Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se refirió al informe de la agencia calificadora Moody´s y afirmó que la baja calificación de Bolivia se debe, en su criterio, a la incapacidad del “masismo” para dar respuesta a la “crisis” económica.

“La baja calificación de Bolivia es el resultado de la falta de capacidad del masismo para sacar a Bolivia de la crisis. Las grandes empresas viven el drama de renegociar con sus proveedores en el exterior. Los empresarios medianos y los pequeños están agobiados por impuestos, por la burocracia corrupta”, criticó el lunes en su cuenta de X.

Moody’s

El viernes, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que el país incumpla con su deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones. Este hecho podría influir negativamente en la percepción que los países extranjeros tienen del país.

En el informe también se enfatiza en una caída de las reservas y en un presunto ‘riesgo político’.

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Sin embargo, el Gobierno aseguró que en el mismo informe se muestra que Bolivia siempre cumplió con el pago de su deuda externa, desde 1983.

Además, el Ministerio de Economía criticó el informe de la agencia estadounidense, debido a que “no muestra una evaluación exhaustiva de todos los factores que influyen en la economía boliviana”.

Camacho

“Sumada a la mala gestión económica, Bolivia es visto como un país con un alto riesgo político, lo que reduce aún más la confianza de los mercados internacionales y de los inversionistas”, expresó el líder de Creemos.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz, desde diciembre de 2022, debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que estudia los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol protagónico; convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares, inclusive irrumpió en Palacio Quemado con la Biblia en mano.

“Bolivia necesita un cambio. Un cambio para construir entre todos la credibilidad, la prosperidad, la democracia y la libertad”, insistió Camacho.

En caso de ser declarado culpable por el caso Golpe, Camacho podría recibir una condena de 20 años de prisión, por los delitos de terrorismo y sedición.

Aunque pueda parecer contradictorio, el informe de Moody’s cambió la perspectiva de Bolivia de “negativo” a “estable”.

El secretario de Comunicación de la CSUTCB de la facción arcista, Efraín Mollo, anunció que el congreso, previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, reunirá a más de 100 organizaciones sociales y pactos urbanos.

En entrevista con La Razón Radio, exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a avalar el congreso impulsado por el ala arcista. En su criterio, esa facción cumple con el estatuto interno, debido a que la convocatoria fue con previa coordinación con las organizaciones matrices (CSUTCB, Bartolinas e Interculturales).

“No puede el TSE darles la espalda a las organizaciones. Siete personas (vocales) no pueden definir la historia del Estado Plurinacional”, reclamó.

El TSE debe definir si acompañará o no el encuentro arcista. No obstante, también debe aceptar o rechazar el congreso evista previsto para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba. Según los vocales del Órgano Electoral, ambas facciones incumplen el artículo 13 de su normativa interna.

El artículo 13 establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

La dirección nacional del partido también se encuentra divida y ninguna de las facciones cuenta con las 14 firmas de la directiva. Por ende, ningún congreso goza de legalidad plena.

Sin embargo, Mollo anunció que el encuentro se llevará adelante en la fecha prevista. Aunque todavía no cuentan con el aval del TSE, indicó que en el encuentro se definirá el rumbo histórico del partido y del país.

“El 3, 4 y 5 (de mayo) vamos a discutir cómo vamos a caminar hacia adelante”, añadió.

Afirmó que el Pacto de Unidad espera que sea una reunión multitudinaria con la participación de organizaciones sociales y pactos urbanos. “A los hermanos que son del otro lado también los convocamos a participar”.

El dirigente prevé que el encuentro comience el viernes por la tarde y concluya el domingo al mediodía, aunque dependerá de la dinámica de las reuniones y comisiones. “El debate tendrá su tiempo”.

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El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que la Asamblea Legislativa, “indudablemente”, deberá ampliar el plazo de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, debido a que los plazos están “desfazados”.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que las comisiones encargadas de la preselección requerirán más tiempo para tomar la evaluación oral a los aspirantes, para defenderse de los amparos presentados por inhabilitados y para resolver la acción popular interpuesta por la abogada Yeny Dury Bautista en Pando.

