A través del Decreto Supremo 2493, vigente desde ayer, el Gobierno creó el Fondo de Desarrollo Indígena y ordenó la liquidación de la oficina antecesora, sobre la que pesa un daño económico al Estado de al menos Bs 14,5 millones por la no ejecución de 30 obras productivas rurales. Después de nueve años y ocho meses de vigencia, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) deja de funcionar, sumido en denuncias de corrupción.

Un informe de la Contraloría dio cuenta en febrero de que el daño económico al Estado, por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales, llegó a Bs 71 millones, por 153 proyectos de desarrollo productivo inconclusos. El miércoles concluyó la intervención por el lapso de seis meses a esta oficina, en la que se determinó que al menos 30 obras no fueron ejecutadas, pese a desembolsos, y que la pérdida alcanzaba a Bs 14,5 millones. Pero el daño puede llegar a Bs 102 millones, debido a que están pendientes otras auditorías.

Por el uso irregular del dinero destinado a proyectos, se acusó a tres ejecutivos del FDPPIOYCC: Marco Aramayo, Julia Parra y Daniel Zapata, de los que los dos primeros están detenidos preventivamente, mientras que el tercero está prófugo. También están implicados al menos 90 dirigentes de los sectores campesinos e indígenas, a quienes se les acusa de haber recibido dinero de esta repartición en cuentas bancarias personales. Entre las sindicadas está Julia Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ahora, según el nuevo decreto, Larisa Fuentes, interventora del FDPPIOYCC, tiene la misión dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el lapso de un año. Uno de sus principales objetivos es continuar con los procesos jurídicos en contra de los ejecutivos y dirigentes que resulten responsables del manejo irregular de los fondos económicos destinados a ejecutar obras productivas en el área rural.

Uno de los cambios fundamentales que fija la norma legal, para la transición, es que el Fondo de Desarrollo Indígena estará a cargo de un Director General Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema, que ya no contará con un directorio, como en la anterior administración.

También se establece la finalidad de la creación de esta repartición, destinada a gestionar, financiar, ejecutar y fiscalizar programas de proyectos para el desarrollo productivo rural, aspecto que fue anunciado por el presidente Evo Morales el miércoles. En la anterior administración, se daba curso a proyectos de fortalecimiento, tales como la realización de cursos y talleres de capacitación. 

Consejo. El Gobierno, a través de este decreto, también crea el Consejo Consultivo, conformado por los titulares de los ministerios de Desarrollo Rural, Presidencia, Desarrollo Productivo, Medio Ambiente, Planificación y de Economía, además de los máximos dirigentes de los campesinos, indígenas, originarios, interculturales y mujeres campesinas Bartolina Sisa.

Este Consejo, según lo estipula la normativa, es una instancia deliberativa, participativa y de formulación de propuestas de políticas y planes para el fomento del desarrollo productivo. Entre sus funciones también está el evaluar el trabajo de este fondo.

Entre las fuentes de financiamiento se ratifica el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) “monto que será deducido del saldo correspondiente al Tesoro General de la Nación (TGN). Esta disposición estaba vigente desde diciembre de 2005. También se habilita a las donaciones o créditos, internos o externos con el fin de ayudar al desarrollo.

Autorizan el contrato directo

Disposición

A través del Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto y publicado ayer, se autoriza al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena realizar la contratación directa de obras, bienes y servicios, destinados a la ejecución de programas y proyectos productivos rurales.

Proceso

El procedimiento para la contratación directa debe ser aprobado por una resolución expresa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena.

Registro

Tras la contratación directa, la información debe ser presentada ante la Contraloría General del Estado, según la normativa emitida por esa entidad. Además,   se debe registrar este procedimiento en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), siempre y cuando el monto de la obra, bien o servicio tenga un costo mayor a los Bs 20.000.

Fiscalía analiza resultados de la intervención 

Yuri Flores

La comisión de fiscales a cargo de las investigaciones del caso Fondo Indígena tiene previsto reunirse próximamente para analizar los resultados de la intervención y convocar a los implicados de ocasionar un daño económico al Estado de Bs 14,5 millones, informó una fuente de Ministerio Público.

El informe de la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, establece que existen 30 proyectos fantasma y que se detectaron 713 proyectos considerados “con plazo no vigente”, cuyo daño alcanzaría a los Bs 102,2 millones.

El Ministerio Público, en febrero, inició las investigaciones tras conocer el informe de la Contraloría que identificó un daño de Bs 71 millones por 153 proyectos. La comisión de fiscales está conformada por Anghelo Saravia, Gregorio Blanco y Elsi Villafranqui.

Inocencia. En la lista de la interventora, donde figuran representantes indígenas que recibieron recursos económicos para la ejecución de proyectos, está Felipa Huanca, exdirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, quien afirmó que no cometió ningún tipo de irregularidad en el manejo de los proyectos, por lo que presentó todos los descargos. Pidió un informe a la interventora sobre su presunta vinculación en los proyectos fantasma.

“El 14 de noviembre 2011 he dado informe y con esta intervención nuevamente todo hemos documentado. Hay un proyecto de fortalecimiento, también hemos documentado, no hay otro, estoy esperando el informe de la interventora”, manifestó Huanca ante los medios de comunicación.

