Nacional

Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 18:26 PM

Argentina da propuesta para dotar aviones y lanzacohetes

Seguridad. Ministros de Defensa argentino y boliviano se reúnen

/ 6 de septiembre de 2015 / 04:03

En el marco de la cooperación en la industria de Defensa, el Gobierno de Argentina entregó ayer proyectos de dotación de aviones de entrenamiento IA-63 Pampa III, barcazas, sistemas de lanzacohetes y radares para el control del tránsito aéreo.

Esta información está contenida en una declaración conjunta que fue suscrita ayer en la ciudad de Cochabamba entre los ministros de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, y de Bolivia, Reymi Ferreira. Rossi explicó que este encuentro es el segundo que se realiza con su par boliviano, esta vez en Bolivia, para consolidar una agenda que se empezó a desarrollar en su país, cuando Ferreira recorrió y vio el complejo industrial para la defensa.

Un eventual acuerdo permitirá una asociación estratégica con posibilidad de desarrollo para las fuerzas armadas, además de equipamiento y potenciamiento de las industrias en cada una de las regiones, con el objetivo de salir de la dependencia tecnológica, manifestó Rossi.

Declaración. En la declaración conjunta, difundida a través de la red internet, se indica que en este encuentro bilateral de autoridades se propuso “avanzar en dicha cooperación, por lo que la parte argentina realizó una presentación de los siguientes proyectos, de acuerdo a los intereses manifestados por la parte boliviana”: IA-63 Pampa III; barcazas; sistema lanzador de cohetes CP 30 calibre 127mm; módulos intercambiables de lanzamiento de CP 105 mm para sistema CP30, y radares 3D en banda L, transportables y radares secundarios para control del sistema aéreo”.

El avión de entrenamiento Pampa III mide 10,9 metros de longitud y tiene una envergadura de 9,7 metros. El peso del nuevo modelo, presentado en octubre de 2013, es de cerca de 2,82 toneladas.

Esta aeronave es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 815 kilómetros por hora. Con estas características, esta aeronave puede llevar a cabo misiones de entrenamiento de pilotos y otras tareas, según se informa en el portal Topwar. Rossi destacó que su país trabaja en la fabricación desde municiones hasta la repotenciación o refuncionalización y modernización de fusiles FAL, que comparten ambos ejércitos.

Ferreira señaló que el país está interesado en la “alta tecnología” para la fabricación de satélites y radares. Añadió que “interesó bastante los lanzacohetes que tiene tecnología de punta, el tema de repotenciamiento de fusiles y de barcazas y empujadores que pueden ser objeto de demanda boliviana, también el Pampa, un avión de alta generación que nos parece interesante”.

La posibilidad de contar con un acuerdo de intercambio tecnológico y compra de equipamiento deberá ser consultado con las Fuerzas Armadas, aseguró Ferreira y explicó que, en función al presupuesto, podrán efectuar las compras necesarias. En cuanto al intercambio tecnológico, según las autoridades, es necesario no generar dependencia de otros países y desarrollar ciencia y tecnología autónoma, un factor que permita tener soberanía.

El primer encuentro

Inspección

El 28 de julio, el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, visitó Argentina. Entre la oferta hecha, según informes de agencias, estaban equipo de infantería y de transporte militar de diferentes marcas.

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Fiscalía saca documentos y computadora de la Dircabi de Cochabamba

En abril de este año, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que, tras ocho meses de investigación, se descubrió una red de corrupción dentro de la Dircabi.

/ 25 de mayo de 2017 / 23:47

Un grupo de fiscales sustrajo la tarde de este jueves documentos y una computadora de dos oficinas de la Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) del departamento de Cochabamba, ambientes que estaban precintados con anterioridad. El director regional de esta repartición del Ministerio de Gobierno, Freddy O. fue sacado enmanillado.

La acción del Ministerio Público está enmarcado en pesquisas que se hacen sobre las oficinas regionales de la Dircabi en todo el país, tras denuncias de manejos irregulares.

A principios de este mes, Freddy O. fue arrestado con fines investigativos, luego de que tres personas fueron detenidas días antes cuando sustraían tres motores de camiones Volvo que fueron incautados a narcotraficantes. Entre estas tres personas estaba Edwin A., funcionario de la Dircabi, y otros dos mecánicos.

En abril de este año, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló a La Razón que, tras ocho meses de investigación, se descubrió una red de corrupción dentro de la Dircabi.

