Tras siete años de los hechos violentos en Porvenir (Pando), donde fallecieron 13 personas, el presidente Evo Morales ratificó ayer que el 11 de septiembre de 2008, con esa acción, se dio una masacre en contra de personas que pedían la unidad de Bolivia.
El Jefe del Estado se refirió a este tema durante la entrega del centro de salud integral Primero de Mayo, en la ciudad de Cochabamba, donde recordó la acción armada entre pobladores opositores y simpatizantes del Gobierno en Porvenir. Además de las 13 víctimas mortales, otras 30 personas resultaron heridas, todas de bala. Por este hecho se instaló un proceso judicial en contra del ahora exprefecto de Pando Leopoldo Fernández y sus colaboradores.
“Un día como hoy, cuando los compañeros querían defender la unidad del país (se dio una) masacre en Porvenir. El prefecto de entonces (Fernández) tomó el aeropuerto con civiles armados, mató a un soldado, luego a un pastor que murió a balas de civiles que querían dividir Bolivia”, señaló Morales en su discurso.
Acusación. Remarcó que el 11 de septiembre de 2008 es un día de luto en Pando, pese a que antes los opositores indicaban que venezolanos estaban implicados en los enfrentamientos suscitados, e incluso los sindicaban de ser los que provocaron la matanza.
“Ante las acusaciones, yo dije que si hay venezolanos muertos, yo pongo avioneta y vengan a ver dónde estaban las viudas y huérfanos venezolanos, pero nunca más hablaron de eso y ahora más bien se mantiene la unidad en el país”, aseguró Morales.
El juicio por este proceso está en su recta final, con cuatro de los siete acusadores. El principal sindicado, de 26, es Fernández, imputado por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.
En julio, se conoció que tres de los acusadores de la causa se separaron del juicio —Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Racua (fallecido en Porvenir) y Carlín Haensel Inuma. Los que siguen la acusación son los familiares de los estudiantes normalistas fallecidos Wilson Castillo Quispe, Adolfo Cruz Quispe y Jhony Cari Sarsuri. A ellos se suma la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Fernández calificó a este proceso de político, desde su inicio.
El juicio oral se encuentra en la fase de prueba extraordinaria y resta solo la etapa de alegatos para que el Tribunal 6º de Sentencia de La Paz emita su fallo.