales y remarcó que estas declaraciones no contribuyen “al respeto y al diálogo”.
Romero efectuó ayer un recuento de los pronunciamientos de Bolivia y Chile sobre el desarrollo reciente del reclamo marítimo, además del pronunciamiento del papa Francisco en favor del diálogo “franco y abierto” para hallar soluciones a los problemas por muy “espinosos “que éstos sean y las sospechas de Morales sobre Skoknic.
De hecho, el ministro Romero, confirmó que el Ejecutivo, por su prerrogativa, investiga al diplomático chileno residente en La Paz por presunta injerencia en la política interna del país. “Vamos a comunicar en el momento indicado (…) por la vía diplomática cuando tengamos los elementos conclusivos suficientes”, apuntó.
La autoridad también comentó las declaraciones del Canciller chileno respecto a la “libertad” que tiene la cónsul boliviana en Santiago, Magdalena Cajías, y aseguró que el Gobierno chileno tiene derecho de hacer el seguimiento que considere pertinente.
LITIGIO. En 2013, Bolivia demandó a Chile en la CIJ para que la Corte declare que hay obligación de negociar “de buena fe” un acceso soberano al mar sobre la base de propuestas realizadas por Santiago a lo largo de la historia. La posibilidad de litigar fue rechazada por el gobierno de Bachelet con una acción que impugnó la competencia del tribunal.
La pasada semana, el agente de Bolivia en la CIJ, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, anticipó que la primera semana de septiembre se conocerá la fecha del fallo sobre el recurso chileno que intenta frenar el desarrollo de este caso. Santiago alega que la demanda del país fue zanjada con el Tratado de 1904 que fijó las fronteras entre ambos países, un pacto que no figura en la demanda.
El Procurador del Estado, Héctor Arce, consideró que la CIJ y el papa Francisco también “deben tomar nota” de la alocución de Muñoz, puesto que el tribunal “reconoce las declaraciones de las personas autorizadas” de un país. Bachelet y Muñoz son los responsables de la línea diplomática chilena “Tienen una consecuencia jurídica”, aseguró Arce. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que Morales debería exhibir las pruebas que tiene contra Skoknic para validar su probable expulsión, de acuerdo con el derecho internacional.
Convención de Viena de las RREE
Cónsules
El ministro Romero recordó ayer que la Convención de Viena (artículos 5 y 55) sobre asuntos consulares regula las atribuciones de los representantes diplomáticos sobre la base del desarrollo de los principios de la amistad, integración y no injerencia en asuntos internos. Bolivia y Chile no tienen relaciones de embajadores hace 37 años.
Bachelet: declaraciones no son aceptables
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró ayer que las declaraciones del presidente Evo Morales respecto de la susceptibilidad que generó las reuniones del cónsul Milenko Skoknic “no son aceptables” porque no contribuyen “al respeto, al diálogo y al entendimiento” de la región.
“Hoy más que nunca América Latina requiere y necesita de la unidad, del diálogo y la cooperación para enfrentar los desafíos del desarrollo, por tanto, no creemos que tengan cabida declaraciones o actitudes que no contribuyan justamente a ese clima”, señalo Bachelet, según consignó EFE.
En una entrevista publicada el martes por el diario cruceño El Deber, el mandatario Morales adelantó que analiza la expulsión del Cónsul chileno y su declaración como “persona no grata” por las reuniones que sostuvo con dirigentes y autoridades opositoras. El Gobierno asegura que Santiago promueve la inestabilidad en el país.
El mismo martes, el canciller Heraldo Muñoz había cerrado toda posibilidad de diálogo para solucionar el diferendo tras convocar a La Paz a dilucidar el asunto en la Corte Internacional de Justicia, sin embargo ayer revisó su actitud y aseguró a la televisora chilena TVN que “en diplomacia uno nunca puede cerrar una puerta, siempre tiene que estar dispuesto a conversar, a buscar soluciones”, según reportó el diario La Tercera.
El diálogo por el mar en la agenda bilateral
8 de julio
A su arribo a Bolivia, el papa Francisco aboga por el “diálogo” como un aspecto “indispensable” para solucionar el diferendo que sostienen Bolivia y Chile desde 1879.
10 de julio
Tras las invocaciones del pontífice Francisco y su afirmación de que el reclamo marítimo “no es injusto”, el canciller Muñoz plantea reponer las relaciones con Bolivia.
27 de julio
Evo Morales acepta reponer embajadores inmediatamente con una ruta de cinco años para resolver el reclamo marítimo. Propone al Papa como garante.
31 de julio
Morales, tras revelar dos misivas suscritas por Francisco, considera que el Santo Padre “está convencido con el tema del mar”, con la causa de un acceso soberano al mar.
4 de agosto
Muñoz deja que este tema se resuelva en la CIJ, que debe resolver su tuición sobre el litigio, tras conocer las dudas de Morales sobre el cónsul chileno, Milenko Skoknic.
5 de agosto
El Gobierno confirma que investiga al cónsul Skoknic y asegura que Chile acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar el caso boliviano.