 

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En la carta se cita al Estado, no al Gobierno, dice el clero

Droga. La CEB se reúne en Cochabamba. Siles pide que se retracte

/ 7 de abril de 2016 / 07:26

La Iglesia Católica aclaró ayer que en su carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción hace referencia al Estado, no al Gobierno, como un conjunto de instituciones y población donde aseguran que penetró la actividad ilícita, en su afán de expansión.

“La carta parte de que el Estado boliviano, las estructuras, no solo es el Gobierno, es todo el Estado, que incluye las fuerzas del orden público, los militares, la justicia, incluye todo”, sostuvo José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), tras recibir críticas de autoridades gubernamentales sobre el contenido del documento.

En la carta, publicada el viernes y titulada Hoy pongo ante ti la vida o la muerte, los obispos advirtieron que el narcotráfico penetra estructuras estatales y fuerzas del orden. Agregan que la economía nacional recibe, en parte, dinero de esa actividad ilegal. El mismo día, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, exigió pruebas. El domingo, el presidente Evo Morales dio un ultimátum de 24 horas para que el clero identifique a los traficantes, lo que no se dio.

Según Fuentes, es necesario leer el documento íntegro para conocer su verdadero contenido y opinar. “No entendemos muy bien (las críticas) porque solamente algunas cositas de la carta han sido leídas y no la carta completa. De verdad que invitaríamos a leer esta carta, tiene 48 páginas, invitaríamos a leerla, sin sentirse atacado, y estoy seguro de que va a servir para una profunda reflexión”.

En el documento se sostiene que, “como es de dominio público, el narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado”.

El sustento de esta afirmación, en el mismo documento indica  que hay casos “conocidos de sobra, los casos de altos jefes policiales (Gral. René Sanabria O., Gral. Óscar Nina F.) condenados y encarcelados por involucrarse en casos de tráfico de drogas, o de instituciones, como YPFB, infiltradas por funcionarios y contratistas ligados al narcotráfico”. Los casos de Sanabria y Nina se descubrieron en 2011. La referencia a la estatal petrolera tiene que ver con el transportista José Luis Sejas, acusado de tráfico de droga en Argentina.  Tras invitar a leer la carta, Fuentes consideró que no era necesario dar nombres de narcotraficantes.

Afirmó que los obispos, reunidos en el valle desde hoy, en la 101 Asamblea Ordinaria de la CEB, analizarán “las reacciones fuertes que ha habido tras la publicación de la carta pastoral que tenía como intención ayudar a reflexionar al pueblo boliviano sobre un problema que creo es patente, que tenemos en Bolivia”.

Las reacciones y críticas del Gobierno no cesaron. En La Paz, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, pidió al clero que se retracte de las aseveraciones que hizo en su documento relacionado a la actividad del narcotráfico y a la drogadicción.

Iglesia obvió el estudio integral de la coca

La carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción obvió el estudio integral sobre la hoja de coca presentado en 2013. La misiva, en su párrafo 26, valora los esfuerzos en la reducción de coca ilegal; “sin embargo, falta mucho para adecuar la cantidad de cultivos a las reales necesidades del uso permitido de la hoja de coca”.

En su sustento, la Iglesia Católica indica que “el estudio integral de la hoja de coca, a cargo del Gobierno nacional, gracias a recursos aportados por la Unión Europea, comenzó el 2009 y hasta el momento no se ha hecho público, dejando la definición de cultivos necesarios en una especie de limbo”.

Pero en noviembre de 2013 ya se presentó este estudio, que establece que se requiere  14.705 hectáreas (ha) de la hoja para cubrir el consumo legal.

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APDHB no define si retira su denuncia en el caso Porvenir

Reunión. La directiva se declaró anoche en ‘sesión permanente’

/ 6 de agosto de 2015 / 06:55

La decisión de ratificar o retirar su desistimiento en el caso Porvenir se convirtió ayer en una posición difícil de asumir para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuya directiva se reunió en la ciudad de Cochabamba y anoche se declaró en sesión permanente.

La presidenta nacional de la APDHB, Yolanda Herrera, se limitó a indicar que solo su persona está facultada para hacer conocer la posición que adoptará esa institución respecto al caso Porvenir, no los representantes departamentales.

