El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará la campaña de difusión de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Desde el lunes, a través de los tribunales departamentales, distribuirá al menos un millón de ejemplares en las regiones que irán a referéndum el 20 de septiembre.
El vocal José Luis Exeni aclaró que esa actividad no busca generar una intención de voto en la población (por el Sí o el No), sino crear espacios de debate y discusión para que el ciudadano vaya a las urnas con la “mayor información” sobre esos documentos.
“Hemos asumido que el trabajo de difusión y socialización de los estatutos será amplio, en el cual el Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales asumirán un esfuerzo especial con todo el cuidado para que ello no implique establecer un posicionamiento en favor o en contra de los estatutos, porque esa es decisión de la ciudadanía”, explicó ayer el vocal.
Proceso. El millón de copias de estatutos y cartas orgánicas será distribuido en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; además de Charagua (Santa Cruz), donde habrá un referéndum aprobatorio de su estatuto de conversión indígena. Para ese fin, se habilitó a 3.871.766 ciudadanos y 18.168 mesas para la consulta autonómica, que esta vez no contará con observadores internacionales.
Para las elecciones subnacionales de marzo llegaron veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
Según Exeni, esas misiones se planifican “con mucho tiempo y son muy costosas” y ahora se optó por invitar a personalidades del exterior para acompañar, en especial, el proceso de autonomías indígenas y ya se cursan invitaciones a organizaciones indígenas de la región y del Foro Permanente de Naciones Indígenas de la ONU.
Con todo, el proceso está en marcha con un padrón nacional consolidado. Se depuró a 23.863 ciudadanos y el registro se redujo; para los comicios de marzo se habilitó a 6.043.162 votantes y ahora son 6.019.299. El TSE justificó la variación en la base de datos, en el entendido de que se depuró a difuntos y se inhabilitó a las personas que no cumplieron su deber como jurados las pasadas elecciones.
Tras cumplir esa fase, ahora resta socializar los documentos autonómicos. Para ese efecto, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz repartirá 500.000 ejemplares; en Chuquisaca, 180.000; 250.000 copias en Cochabamba; además de 90.000 en Oruro; y 120.000 en Potosí. En la contratapa de cada texto estará impresa una copia de la boleta para la consulta ciudadana.
Se coordinará con concejos municipales, grupos de mujeres, juntas vecinales y otros sectores sociales para coadyuvar en la distribución y socialización del material electoral, dijo Exeni. En virtud del reglamento de difusión de propaganda, Exeni aseguró que no habrá “ningún tipo de monitoreo, control o restricción” a los medios de comunicación de las seis regiones cuando difundan información sobre los estatutos y las cartas orgánicas.
Campaña y excusas
Registro
Desde el domingo, 35 organizaciones pueden hacer campaña por el Sí o por el No. Ese mismo día se publicará la lista de jurados electorales que serán elegidos hoy. Tendrán cinco días para presentar excusas.
Las FFAA se suman a la socialización de estatutos
Angélica Melgarejo
La presidenta del TED de Cochabamba, María Betzabé Merma, anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) coadyuvarán con la socialización del Estatuto en esa región. El 26 de agosto se aprobará un plan de distribución en la ciudad; en el área rural se trabajará con sectores sociales.
“Estamos hablando del área urbana, Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto hasta Sipe Sipe. El 26 de agosto nos darían el plan de cobertura en el que podrían apoyar”, dijo la autoridad, quien prevé que el trabajo se realice entre el 5 y el 12 de septiembre.
El TSE modificó el reglamento para la difusión de propaganda que, entre otras cosas, contempla que esa institución pueda impulsar la campaña de difusión y socialización de estatutos autonómicos y cartas orgánicas de cara al referéndum del 20 de septiembre.
Asimismo, la normativa no contempla restricciones a medios de comunicación y permite que cualquier ciudadano, incluyendo autoridades nacionales y subnacionales, haga campaña en favor o en contra de los documentos autonómicos. La única condición es que no use recursos públicos o lo haga en horarios de trabajo.