La falta de una credencial legalizada provocó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralice el trámite de admisión y la posterior revisión de constitucionalidad del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. La Asamblea de esa región aseguró que el problema ya fue enmendado.
El auto constitucional 0292/2015, emitido el 29 de julio, cuestiona la falta de la presentación de una copia simple legalizada de la credencial de la presidenta del legislativo cruceño, Kathia Quiroga, que es otorgada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La resolución dispone, además, que “la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz se sirva subsanar las deficiencias formales observadas, sea en el plazo de cinco días a partir de su notificación”. Quiroga confirmó que el martes recibió la notificación del TCP para corregir las falencias que frenaron la admisión del documento y su posterior devolución.
Proceso. Según la legisladora, el Estatuto fue entregado esa misma tarde de la notificación con las enmiendas solicitadas por el TCP. “Ahora estamos a la espera de que se realice el sorteo correspondiente para ver qué magistrados serán seleccionados para hacer el control constitucional del Estatuto aprobado en un referendo en 2008 y adecuado a la Constitución en julio pasado”, indicó la autoridad regional.
Además, precisó que este impedimento nada tiene que ver con la constitucionalidad del proyecto de norma autonómica. “Estamos atentos a toda la solicitud o requerimiento que pueda tener el TCP, porque nuestro interés es que el documento sea validado en un tiempo prudente”, indicó.
El 17 de julio, la Asamblea regional concluyó la adecuación de la norma a la Constitución Política del Estado (CPE) y se la entregó al gobernador Rubén Costas con la premisa de estrenar el Estatuto el 21 de septiembre, fecha del aniversario regional.
El jefe de la bancada de oficialista Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Marco Mejía, explicó que de acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Revisión del TCP tiene un plazo de diez días para verificar si la documentación presentada es la correcta. En caso de no existir ninguna otra observación, el trámite es admitido. “No fue oficialmente aceptado”, dijo.
No obstante, los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), agrupados en el denominado Bloque Oriente, esperan el fallo constitucional para asumir medidas de presión que impidan la aplicación de la normativa. Mario Renterías, dirigente de este colectivo, aseguró que el Estatuto se redactó sin consenso y que las propuestas de este sector no fueron tomadas en cuenta en el proyecto. En tanto, el oficialista Movimiento Demócrata Social (Demócratas) desvirtuó esas afirmaciones y destacó la participación de la bancada indígena. Con 17 legisladores, Demócratas tiene mayoría en la Asamblea . Le sigue el MAS con seis representantes y cinco indígenas que respaldaron al bloque de mayoría para validar el Estatuto.
El proceso autonómico en el país
Vigencia
Solo Pando y Tarija cuentan con sus normativas vigentes.
Consulta
La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba someterán sus estatutos a un referendo, el 20 de septiembre.
Validación
Los estatutos autonómicos de las cinco regiones deben ser aprobados con el 50 por ciento más uno de los votos.
Revisión
La Asamblea de Beni aún adecua su norma a la CPE, mientras que Santa Cruz espera la revisión y el fallo del TCP.
Autonomías: No es un tema de fondo
El viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Emilio Rodas, indicó que la paralización del trámite de revisión constitucional del Estatuto de Santa Cruz se debe a una falencia administrativa y “no es un tema de fondo”. “Es una primera revisión. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) todavía no se ha pronunciado sobre la revisión. Se deben corregir algunos defectos de forma”, informó Rodas a este medio.
La autoridad indicó que “sería lo óptimo” que hasta fin de 2015 los nueve departamentos del país puedan aplicar sus estatutos autonómicos, pero precisó que este proceso —por lo menos en el caso de Santa Cruz y Beni si su Asamblea logra aprobar la norma— está sujeto a los plazos fijados por el TCP.
Rodas lamentó que en el proceso de redacción de la normativa cruceña no se hayan generado acuerdos y consensos. “En Beni se están aplicando mecanismos de consensos mucho más amplios que en el caso de Santa Cruz porque se ha formado una comisión política”, explicó la autoridad.