Nacional

viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 18:30

Food’s Company devolvió a la Policía Bs 5 MM de anticipo

Víveres. No hay irregularidades, afirma el abogado de la empresa

/ 12 de agosto de 2015 / 07:41

Sergio Arze, abogado de Food’s Company S.A., afirmó que esa empresa devolvió, el 24 de julio, el anticipo de Bs 5.016.143 que le fue otorgado por la Policía Boliviana para garantizar la provisión de víveres para la gestión 2015. Con ello, negó participación alguna de la compañía en hechos irregulares.

El representante legal entrevistado explicó que el Comando General de la Policía solicitó, mediante la Aseguradora Alianza, que se devuelva esos recursos, por lo que la directiva de la empresa determinó entregar el dinero, una vez que conoció la notificación de la citada instancia.

“La empresa dispuso inmediatamente los recursos para que la compañía Aseguradora Alianza pague a requerimiento del Comando policial el anticipo de iniciativa propia”, reveló el representante legal de la empresa.

Búsqueda. Explicó que los personeros de la empresa, al enterarse de los conflictos en la institución del orden, decidieron devolver el dinero, por lo que la empresa “intentó infructuosamente comunicarse con gente de la Policía Boliviana para realizar el pago y resolver el contrato de manera amigable”. No se tuvo éxito, agregó.  

Las presuntas irregularidades en la firma de este contrato son investigadas por la Fiscalía. En el caso están implicados el excomandante de la Policía Luis Cerruto y el exdirector Administrativo Financiero general Hugo Baldiviezo, entre otros, por causar, aparentemente, un daño económico al Estado de más de Bs 5 millones por el anticipo y sobreprecio para la adquisición de víveres.

La Aseguradora Alianza envió una nota el 31 de julio al comandante general de la Policía, Édgar Téllez, con la notificación de la entrega de los más de Bs 5 millones por parte de la empresa con la que realizaron el contrato para la provisión de víveres, detalló Arze. El jurista informó que el cheque con número 5662 del Banco Bisa fue girado el 24 de julio a nombre de la empresa aseguradora para que a través de esta instancia se haga la entrega a la Policía Boliviana.

El abogado de Food’s Company lamentó que sus clientes, el presidente del directorio de la empresa, Gróver V., y el gerente general Marcelo G., hayan sido aprehendidos en la ciudad de Cochabamba, a pesar de que tenían la predisposición de colaborar en las investigaciones iniciadas por la comisión del Ministerio Público.

“El único pecado que han cometido es no venir antes (a declarar), ante el escándalo público que se suscitó, pero los ejecutivos de la empresa no tienen nada que ocultar, más bien se sienten víctimas”, sostuvo Arze.

Resaltó que la empresa cumplió todos los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181 de normas de contratación con el Estado, por lo que aseguró que Food’s Company “no cometió ningún tipo de irregularidad” en la adjudicación del contrato con la institución policial.

Tras suscribir el contrato en febrero de este año, la empresa adquirió la materia prima y se alquiló galpones, con las condiciones de higiene, para garantizar que el producto tenga buena calidad al momento de entregar los víveres a los efectivos de la Policía.

La pesquisa en el caso

Implicados

El Ministerio Público investiga a unos 12 policías y personal civil implicados en presuntos hechos de corrupción por la compra de víveres.

Detención

El excomandante de la Policía Luis Cerruto tiene detención domiciliaria por el caso.

Fiscal garantiza imparcialidad

El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, garantizó ayer una persecución penal imparcial en contra de las personas implicadas en la firma del contrato de adquisición de harina entre la Policía Boliviana y la empresa Food’s Company S.A. de Cochabamba.

“La comisión de fiscales coordina todas sus actuaciones mediante el apoyo de la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía General del Estado, porque estamos en una misión, en una labor clara. Creo que estamos demostrando un trabajo que obedece a una verdadera persecución penal imparcial”, sostuvo la autoridad.

Rollano indicó que en el caso están identificados más de 11 presuntos responsables: el ex director nacional Administrativo de la Policía, Hugo Baldiviezo Cardoso y los funcionarios Paola Isabel Ergueta Peredo, Felipe Loza Mullisaca, Antonio Samo Mamani, Félix Claros Calderón y Ricardo Churata, entre otros, reportó ABI.

En este caso también se investiga al presidente del directorio y al gerente general de Food’s Company S.A. aprehendidos el lunes en la ciudad de Cochabamba y conducidos a La Paz, para que respondan por el presunto contrato ilegal en la compra de 83.000 quintales de harina y en la adjudicación del contrato con la Policía.

