El embajador de Francia, Denys Wibaux, fue convocado por la Cancillería y expresó predisposición para coadyuvar al gobierno de  Evo Morales en evitar un “daño injusto a la imagen” de Bolivia con el videojuego sobre narcotráfico que usa sitios y símbolos patrios nacionales, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Hemos recibido con beneplácito la predisposición del embajador de Francia para que no se haga un daño injusto a la imagen de nuestro país con esos juegos”, insistió poco después de finalizada la reunión a convocatoria del canciller Fernando Huanacuni.

Romero explicó que en el videojuego no se menciona de forma directa a Bolivia, aunque pueden observarse sitios geográficos y símbolos nacionales.

En la reunión de este miércoles se le entregó una carta al diplomático para que la haga llegar a los ejecutivos de la empresa del videojuego. Una vez agotada las instancias diplomáticas, se recurrirá a acciones legales.

El ministro consideró contradictorio un videojuego francés con ese contenido cuando el Gobierno de Francia valora los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico y uno de los principales mercados para la provisión de helicópteros y un sistema de radares.

Wibaux evitó dar declaraciones a la salida de la Cancillería.

El encargado de Negocios de la embajada de Brasil, Rui Antonio Jucá, acudió la mañana de este miércoles a una convocatoria del canciller Fernando Huanacuni para informar sobre el bloqueo en el paso fronterizo de Cobija, Pando, que perjudica el transporte internacional.

El diplomático fue convocado para las 08.00 de este miércoles. Poco después salió de las instalaciones de la Cancillería sin emitir declaración alguna.

La Cámara de Transporte Internacional de Bolivia denunció el 27 de febrero el bloqueo en el puente internacional entre Bolivia y Brasil debido a un problema personal de una familia brasileña.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó el 26 de febrero que el  brasileño Sebastiau Nogueira Donacimiento fue aprehendido en la jurisdicción boliviana por su vinculación con una banda de secuestradores.

La administración del gobierno negó que el ciudadano haya sido detenido en suelo brasileño y reafirmó que su captura está relacionada con el secuestro de un familiar de un senador.

Cientos de cocaleros de los Yungas, zona tradicional de producción de coca, marcharon en La Paz y se apostaron en inmediaciones de la Plaza Murillo, donde está el edificio del Legislativo, para rechazar el proyecto de ley aprobado en una comisión legislativa que reafirmó la legalización de  7.000 hectáreas (h) de cultivos en el Chapare. Subió en 1.000 h la extensión en la zona tradicional.

Desde la zona de Villa Fátima, lugar donde se encuentra la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), marcharon productores de la zona tradicional, que está reconocida en la actual ley 1008 con una producción de 12.000 hectáreas. “Los Yungas de pie, nunca de rodillas”, gritaban a su paso por diferentes arterias de la ciudad.

“Vamos a cercar al plaza Murillo porque rechazamos que el Gobierno quiera imponernos una ley que no ha sido consensuada con la zona tradicional. La molestia es grande en Yungas y nos vamos  a movilizar un día, una semana o un mes. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a cerrar la plaza Murillo hasta que el Gobierno nos escuche”, afirmó el dirigente Franklin Gutiérrez.

Los miembros de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley General de Régimen de la Coca, que reconoce la legalidad de 13.000 hectáreas en los Yungas y de 7.000 en la zona del Chapare, bastión político del presidente Evo Morales.

El gobierno de Carlos Mesa legalizó el ‘cato de coca’ en el Chapare, que representó al menos 7.000 hectáreas. La nueva ley reafirmará esa extensión en una zona que en el pasado estaba prohibido el cultivo. Gutiérrez informó que la tierra en la zona tradicional “está cansada” y que el rendimiento es muy inferior al del Chapare.

Un último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) establece que en 2015, el 69% de los cultivos de coca estaban en los Yungas, el 30% en el Chapare y el 1% en provincias de La Paz. La producción potencial se calculó en 32.5000 toneladas, de ese total, añade el informe, 21.201 pasaron por mercados autorizados.

“Nos vamos a quedar en la ciudad de La Paz, vamos a cerrar la plaza Murillo. Estamos cercando y vamos a estar en vigilia permanente hasta las últimas consecuencias”, insistió el dirigente.

Una vez aprobado en comisión, el proyecto pasa a debate en el plenario de Diputados. El diputado Franklin Durán sugirió ayer iniciar un proceso de socialización.

Los cientos de marchistas se apostaron en calles aledañas al centro del poder político, que tiene un fuerte resguardo policial.