El abogado de Huanca, Gonzalo Cordero, dijo que su cliente, cuando era dirigente, recibió recursos para dos programas, el proyecto Ayni Productivo y el Plan de Fortalecimiento, de los cuales se presentaron las documentaciones correspondientes. “En el primero son Bs 90.000, en el segundo no tengo con precisión. Era un proyecto de Bs 140.000. Se nos ha desembolsado casi Bs 90.000”, especificó el jurista.

A través del Decreto Supremo 2493, vigente desde ayer, el Gobierno creó el Fondo de Desarrollo Indígena y ordenó la liquidación de la oficina antecesora, sobre la que pesa un daño económico al Estado de al menos Bs 14,5 millones por la no ejecución de 30 obras productivas rurales. Después de nueve años y ocho meses de vigencia, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) deja de funcionar, sumido en denuncias de corrupción.

Un informe de la Contraloría dio cuenta en febrero de que el daño económico al Estado, por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales, llegó a Bs 71 millones, por 153 proyectos de desarrollo productivo inconclusos. El miércoles concluyó la intervención por el lapso de seis meses a esta oficina, en la que se determinó que al menos 30 obras no fueron ejecutadas, pese a desembolsos, y que la pérdida alcanzaba a Bs 14,5 millones. Pero el daño puede llegar a Bs 102 millones, debido a que están pendientes otras auditorías.

Por el uso irregular del dinero destinado a proyectos, se acusó a tres ejecutivos del FDPPIOYCC: Marco Aramayo, Julia Parra y Daniel Zapata, de los que los dos primeros están detenidos preventivamente, mientras que el tercero está prófugo. También están implicados al menos 90 dirigentes de los sectores campesinos e indígenas, a quienes se les acusa de haber recibido dinero de esta repartición en cuentas bancarias personales. Entre las sindicadas está Julia Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ahora, según el nuevo decreto, Larisa Fuentes, interventora del FDPPIOYCC, tiene la misión dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el lapso de un año. Uno de sus principales objetivos es continuar con los procesos jurídicos en contra de los ejecutivos y dirigentes que resulten responsables del manejo irregular de los fondos económicos destinados a ejecutar obras productivas en el área rural.

Uno de los cambios fundamentales que fija la norma legal, para la transición, es que el Fondo de Desarrollo Indígena estará a cargo de un Director General Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema, que ya no contará con un directorio, como en la anterior administración.

También se establece la finalidad de la creación de esta repartición, destinada a gestionar, financiar, ejecutar y fiscalizar programas de proyectos para el desarrollo productivo rural, aspecto que fue anunciado por el presidente Evo Morales el miércoles. En la anterior administración, se daba curso a proyectos de fortalecimiento, tales como la realización de cursos y talleres de capacitación. 

Consejo. El Gobierno, a través de este decreto, también crea el Consejo Consultivo, conformado por los titulares de los ministerios de Desarrollo Rural, Presidencia, Desarrollo Productivo, Medio Ambiente, Planificación y de Economía, además de los máximos dirigentes de los campesinos, indígenas, originarios, interculturales y mujeres campesinas Bartolina Sisa.

Este Consejo, según lo estipula la normativa, es una instancia deliberativa, participativa y de formulación de propuestas de políticas y planes para el fomento del desarrollo productivo. Entre sus funciones también está el evaluar el trabajo de este fondo.

Entre las fuentes de financiamiento se ratifica el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) “monto que será deducido del saldo correspondiente al Tesoro General de la Nación (TGN). Esta disposición estaba vigente desde diciembre de 2005. También se habilita a las donaciones o créditos, internos o externos con el fin de ayudar al desarrollo.

Autorizan el contrato directo

Disposición

A través del Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto y publicado ayer, se autoriza al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena realizar la contratación directa de obras, bienes y servicios, destinados a la ejecución de programas y proyectos productivos rurales.

Proceso

El procedimiento para la contratación directa debe ser aprobado por una resolución expresa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena.

Registro

Tras la contratación directa, la información debe ser presentada ante la Contraloría General del Estado, según la normativa emitida por esa entidad. Además,   se debe registrar este procedimiento en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), siempre y cuando el monto de la obra, bien o servicio tenga un costo mayor a los Bs 20.000.

Fiscalía analiza resultados de la intervención 

Yuri Flores

La comisión de fiscales a cargo de las investigaciones del caso Fondo Indígena tiene previsto reunirse próximamente para analizar los resultados de la intervención y convocar a los implicados de ocasionar un daño económico al Estado de Bs 14,5 millones, informó una fuente de Ministerio Público.

El informe de la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, establece que existen 30 proyectos fantasma y que se detectaron 713 proyectos considerados “con plazo no vigente”, cuyo daño alcanzaría a los Bs 102,2 millones.

El Ministerio Público, en febrero, inició las investigaciones tras conocer el informe de la Contraloría que identificó un daño de Bs 71 millones por 153 proyectos. La comisión de fiscales está conformada por Anghelo Saravia, Gregorio Blanco y Elsi Villafranqui.

