La exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y su colega suspendido Gualberto Cusi participaron ayer de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusaron al Estado de no garantizar la independencia judicial. En la misma sesión, el procurador, Héctor Arce, respondió que hay problemas en la Justicia y que algunos de sus miembros hacen uso político del cargo.
James Cavallaro presidió la audiencia en la que Velásquez y Cusi, como peticionarios, denunciaron, a su turno, la injerencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales y lo que consideraron un contrasentido: que la Asamblea Legislativa Plurinacional, un poder político, juzgue a los magistrados como sucedió en sus casos.
Arce habló en defensa del Estado y reconoció la existencia de debilidades en la Justicia, pese a haberse dado un paso con la elección de autoridades judiciales a través del voto popular, como el caso de los dos peticionarios. “Lamentablemente en nuestro país varias de las autoridades elegidas no han cumplido a cabalidad esa función, han asumido como representantes políticos”, afirmó.
Los magistrados Velásquez, Cusi y Soraida Chánez fueron procesados en un juicio de responsabilidades por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias por la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. Cusi aún no fue sancionado, ya que el juicio en su contra fue suspendido por su delicada salud.
Velásquez también mencionó que en el curso del proceso fue modificada la Ley de Juicio de Responsabilidades, que quitó al Legislativo el poder de sanción penal y le atribuyó solo sanciones en materia disciplinaria. Abrió la posibilidad de renuncia de los procesados, caso en el que se anularía el proceso, aunque se envía el caso a la jurisdicción penal.