El Gobierno negó gasificación a la movilización de las personas con discapacidad, aunque admitió que “rociaron” agentes químicos a los que calificó como infiltrados y que lograron hacer un forado en una de las mallas de seguridad dispuestas alrededor de la plaza Murillo para agredir a los uniformados. Reiteró la disposición de diálogo con los movilizados.

La posición fue expresada por el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien ofreció una conferencia de prensa junto al comandante de la Policía, general Édgar Tellez. “Hemos vuelto a instruir desde el sábado que está prohibido el uso de agentes químicos y esto no tiene que ver, absolutamente, nada con la acción de los discapacitados”, afirmó Illanes.

Las personas con discapacidad que marcharon desde Cochabamba en demanda de un bono de Bs 500 intentaron este mediodía ingresar a plaza Murillo para protestar en puertas del Palacio de Gobierno, pero fueron gasificadas en medio de un cordón de seguridad que cerró todos los ingresos al lugar con ayuda de mallas y puertas metálicas.

Illanes atribuyó los incidentes a infiltrados que “no sabemos si son delincuentes” con “sentimiento adverso a la Policía”. Informó del inicio de una investigación y mostró en la conferencia de prensa objetos que fueron utilizados para romper las mallas de seguridad como barras metálicos y piedras y el escudo que fueron arrebatado a un uniformado.

También reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar para encontrar, afirmó, “soluciones de fondo y no de forma”. Recordó que las ofertas de diálogo fueron rechazadas en tres oportunidades, pero permanece la voluntad de retomar las negociaciones.

Informó que entre las personas que protestaban estaban encapuchados, lo que –sostuvo- llama la atención porque no es común.

La administración del presidente Evo Morales negó en reiteradas oportunidades la posibilidad de atender la demanda de un bono mensual de Bs 500 porque le representaría al Estado más de Bs 300 millones. En cambio, plantearon trabajar en la ejecución de una política integral que garantice, por ejemplo, acceso a fuentes de trabajo.

Al menos 24 funcionarios públicos de diferentes reparticiones del Estado como el Gobierno central, subnacional, el Consejo de la Magistratura y la Aduana están entre los más de 163 candidatos registrados al cargo de Defensor del Pueblo, según la revisión de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 2015 y 2016.

A las 18.00 de hoy fue cerrado el plazo para la presentación de candidaturas, que empezó el 9 de abril. En las últimas horas fue registrada una larga fila en puertas de la Comisión Mixta de Constitución de postulantes que terciarán para reemplazar al Rolando Villena, quien cumplirá con su mandato constitucional el 13 de mayo próximo.

Según la revisión de las declaraciones juradas, publicadas en la página web de la Contraloría General del Estado, figuran funcionarios vinculados a la Gobernación de La Paz, alcaldías de La Paz, Sucre y Viacha; los ministerios de Justicia y de Desarrollo Rural; el Consejo de la Magistratura, la Aduana, la Policía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la propia Defensoría del Pueblo.

Entre los postulantes vinculados a la Gobernación de La Paz están Aida Mariposa Apaza Mamani, Hugo Mariscal Condori Mamani, mientras que Nelly Jannette Segales Jarro figura en su declaración jurada en el Consejo de la Magistratura. Epifania Colque Mamani, Labriano Isidro Fernández Laura y Aldo Walter Viscarra Vega tienen relación con la Alcaldía de La Paz; Ramber Orlando Baina Cruz, con el gobierno local de Viacha y Javier Quispe Quispe con la Alcaldía de Sucre.

Dimelsa Chivi Roque y Flora Casas Cano figura en el Ministerio de Justicia; Ramiro Calixto Ticona Medina en el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Marco Michael Sierra Mendoza en el Ministerio de Desarrollo Rural; David Alonzo Tezanos Pinto en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública; Dionicio Israel Tarqui Triguero en la Aduana Nacional de Bolivia; Marcos Eduardo Tapia Illatarco en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y Clotilde Calancha Castillo en la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Milton Barón, informó que el período de inscripción de candidaturas cerró con 163 postulantes, entre ellos 99 hombres y 64 mujeres. Anunció que mañana empieza el proceso de apertura de sobres para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Entre los interesados también están la activista María Galindo; el comunicador Juan Ernesto Arandia; la exdirigente de la esposas de los Policías Guadalupe Cárdenas; el exdirector Nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos; el abogado de las víctimas de octubre de 2003 Rogelio Mayta; la expresidenta del Tribunal Constitucional y expresidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame; además de la abogada Paola Barriga, reconocida por llevar el caso de la niña Patricia Flores, vejada y asesinada.