El 29 de julio, los abogados apoderados de la APDHB, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, retiraron la acusación en el caso Porvenir, juicio penal abierto por la muerte de 13 personas en septiembre de 2008, en acciones violentas en Porvenir (Pando). El principal acusado es el exprefecto Leopoldo Fernández.

“Nos hemos declarado en sesión permanente, nos habíamos propuesto terminar (la reunión) hoy (ayer), pero el tema es denso, así que nos quedamos trabajando y hasta las 11.00 de mañana (hoy) vamos a emitir un pronunciamiento, desde cualquier lugar del país”, dijo Herrera a La Razón cerca de las 19.40.  Unos 25 minutos después, los directivos salieron del encuentro, aunque no se supo si iban a retornar.

Memorial. “Siendo que la APDHB tiene por finalidad la búsqueda del ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos en el presente proceso, nuestra institución considera los siguientes puntos: que el proceso se extendió por demás en el tiempo; (las) víctimas fundamentales del caso han presentado su desistimiento; y no se observó a cabalidad el debido proceso. Es por eso que damos a conocer que la APDHB de manera manifiesta se retira y renuncia al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leopoldo Fernández”, se lee en el desistimiento presentado por los abogados.

Al ser consultada sobre esta posición, Herrera explicó el lunes que los juristas presentaron el memorial sin que se haya analizado el tema de forma institucional. Por esa causa se reunieron ayer en Cochabamba, para ratificar o retirar esa posición.

El 23 de julio se conoció que en este proceso judicial desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero, viuda de uno de los fallecidos en los hechos violentos, y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre. Este desistimiento fue una de las tres razones expuestas por los abogados de la APDHB para el desistimiento.

Este retiro de la denuncia en el caso Porvenir también hizo que hayan posiciones de rechazo. Por ejemplo, en La Paz, Teresa Subieta, militante de base de la APDHB, denunció que los dos abogados realizaron la acción judicial en cumplimiento de instrucciones de los directivos nacionales.

“Rechazamos y condenamos, nos quedamos sorprendidos y atónitos por el memorial presentado por dos abogados que ofician en el juicio contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores. (…) Queremos que la opinión pública conozca los nombres de estos abogados, ellos son Boris Antezana y Estefanía Suárez”, dijo, según reportó la ANF. Agregó que este desistimiento es “indignante y vergonzoso”.

Otra crítica a la posición de la APDHB fue emitida por Aniceto Choque, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien solicitó a la institución defensora de los derechos humanos a asumir las responsabilidades que implica el haber retirado la sindicación en contra de Fernández.

Campesinos anuncian un proceso

Demanda

El dirigente campesino Rodolfo Machaca  anunció un juicio contra juristas de la APDHB que presentaron el desistimiento. “Sí o sí tenemos que iniciar una querella contra los abogados que defienden de la masacre a Leopoldo Fernández”, dijo a la ANF.

Organismos calificaron al hecho de ‘masacre’

Williams Farfán

Dos organismos internacionales calificaron de “masacre” a los hechos violentos que se registraron en el denominado caso Porvenir (Pando), que dejó 13 personas muertas en septiembre de 2008. El conflicto empezó por diferencias políticas entre gente afín al partido del actual Gobierno con simpatizantes del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien ahora es el principal acusado en el proceso.

El primer documento entregado al presidente Evo Morales, en 2008, fue de la Unión Sudamericana de Naciones, (Unasur) que conformó una comisión para investigar los hechos luctuosos. En el informe calificó a los hechos de “un crimen de lesa humanidad” y recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.

“El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando, y otros sitios, se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, señaló en el documento.

Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que los hechos de Porvenir fueron una masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe fue leído por el representante de este organismo en Bolivia, Dennis Racicot, quien recomendó a que las instancias jurisdiccionales se hagan cargo de sancionar a los responsables de las muertes y heridos que dejaron los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios departamentales.

Luego, el Gobierno presentó un informe sobre las acciones violentas de Porvenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso, se llevó a testigos para que den su versión.

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APDHB no define si retira su denuncia en el caso Porvenir

Reunión. La directiva se declaró anoche en ‘sesión permanente’

/ 6 de agosto de 2015 / 06:55

La decisión de ratificar o retirar su desistimiento en el caso Porvenir se convirtió ayer en una posición difícil de asumir para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuya directiva se reunió en la ciudad de Cochabamba y anoche se declaró en sesión permanente.