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Revocan decisión de la juez Lima y la Fiscalía retoma investigación a hermanas de Doria Medina

La Justicia revocó la decisión de la juez Melina Lima de extinguir la causa que se seguía a las hermanas del político y empresario Samuel Doria Medina

En septiembre, María Lourdes Doria Medina fue aprehendida en Santa Cruz cuando se aprestaba a viajar a España por cuestiones de salud. Fue trasladada a La Paz y luego de unas horas fue liberada.

/ 22 de octubre de 2021 / 17:19

La Fiscalía reabrió el caso de las hermanas del empresario y políticos Samuel Doria Medina por su vinculación a la empresa offshore Akapana SA., luego que la Justicia anulara la decisión de la juez Melina Lima de extinguir la causa, informó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave.

“Han sido revocadas las dos resoluciones que ha emito la juez Lima y han considerado los vocales que no deba cerrarse estos casos, por consiguiente esas investigaciones van a continuar”, explicó y cuestionó que la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) defienda a Lima.

Lima, jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, fue aprehendida el jueves por haber cerrado el caso de las hermanas de Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Fue acusada por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Lee también: Aprehenden a la jueza que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La Amalap se declaró en emergencia por la aprehensión y proceso contra la jueza Melina Lima por haber cerrado el caso contra las hermanas de Doria Medina. El Viceministerio de Transparencia apeló esa decisión y la Justicia reabrió la causa judicial.

Lee también: La Fiscalía deja en libertad a la hermana del político y empresario Samuel Doria Medina

Alave sugirió a los jueces leer los argumentos con los cuales Lima pretendió cerrar el caso por la empresa offshore Akapana SA y les recordó que por Constitución no prescriben aquellos delitos que afecten los intereses del Estado y que haya cometido un funcionario público.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

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Héctor Arce dice que su ‘cruzada’ en la OEA solo busca la verdad y no es contra nadie

“Algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables; las cosas en definitiva no están bien (…) y no pueden seguir así”, remarcó el Embajador.

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 17:00

Durante su intervención en el evento que organizó en Washington con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, el embajador del país ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que su “cruzada” solo busca la verdad y no es contra nadie.

“Nuestra cruzada no es por nada más ni nada menos que una cruzada por la verdad, no es en contra de nadie ni busca otro fin que el definitivo esclarecimiento de los hechos por el bien de Bolivia, pero también por el bien de todos los países miembros de la Organización que jamás deben estar expuestos a una situación como la que nosotros vivimos”, dijo.

La representación boliviana, con el apoyo de México y Argentina, propició un evento, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, en el Salón de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos, con la participación de distintos embajadores y académicos.

En el evento, Arce reiteró que otros estudios establecieron que “nunca hubo manipulación dolosa” de las elecciones en Bolivia, como estableció la Secretaría General de la OEA en su cuestionada auditoría, que incluso provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta ocasionar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

“Es más, jamás hubo prueba alguna ni siquiera el menor indicio de que en las elecciones haya habido manipulación alguna; también se descubrió (en esos estudios) que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden en lo más mínimo a los estándares internacionales que deben seguirse y que incluso las muestras, que se dice fueron utilizadas, no cumplen el mínimo estándar para una labor forense”, sostuvo.

Agregó que las investigaciones descubrieron que se cometieron “errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de la auditoría, y concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense”.

Por tanto, “con lo ocurrido en Bolivia el año 2019, (…) algunas instancias de la Organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio; lamentamos que no hayan venido aquí de frente a defender sus postulados”, afirmó.

También puede leer: Secretaría de la OEA ve justas de 2019 como ‘tema cerrado’ y descarta invitación de Arce.

Además, dijo que ante una próxima Asamblea General de la OEA, por todo lo que está ocurriendo en la región y en el mundo entero, “debemos tomar conciencia de que las cosas en definitiva no están bien dentro de la Organización y que no pueden seguir así”.

“No podemos mirar para un lado como si nada existiera y no podemos negar la realidad que está frente a nosotros. En ese entendido, este evento, sencillo, simple, personal y virtual, (solo) busca informar, busca transparentar y busca en definitiva la verdad”, insistió.

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Cox anuncia sanción a los responsables del fallecimiento de un reo en Chonchocoro

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, condenó la participación de algunos policías en este “innoble” hecho.

El viceministro Nelson Cox

/ 22 de octubre de 2021 / 13:43

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, anunció este viernes que se realizarán investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones por la muerte de Christopher Condori en el penal de Chonchocoro de La Paz.

“(Expresamos nuestra) total predisposición para que se esclarezca esto, total predisposición para que no solamente ingrese la Defensoría del Pueblo, sino los servicios de prevención contra la tortura haga su trabajo (…). Se tiene que sancionar a los responsables”, aseguró el funcionario en un contacto con RTP.