Dicha acción considera la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originarios campesinos. Pero remarca en particular el caso de Pando, en el cual, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de plurinacionalidad.

Por otro lado, explicó que el 90% de los amparos busca una nueva evaluación de méritos. “La acción va en otro camino, (busca garantizar) el principio de igualdad”.

Afirmó que, el martes 30 de abril, la comisión asistirá a la audiencia para expresar su posición y buscar su resolución. La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda abordar el tema para determinar el futuro de las elecciones judiciales.

Jáuregui calificó la acción de “anticipada y extremista” y, en su criterio, el proceso de preselección no vulnera el principio de igualdad establecido en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Respecto al tiempo, aseguró que la Asamblea prevé que todos los amparos y la acción popular se resuelvan hasta el 30 de abril. Luego, la instancia deberá reunirse y analizar la ampliación de plazos. “Se tiene que tomar una decisión en el pleno”.

Según la Ley 1549, el proce4so de preselección debe concluir el 4 de mayo para, posteriormente, pasar la posta al TSE.

No obstante, manifestó su preocupación por el “silencio” de las entidades que se encargaron de realizar las preguntas para los postulantes. “Lo llamativo es que se han difundido preguntas que serían parte del banco de preguntas”.

Indicó que, tras conocerse la presunta filtración, no pude continuar el proceso sino se esclarece el hecho. “Vamos a tener que solicitar que se lleve adelante un proceso investigativo”, sentenció.

En su criterio, “sería penoso” que exista una similitud entre las preguntas difundidas en redes sociales y el banco de preguntas que se encuentra precintado en la Asamblea.

“Hay riesgo por la probable filtración de las preguntas en escenarios previos a la Asamblea Legislativa”.

Esta última denuncia se suma a los procesos que estancan las elecciones judiciales. Los comicios están asechados por amparos constitucionales, el riesgo de filtración de preguntas y una acción popular.

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En puertas del congreso de la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lo apoya, el presidente Luis Arce comenzó a definir su postura electoral y desafió al ala evista y a la oposición a medir fuerzas en las urnas.

El sábado en Tarija y ayer en Sapahaqui, en La Paz, el mandatario exhortó a las organizaciones sociales a “recuperar” el MAS de quienes buscan “apoderarse del instrumento político”, en alusión al expresidente Evo Morales.

“Ese instrumento político no tiene dueño más que las organizaciones sociales”, reivindicó Arce en la apertura del congreso departamental de mujeres campesinas Bartolina Sisa en esa comunidad.

Cuestionó a sus detractores y aludió directamente al evismo y a la oposición de ocasionar un boicot contra su gobierno. “Y los evistas vienen diciendo que estamos bajando de calificación porque manejamos mal la economía”, dijo en relación al informe de la calificadora Moody’s, que el viernes consideró que Bolivia tiene problemas con su deuda.

“No debemos, seguimos pagando sin problemas”, respondió.

Arce lamentó que, en un último hecho, su oposición rechazó en la Cámara de Senadores el crédito de $us 62 millones para la ampliación de la Línea Café del teleférico en La Paz. “Ellos son los culpables y ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano”, dijo.

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En las urnas

Motivado por esa actuación, Arce, por primera vez, aludió abiertamente a las elecciones generales de 2025.  “Hermanas y hermanos, hay que darle una respuesta, y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas, donde ahí vamos a definir estas cosas”, arengó el mandatario ante el foro campesino que, a veces vitoreaba “Lucho de nuevo” y otras, “un, dos tres, Arce otra vez; tres, dos, uno, Arce o ninguno”.

“Venimos a decirles aquí (que) es importante entender lo que está pasando, porque esa gente después va a venir a pedir el voto”, cuestionó el presidente Arce.

Aunque el mandatario no anunció su eventual candidatura, Morales —proclamado como “único candidato”— lo desafió incluso a dirimir la postulación del MAS en elecciones primarias.

Sin embargo, cualquier decisión partidaria depende de su congreso, que, a presión de las normas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debe renovar la nueva directiva del MAS. Las facciones evista y arcista convocaron por su cuenta al suyo.