La presidenta nacional de la APDHB, Yolanda Herrera, se limitó a indicar que solo su persona está facultada para hacer conocer la posición que adoptará esa institución respecto al caso Porvenir, no los representantes departamentales.

El 29 de julio, los abogados apoderados de la APDHB, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, retiraron la acusación en el caso Porvenir, juicio penal abierto por la muerte de 13 personas en septiembre de 2008, en acciones violentas en Porvenir (Pando). El principal acusado es el exprefecto Leopoldo Fernández.

“Nos hemos declarado en sesión permanente, nos habíamos propuesto terminar (la reunión) hoy (ayer), pero el tema es denso, así que nos quedamos trabajando y hasta las 11.00 de mañana (hoy) vamos a emitir un pronunciamiento, desde cualquier lugar del país”, dijo Herrera a La Razón cerca de las 19.40.  Unos 25 minutos después, los directivos salieron del encuentro, aunque no se supo si iban a retornar.

Memorial. “Siendo que la APDHB tiene por finalidad la búsqueda del ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos en el presente proceso, nuestra institución considera los siguientes puntos: que el proceso se extendió por demás en el tiempo; (las) víctimas fundamentales del caso han presentado su desistimiento; y no se observó a cabalidad el debido proceso. Es por eso que damos a conocer que la APDHB de manera manifiesta se retira y renuncia al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leopoldo Fernández”, se lee en el desistimiento presentado por los abogados.

Al ser consultada sobre esta posición, Herrera explicó el lunes que los juristas presentaron el memorial sin que se haya analizado el tema de forma institucional. Por esa causa se reunieron ayer en Cochabamba, para ratificar o retirar esa posición.

El 23 de julio se conoció que en este proceso judicial desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero, viuda de uno de los fallecidos en los hechos violentos, y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre. Este desistimiento fue una de las tres razones expuestas por los abogados de la APDHB para el desistimiento.

Este retiro de la denuncia en el caso Porvenir también hizo que hayan posiciones de rechazo. Por ejemplo, en La Paz, Teresa Subieta, militante de base de la APDHB, denunció que los dos abogados realizaron la acción judicial en cumplimiento de instrucciones de los directivos nacionales.

“Rechazamos y condenamos, nos quedamos sorprendidos y atónitos por el memorial presentado por dos abogados que ofician en el juicio contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores. (…) Queremos que la opinión pública conozca los nombres de estos abogados, ellos son Boris Antezana y Estefanía Suárez”, dijo, según reportó la ANF. Agregó que este desistimiento es “indignante y vergonzoso”.

Otra crítica a la posición de la APDHB fue emitida por Aniceto Choque, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien solicitó a la institución defensora de los derechos humanos a asumir las responsabilidades que implica el haber retirado la sindicación en contra de Fernández.

Campesinos anuncian un proceso

Demanda

El dirigente campesino Rodolfo Machaca  anunció un juicio contra juristas de la APDHB que presentaron el desistimiento. “Sí o sí tenemos que iniciar una querella contra los abogados que defienden de la masacre a Leopoldo Fernández”, dijo a la ANF.

Organismos calificaron al hecho de ‘masacre’

Williams Farfán

Dos organismos internacionales calificaron de “masacre” a los hechos violentos que se registraron en el denominado caso Porvenir (Pando), que dejó 13 personas muertas en septiembre de 2008. El conflicto empezó por diferencias políticas entre gente afín al partido del actual Gobierno con simpatizantes del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien ahora es el principal acusado en el proceso.

El primer documento entregado al presidente Evo Morales, en 2008, fue de la Unión Sudamericana de Naciones, (Unasur) que conformó una comisión para investigar los hechos luctuosos. En el informe calificó a los hechos de “un crimen de lesa humanidad” y recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.

“El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando, y otros sitios, se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, señaló en el documento.

Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que los hechos de Porvenir fueron una masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe fue leído por el representante de este organismo en Bolivia, Dennis Racicot, quien recomendó a que las instancias jurisdiccionales se hagan cargo de sancionar a los responsables de las muertes y heridos que dejaron los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios departamentales.

Luego, el Gobierno presentó un informe sobre las acciones violentas de Porvenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso, se llevó a testigos para que den su versión.

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APDHB no define si retira su denuncia en el caso Porvenir

Reunión. La directiva se declaró anoche en ‘sesión permanente’

/ 6 de agosto de 2015 / 06:55

La decisión de ratificar o retirar su desistimiento en el caso Porvenir se convirtió ayer en una posición difícil de asumir para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuya directiva se reunió en la ciudad de Cochabamba y anoche se declaró en sesión permanente.

