El vicepresidente Álvaro García consideró hoy en Sao Paulo, Brasil, que Bolivia y Chile pierden con la permanencia del diferendo marítimo, por lo que de resolverse con una salida soberana al mar ambos, sostuvo, pueden llegar a beneficiarse ampliamente al ser un puente entre el Pacífico y el Atlántico que mueve $us 77.000 millones.
En su segundo día en Brasil, tras su asistencia a un foro en el Instituto Luiz Inacio Lula Da Silva donde expuso los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia en la última década, García concedió una entrevista al diario Folha de Sao Paulo en la que reiteró que la consolidación de la integración en la región pasa obligatoriamente por la resolución del lío marítimo.
“Bolivia y Chile en este diferendo, en esta disputa que tenemos, estamos perdiendo. Unidos, resuelto el tema de la salida soberana al mar, Bolivia y Chile podríamos estar ganando muchísimo, no solo en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo comercial”, declaró.
Recordó la firma, el lunes, de un acuerdo transpacífico entre Estados Unidos y 11 países que permite una liberación económica, además de otros beneficios.
“Se imagina a Bolivia y Chile juntos sirviendo de puente al comercio entre Brasil y China. Brasil exporta 40.000 millones de dólares a China y China exporta 37.000 millones de dólares a Brasil, sumados son 77.000 millones de dólares. Se imagina 77.000 millones año pasando por carreteras, puertos y por servicios chilenos y bolivianos. Se imagina el beneficio que generaría para Brasil y China pero también para Bolivia y Chile”, preguntó García.
El Mandatario acotó: “Resuelto el tema de la soberanía tenemos un campo infinito de beneficios mutuos que tendríamos que saber aprovechar a futuro”.
García reconoció que acercamientos con Chile existen pero que la integración pasa “necesariamente y obligatoriamente” por resolver el conflicto con una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia.
El 24 de septiembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente para tratar la demanda marítima contra Chile, que fue interpuesta en 2013 para que el tribunal obligue al demanda a negociar de buena fe una salida al mar con soberanía.