“Nos vamos a encontrar allá en El Alto”, invitó Arce al congreso convocado por el Pacto de Unidad para el 3, 4 y 5 de mayo.

Congreso? ‘Es como casarse sin registro civil’

Mientras el mismo presidente Luis Arce se propuso impulsar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi le recordó dicho encuentro no está validado.

Consultado por La Razón sobre el papel del Presidente en la promoción de dicho congreso, los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, el vocal Tahuichi respondió vía WhatsApp. “Es como casarse sin oficial de registro civil”.

La convocatoria a dicho encuentro sufre la ausencia del aval de la dirección nacional del MAS, presidida por Evo Morales, extremo que observó en la solicitud el TSE. Al contrario, el congreso llamado por el MAS evista para el 10 de julio, en Villa Tunari, no cuenta con las tres organizaciones sociales matrices: campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales.

El TSE considera una respuesta ante las enmiendas de las dos facciones del MAS. “El trámite sigue su curso legal”, dijo Tahuichi.

Hasta el 5 de mayo tienen plazo las organizaciones políticas. Solo cuatro de 11 partidos de alcance cumplieron la obligación.

Consultado sobre si el TSE va a disponer de una quinta ampliación para el trámite, el vocal respondió: “De manera general, tenemos plazo hasta el 5 de mayo. En ese interín habrá novedades”.

A raíz de las diferencias en el MAS, sus dirigentes cruzaron de manera sucesiva solicitudes y resoluciones con el TSE. “Ellos (MAS) viven intensamente su democracia interna y el TSE solo aplica la legalidad”, dijo Tahuichi.

Hay una creciente expectativa por el avance de las elecciones judiciales. A siete días para que la Asamblea Legislativa agote su plazo para la preselección de postulantes, una acción popular amenaza su continuidad.

El 16 de febrero, con la publicación de la convocatoria al proceso de postulaciones, la Asamblea Legislativa comenzó su trabajo para la preselección de 192 aspirantes a las elecciones judiciales.

Son 404 profesionales que vencieron las ocho fases previas a la evaluación de méritos, cuya revisión de formación académica, experiencia laboral y producción intelectual se cumplió con aparente normalidad sobre 100 de los 200 puntos previstos por la ley.

El inicio de la etapa de exámenes orales y escritos de los postulantes, que también se calificará sobre 100 puntos, estaba previsto para el martes 17 de abril. Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, abogada rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso de preselección.

Desde entonces, no se avanzó en la preselección de postulantes.

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Acción popular

La amenaza que acecha el proceso data del 18 de abril. La abogada Yeny Dury Bautista presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

La denuncia expone la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección. Asimismo, Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, confirmó a La Razón que dicha acción popular se resolverá mañana, a las 09.00, en una audiencia virtual.

Aparte de esa acción, indicó que se presentaron al menos 12 amparos contra la preselección, cuyas audiencias serán resueltas entre hoy y mañana.

¿Esta acción popular, de salir a favor de la demandante, frena el proceso de preselección?

Dato

Los alcances de la determinación del Tribunal de Garantías podrían tener esa connotación, de paralizar incluso todo el proceso hasta que se pueda adecuar a las determinaciones del Tribunal de Garantías, en el peor de los escenarios, en el sentido de la ley. Pero eso es adelantarse demasiado. Es una posibilidad. Así como también es una posibilidad que se niegue la tutela y se prosiga todo el proceso, siga mudando la actividad de la comisión.

Ayer, en Bolivia Tv, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que “podrían ampliarse los plazos” asignados a la Asamblea Legislativa, mientras “se resuelven y adecúan” las observaciones.

“Si se ha paralizado este proceso es precisamente por la interposición de recursos constitucionales de postulantes que, en varios de los casos, han visto el poco elemento de motivación que han tenido las resoluciones que han sido construidas desde las comisiones”, dijo Jáuregui.

Terminada la fase de preselección, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alistará la tercera elección judicial en el país. La primera se celebró el 16 de octubre de 2011 y las segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Se elegirán 23 magistrados, titulares y suplentes, para los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y tres consejeros a la Magistraturas, con las mismas condiciones.