Estatuto cochabambino plantea recuperar al ‘granero de Bolivia’
Proyecto. La norma autonómica hace énfasis en la producción agrícola ecológica
El Estatuto de Cochabamba, si es validado en el referéndum del 20 de septiembre, promoverá políticas de incentivo a la agricultura y así recuperar la cualidad regional del “granero de Bolivia” a través de métodos ecológicos y del uso sustentable de la biodiversidad.
“El desarrollo productivo está constituido en el cuidado de la Madre Tierra, de no sembrar cemento sino nuestro alimento. Estamos coordinando para recuperar a Cochabamba como el granero de Bolivia, pero con la protección de los recursos renovables y no renovables”, informó a La Razón la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Leonilda Zurita (MAS).
La normativa, que todavía debe ser aprobada en el referéndum del 20 septiembre, hace énfasis en el “fomento a la producción agroecológica” y la “recuperación de variedades agrícolas nativas”.
El artículo 89 estipula que la economía del departamento se cimienta en su “base productiva” a través de la producción “agroecológica y el uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad”. En el mismo acápite establece la promoción de complejos productivos y la industrialización de los alimentos. Además, la normativa prevé la promoción de la producción y certificación de semillas y especies nativas. Así, el departamento busca autosustentar el consumo interno de alimentos.
Estrategia. De hecho, la artículo 92 se refiere justamente a la soberanía alimentaria, una política que el mismo gobierno del presidente Evo Morales ha propugnado y que fue objeto de debate en la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” de abril, que acordó generar una estrategia conjunta público-privada destinada a promover y estimular el consumo de productos nacionales. El Estatuto, en ese sentido, promocionará el consumo de alimentos producidos en la región.
Sin embargo, colectivos ciudadanos cuestionaron algunos aspectos de la norma. En un foro efectuado el 28 y 29 que reunió a la agrupación Libertad de Pensamiento Para Bolivia (LPPB), la Sociedad de Geografía, Historia y Estudios geopolíticos, y la Unión Nacional de Poetas y Escritores, se identificaron unas siete observaciones al Estatuto.
“Hay que mejorar la identidad de Cochabamba y tiene que ver con la vocación productiva, y eso está en el Estatuto, pero es declarativo. Necesitamos debatir qué tipo de Estatuto queremos y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo para volver a ser el granero de Bolivia”, señaló la exdiputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ahora líder de LPPB, Rebeca Delgado.
La exlegisladora explicó que el texto consensuado en 2010 por unas 25 organizaciones sociales regionales durante 11 meses no es el mismo que los partidarios del MAS socializan. Lo cambiaron, aseguró Delgado.
Al respecto, Zurita señaló que “respeta” el criterio “personal” de la exlegisladora y remarcó que el proceso de redacción del documento contó con una amplia participación de los sectores. Detalló que, según informes de la anterior asamblea departamental, existen 15.891 propuestas recogidas en encuentros territoriales que suministraron las bases para la redacción del documento autonómico.
Según Delgado, la normativa “no garantiza la autonomía plena” puesto que las decisiones, sobre todo con relación al desarrollo regional en el ámbito central del Estado. Además —de acuerdo con Delgado— la norma no establece los mecanismos y las fuentes de generación de los recursos económicos, su administración y distribución.
“Ya hay recortes presupuestarios por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que va a pasar es que se administre la pobreza”, lamentó. De hecho, un reporte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que los ingresos por este concepto bajaron de $us 1.127,5 millones en el primer semestre de 2014 a $us 922,7 millones en similar lapso de esta gestión, lo que significa una disminución del 18%.
Cambios. Zurita indicó que “no es ético” que los opositores, que en un principio lucharon por la autonomía, ahora se opongan a ella y convocó a la oposición a solicitar las modificaciones a la norma, una vez que se apruebe en el referéndum. “Es abierto, nuestro Estatuto no está cerrado”, indicó.
Delgado consideró que una adecuación posterior a la consulta no es apropiada puesto que implica asignación de nuevos recursos económicos, por ejemplo, para un nuevo referéndum que valide las modificaciones. La campaña del referéndum está en marcha. El MAS es el único frente habilitado y propugna la aprobación del Estatuto; por ello y ante la ausencia de campañas opositoras, Delgado propone la generación de un “debate abierto y plural” sobre los alcances del Estatuto para garantizar el voto informado, una convocatoria que el MAS no tomó en cuenta. En su criterio, existe un 90% de la población que desconoce la norma.
La Asamblea refuerza la difusión de la normativa con la participación de alcaldes del oficialismo y dirigentes sindicales. “Nosotros nos decidimos por una autonomía y el pueblo digno lo decidirá el 20 de septiembre”, señaló Zurita. Delgado advierte que se producirá un “voto consigna”.
Críticas de colectivo ciudadano a la ley
1. Un colectivo liderado por la agrupación Libertad de Pensamiento Para Bolivia (LPPB) asegura que el Estatuto que someterá a consulta no es el mismo que consensuaron 25 instituciones en 2010. Es de “contrabando”, indican.
2. Aseguran que “no permite la autonomía plena” de la región puesto que traba la administración de los recursos al no establecer de manera clara la generación y distribución de los ingresos. Indican que hay varias omisiones.
3. No garantiza la transparencia en la gestión pública y el control social para la fiscalización de la administración regional. La norma debería definir este aspecto, pero remite a una ley subalterna la definición de los mecanismos.
4. El colectivo asegura que el estatuto no contempla un régimen de minorías que considere a los pueblos indígena originario campesinos como los yukis, yuracarés, aymaras, quechuas, mojeño trinitarios y mosetenes.
5. Se eliminaron del proyecto de ley consensuado la estructura y organización de los recursos naturales, hídricos y de biodiversidad. Además, el de energía, hidrocarburos, minería, medio ambiente, de salud y educación.
