Bolivia figura en el calendario de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la temática sobre la situación de la independencia judicial. Grupos civiles, peticionarios y el Estado fueron convocados para el 23 de octubre.
Fueron citados los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, el Colegio de Abogados de La Paz, la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz, la Red Nacional de Personas con VIH y Sida de Bolivia (Redbol) y el Estado.
Las audiencias se desarrollarán del 17 al 28 de octubre y tratarán diversas temáticas de peticionarios de diferentes países, entre ellos México por el caso de las “desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.
El 29 de octubre de 2013, la CIDH recibió una denuncia de la Fundación Nueva Democracia (FND) respecto a casos de vulneración de libertades democráticas en contra del Estado boliviano. A partir de esa información, la comisión demandó la ampliación de datos, por escrito, sobre la independencia judicial, tanto a los peticionarios como a las autoridades de Bolivia.
Silvia Salame y Rubén Darío Cuéllar, en representación de la FND, denunciaron que en Bolivia hay “secuestro” del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, a través de detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales.
Entre los casos citados estaban los de los exprefectos de Tarija, Mario Cossío, y de Pando, Leopoldo Fernández, además del conflicto por la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entre 2001 y 2009 la CIDH admitió al menos 12 demandas contra el Estado boliviano. El organismo internacional tenía en carpeta de análisis otras 77 peticiones.
Las denuncias admitidas estaban referidas a detención ilegal y retardación de justicia, violación, esterilización no consentida e incumplimiento de fallos judiciales, entre otras. La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.
Sus estadísticas establecen que 20 de las peticiones presentadas contra el Estado boliviano están en situación de admisibilidad y fondo. La admisibilidad implica el análisis sobre requisitos para el trámite y fondo es la etapa de decisión.