Además, condenó la participación de algunos policías en ese hecho. “No vamos a permitir que ese tipo de actos sean normales en las cárceles; no vamos a permitir que algunos efectivos policiales usen el uniforme para fines innobles”, advirtió.

El 18 de octubre, Condori fue hallado sin vida en su celda del penal de Conchocoro, en La Paz. Las investigaciones preliminares dan cuenta que el fallecido presentaba varias contusiones en su cuerpo, además de 13 costillas fracturadas y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), que presuntamente ocasionaron su deceso.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, calificó de “vejámenes y torturas” lo ocurrido con el privado de libertad, quien debía dejar ese recinto penitenciario el 20 de octubre.

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Evento en Washington que rebate la auditoría de la OEA causa protestas a favor y en contra

Un grupo aseguró que hubo “golpe de Estado” en 2019 y otro, que existió “fraude electoral”.

Las protestas en Washington. Fotos: RRSS.

/ 22 de octubre de 2021 / 13:42

Un evento en Washington, Estados Unidos, organizado por el embajador boliviano Héctor Arce con el fin de rebatir la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia, generó este viernes protestas a favor y en contra.

El encuentro, denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, se realizó en el Salón de las Américas de la OEA en Washington con la participación de distintos embajadores y académicos, y afuera del edificio se concentraron varias personas.

Un grupo de personas llegó al lugar con banderas de la tricolor y de la wiphala, además de carteles en los que se exigía justicia por los muertos en las masacres de Sacaba y Senkata y también se aseguraba que hubo “golpe de Estado” en Bolivia durante la crisis de 2019.

Asimismo, este grupo protestó con carteles en contra de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que impulsó una cuestionada auditoría a las elecciones anuladas en Bolivia y que estableció que hubo una “manipulación dolosa” de los votos, lo cual provocó el agravamiento de la crisis de 2019 hasta provocar la renuncia del entonces presidente Evo Morales (el 10 de noviembre) en medio de protestas por un supuesto “fraude electoral”.

Mientras otro grupo de manifestantes se concentró afuera del evento con banderas de la tricolor y de la flor del patujú.

Según videos difundidos en distintas plataformas digitales, este segundo grupo también entonó el Himno Nacional y en sus carteles escribió que “en Bolivia no hubo golpe de Estado”, sino “fraude”.

Además, condenó la supuesta persecución política a opositores y exigió la abrogación de un paquete de leyes impulsado por el gobierno de Luis Arce.

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Diputado Pedrazas dice que el Gobierno no tiene voluntad de desmantelar ‘grupos irregulares’

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) aseguró que el Gobierno aplica una “persecución selectiva” a los grupos y personas que son contrarios a la administración de Luis Arce.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta, de la Razón.

Por Mauricio Diaz

/ 22 de octubre de 2021 / 13:34

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este viernes que el gobierno de Luis Arce no tiene voluntad para desmantelar organizaciones como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) por su participación en los conflictos poselectorales de 2019.

“No hay una voluntad por parte del Gobierno para desarticular estos grupos; (…) en lugar de desarticular este tipo de grupos irregulares los denuncia, pero después no hay una respuesta objetiva”, aseguró el legislador en una entrevista con La Razón Radio.

Las declaraciones suceden la alerta de la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, quien, en carta dirigida al viceministro Nelson Cox, alertó de “grupos paraestatales violentos” que amenazan a activistas de derechos humanos de su país, por los que demandó del Gobierno su “desmantelamiento”.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, denunció Phillips en esa carta.

Además, el abogado estadounidense Thomas Becker, que patrocinó a las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, denunció también que es objetivo de amenazas incluso de muerte en La Paz y Cochabamba.

Pedrazas recordó que en la crisis de 2019 también actuaron grupos violentos que atacaron propiedades privadas y a los buses PumaKatari, en La Paz.

Denunció además que existe una “persecución selectiva” a los grupos y personas que son contrarios a la administración de Luis Arce. “Hay una fijación respecto a quienes son contrarios al Gobierno y hay todo un riguroso peso de la ley que cae sobre ellos”, afirmó el diputado opositor.

En agosto de este año, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe que establece que en el gobierno de Evo Morales y la gestión de la ahora detenida Jeanine Áñez hubo vulneración de derechos humanos, por lo que, en la visión del diputado, “el Gobierno debería tomar una posición intermedia y no parcializarse” con un solo grupo.

Calificó de “exabruptos” las acciones de esas organizaciones que, en su criterio, actuaron en repudio de un “fraude electoral”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones asfixiado por protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, además de un motín policial y una sugerencia militar sobre su dimisión.

Dos días después, la entonces senadora Áñez se declaró presidenta de esa Cámara de Senadores y posteriormente presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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