Inocencia. En la lista de la interventora, donde figuran representantes indígenas que recibieron recursos económicos para la ejecución de proyectos, está Felipa Huanca, exdirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, quien afirmó que no cometió ningún tipo de irregularidad en el manejo de los proyectos, por lo que presentó todos los descargos. Pidió un informe a la interventora sobre su presunta vinculación en los proyectos fantasma.

“El 14 de noviembre 2011 he dado informe y con esta intervención nuevamente todo hemos documentado. Hay un proyecto de fortalecimiento, también hemos documentado, no hay otro, estoy esperando el informe de la interventora”, manifestó Huanca ante los medios de comunicación.

El abogado de Huanca, Gonzalo Cordero, dijo que su cliente, cuando era dirigente, recibió recursos para dos programas, el proyecto Ayni Productivo y el Plan de Fortalecimiento, de los cuales se presentaron las documentaciones correspondientes. “En el primero son Bs 90.000, en el segundo no tengo con precisión. Era un proyecto de Bs 140.000. Se nos ha desembolsado casi Bs 90.000”, especificó el jurista.

El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, aseguró que el Tratado de 1904 no resolvió la mediterraneidad boliviana y que desde 1920 Chile manejó como política de Estado la oferta a Bolivia de diálogo para resolver el diferendo marítimo con salida libre al Pacífico.
Esta declaración la emitió ayer tras la conclusión de una reunión informativa que sostuvo con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la bancada de diputados y senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), la misma que está en funciones desde enero.
“Fue la propia iniciativa de Chile, que se inició en 1920, y que se desarrolló durante casi 80 años, que establece como política de Estado ofrecerle a Bolivia un diálogo para otorgarle un acceso soberano al mar”, aseguró el representante boliviano.
La demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), precisamente, tiene como eje central el incumplimiento chileno de los ofrecimientos de solución del diferendo marítimo, hechos a lo largo de la historia. “Las ofertas que no se cumplieron y que hoy Bolivia plantea como demanda ante la CIJ”, afirmó el exmandatario.

Ofertas. En El libro del Mar, que compila la historia y la argumentación de la demanda marítima, se establece que Chile, a lo largo de 1895 y 1987, ofreció en ocho oportunidades un acceso marítimo soberano al Pacífico en favor de Bolivia.
Este texto fue entregado por el Jefe del Estado a Eduardo Galeano, escritor uruguayo y autor de Las venas abiertas de América Latina, durante una visita que hizo a la casa de éste, en Montevideo, Uruguay. Galeano, al recibirlo, le sugirió que el documento debía titularse “El libro del Mar Robado”, según un reporte de la radio estatal Patria Nueva.
En abril de 2013, Bolivia presentó una demanda ante la CIJ. Chile demandó la incompetencia del tribunal sobre la base de que el tema marítimo fue resuelto con la firma y vigencia del Tratado de 1904. El gobierno de Evo Morales, por su parte, reivindicó la jurisdicción y en mayo se abrirá una fase de alegatos orales, etapa previa a la definición de los jueces sobre su competencia o no en el caso.
Las fechas para la presentación de los alegatos de ambos países ya fueron fijadas. La primera ronda de alegatos orales la empezará Chile, el lunes 4 de mayo; el miércoles 6 será el turno de Bolivia. La segunda ronda será de una hora y media y Chile tendrá su turno el jueves 7 de mayo; y al día siguiente Bolivia.
Mesa insistió en que la iniciativa jurídica ante la CIJ no toca el Tratado de 1904 y aseguró que el documento no resolvió la mediterraneidad.
El vocero, por otra parte, destacó la importancia de exponer el tema marítimo ante las nuevas autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales, que resulten electas en los comicios del 29 de marzo.
 “Es clave que en los departamentos, en las diferentes regiones de Bolivia, gobernaciones, gobiernos municipales, movimientos sociales, estructuras académicas, tengan un conocimiento de esto que estamos explicando (…) una vez que termine las elecciones subnacionales con la consolidación de nuevas autoridades electas llevaremos adelante este trabajo”, declaró el representante.
Confirman viaje de Canciller y vocero a Chile
J. J. C. n El vicepresidente Álvaro García confirmó que el canciller David Choquehuanca y el portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, visitarán Chile con el objetivo de llevar adelante reuniones con sectores sociales y personalidades que respaldan la demanda marítima de Bolivia.
“Respecto al viaje a Chile, se va a hacer, nuestro Canciller y nuestro portavoz ante el mundo, el expresidente Carlos Mesa, estarán viajando a Chile en un momento propicio como parte de su función explicativa y de acercamiento a los sectores de Chile”, declaró García, aunque no especificó la fecha.
Al ser consultado sobre las declaraciones del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, respecto a que Bolivia habla de diálogo, pero no lo practica, el Vicepresidente las rechazó. “Los exabruptos y las palabras del Canciller de Chile son una excelente señal de que estamos por buen camino. A mayor agresividad, a mayor actitud altanera y provocadora que viene de parte de la diplomacia chilena, es una confirmación (de) que Bolivia está en el camino correcto”, sostuvo, respecto a la demanda que interpuso Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.