La presidenta nacional de la APDHB, Yolanda Herrera, se limitó a indicar que solo su persona está facultada para hacer conocer la posición que adoptará esa institución respecto al caso Porvenir, no los representantes departamentales.

El 29 de julio, los abogados apoderados de la APDHB, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, retiraron la acusación en el caso Porvenir, juicio penal abierto por la muerte de 13 personas en septiembre de 2008, en acciones violentas en Porvenir (Pando). El principal acusado es el exprefecto Leopoldo Fernández.

“Nos hemos declarado en sesión permanente, nos habíamos propuesto terminar (la reunión) hoy (ayer), pero el tema es denso, así que nos quedamos trabajando y hasta las 11.00 de mañana (hoy) vamos a emitir un pronunciamiento, desde cualquier lugar del país”, dijo Herrera a La Razón cerca de las 19.40.  Unos 25 minutos después, los directivos salieron del encuentro, aunque no se supo si iban a retornar.

Memorial. “Siendo que la APDHB tiene por finalidad la búsqueda del ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos en el presente proceso, nuestra institución considera los siguientes puntos: que el proceso se extendió por demás en el tiempo; (las) víctimas fundamentales del caso han presentado su desistimiento; y no se observó a cabalidad el debido proceso. Es por eso que damos a conocer que la APDHB de manera manifiesta se retira y renuncia al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leopoldo Fernández”, se lee en el desistimiento presentado por los abogados.

Al ser consultada sobre esta posición, Herrera explicó el lunes que los juristas presentaron el memorial sin que se haya analizado el tema de forma institucional. Por esa causa se reunieron ayer en Cochabamba, para ratificar o retirar esa posición.

El 23 de julio se conoció que en este proceso judicial desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero, viuda de uno de los fallecidos en los hechos violentos, y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre. Este desistimiento fue una de las tres razones expuestas por los abogados de la APDHB para el desistimiento.

Este retiro de la denuncia en el caso Porvenir también hizo que hayan posiciones de rechazo. Por ejemplo, en La Paz, Teresa Subieta, militante de base de la APDHB, denunció que los dos abogados realizaron la acción judicial en cumplimiento de instrucciones de los directivos nacionales.

“Rechazamos y condenamos, nos quedamos sorprendidos y atónitos por el memorial presentado por dos abogados que ofician en el juicio contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores. (…) Queremos que la opinión pública conozca los nombres de estos abogados, ellos son Boris Antezana y Estefanía Suárez”, dijo, según reportó la ANF. Agregó que este desistimiento es “indignante y vergonzoso”.

Otra crítica a la posición de la APDHB fue emitida por Aniceto Choque, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien solicitó a la institución defensora de los derechos humanos a asumir las responsabilidades que implica el haber retirado la sindicación en contra de Fernández.

Campesinos anuncian un proceso

Demanda

El dirigente campesino Rodolfo Machaca  anunció un juicio contra juristas de la APDHB que presentaron el desistimiento. “Sí o sí tenemos que iniciar una querella contra los abogados que defienden de la masacre a Leopoldo Fernández”, dijo a la ANF.

Organismos calificaron al hecho de ‘masacre’

Williams Farfán

Dos organismos internacionales calificaron de “masacre” a los hechos violentos que se registraron en el denominado caso Porvenir (Pando), que dejó 13 personas muertas en septiembre de 2008. El conflicto empezó por diferencias políticas entre gente afín al partido del actual Gobierno con simpatizantes del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien ahora es el principal acusado en el proceso.

El primer documento entregado al presidente Evo Morales, en 2008, fue de la Unión Sudamericana de Naciones, (Unasur) que conformó una comisión para investigar los hechos luctuosos. En el informe calificó a los hechos de “un crimen de lesa humanidad” y recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.

“El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando, y otros sitios, se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, señaló en el documento.

Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que los hechos de Porvenir fueron una masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe fue leído por el representante de este organismo en Bolivia, Dennis Racicot, quien recomendó a que las instancias jurisdiccionales se hagan cargo de sancionar a los responsables de las muertes y heridos que dejaron los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios departamentales.

Luego, el Gobierno presentó un informe sobre las acciones violentas de Porvenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso, se llevó a testigos para que den su versión.

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