El procurador general del Estado, Cesar Siles, pidió a los diputados reconsiderar la reposición del proyecto de “Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes”. Además, aseguró que desde esa dependencia impulsarán este documento hasta que sea aprobado.

“Nos alarma que 54 diputados hayan aprobado el rechazo de este proyecto. Sin embargo, existe desde la Procuraduría (General del Estado) la iniciativa legislativa para seguir impulsando este proyecto de ley. (Esta norma) es una (iniciativa) de derechos humanos y tiene tres finalidades. Por un lado, queremos declarar la imprescriptibilidad de estos delitos, por otro sancionar drásticamente a los que cometen estos actos. (Además), queremos que se esclarezcan estos hechos independientemente de cuando hayan sucedido”. 

Objetó que 54 diputados hablen por los millones de bolivianos, de niños, niñas y adolescentes que han sufrido y están sufriendo todos los días violaciones y abusos sexuales.

Lea más: Diputados del MAS presentarán nuevo proyecto de ley contra el abuso sexual a niños y niñas

En la 168 sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves, el PL 372/22-23 sobre la lucha contra la impunidad en delitos sexuales no fue aprobado: hubo 54 votos en contra, 44 a favor y tres blancos, de un total de 102 sufragios.

Siles pidió que se pueda pedir la reconsideración en la Cámara de Diputados, debido a que esta instancia tiene 48 horas como plazo para asumir esta medida o en su defecto, señaló, que en la siguiente legislatura la Procuraduría la volverá a presentar con “anuncios de recomendación” para impulsar el debate del documento. 

La madrugada de este viernes, un grupo de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, deploró que algunos colegas hayan trabado la aprobación del Proyecto de Ley 372/22-23. Lamentaron que algunos parlamentarios del ala evista (afín al expresidente y jefe del MAS, Evo Morales) tengan “doble moral”.

La diputada Miriam Martínez, quien es miembro de la Comisión de Constitución, instancia donde se trató la propuesta de normativa, señaló que el grupo evista del MAS y la oposición manejan un doble discurso, debido a que en la comisión este proyecto fue aprobado por unanimidad.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sugiere precisar que el plazo de al menos 90 días para la organización de la votación inicie a partir de la convocatoria y publicación del calendario electoral, una vez concluya toda la etapa de preselección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto en respuesta al criterio técnico y jurídico sobre el proyecto de ley en consulta de las elecciones judiciales.

El TSE remitió su respuesta el jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, luego de que la Comisión de Constitución de esa instancia camaral remitiera a consulta el proyecto de ley que apunta a destrabar la realización de los comicios judiciales, tras su aprobación en la Cámara de Senadores.

Lea más: El TSJ rechaza el proyecto de ley de las judiciales aprobada por el Senado

La medida se decidió debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

Además del TSE, las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, a través de su cuenta X (antes conocida como Twitter) escribió que en el informe también se desarrolla una serie de recomendaciones en el ámbito legal y administrativo para que este órgano del Estado pueda ejecutar “un proceso electoral con calidad técnica, salvaguardando sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes”.

“En el ámbito de coordinación entre órganos de poder público exhortamos a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados puedan tomar en cuenta las conclusiones expresadas en el informe que ha sido remitido por el Órgano Electoral”, indicó Vargas.

A 53 días de la fuga del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que continuarán con los operativos de búsqueda y captura del prófugo uruguayo, mismos que no cesarán hasta dar con su captura ya sea en territorio nacional o en el extranjero.

“El trabajo de la Policía boliviana no va a cesar hasta que se logre la captura de este narcotraficante internacional.  Por eso nos interesa tener relaciones diplomáticas entre las policías de toda la región, para poder intercambiar constantemente la información que vamos obteniendo dentro el territorio nacional”, mencionó.

El 29 de julio, un contingente de 2.250 policías bien pertrechados intentó la captura del capo del narcotraficante uruguayo en Santa Cruz. Huyó junto a su esposa, sus hijos y su equipo armado de seguridad.

Lea más: El caso Marset ya tiene un condenado por asociación delictuosa y organización criminal

Agregó que la búsqueda y captura del uruguayo es liderizada por el país, debido a que, en criterio de Del Castillo la investigación fue abandonada por otros países de la región, por lo que la “Policía está haciendo su mayor esfuerzo para lograr desbaratar esta organización criminal”.

“Logramos aprehender al segundo y tercero y a otros miembros de esa organización criminal, evidentemente con menor jerarquía, y hemos logrado desarticular la organización de cómo funcionaba dentro el territorio nacional”, explicó.

La autoridad también señaló que en esta jornada se tendrá reuniones con todos los grupos de policías que investigan al narco uruguayo y sus nexos para intercambiar información.

Aclaró que los operativos policiales no solo continúan en Beni sino en Santa Cruz, debido a que fue el epicentro donde opera Marset.

Dentro el proceso de investigación en busca del extranjero, ya se tiene a 21 personas sometidas a medidas cautelares.

Allanamientos

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó el lunes que ya se realizaron 119 allanamientos en busca del uruguayo.

“Se ha secuestrado 33 inmuebles, se tiene 39 personas aprehendidas: 32 de nacionalidad boliviana y siete extranjeros. Hay 103 personas investigadas”, reportó en entrevista con La Razón Radio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó este viernes que las inciertas elecciones judiciales “no están desahuciadas” y que ese órgano camaral aguardará las respuestas de las consultas enviadas a siete instituciones.

Mercado respondió a un periodista que en plena conferencia de prensa preguntó: “Presidente, ¿están desahuciadas las elecciones judiciales?”.
“No están desahuciadas las elecciones; lo que tenemos que hacer es avanzar como corresponde, pero sin tener que marchar al ritmo de otros órganos del Estado”, dijo Mercado.

Consideró que el proyecto de ley sobre los comicios aprobado en Senadores responde a un acuerdo “oscuro” que tiene que ver “pegas en el espacio judicial”, que terminó de concretarse con el rechazo del proyecto de ley contra abusos sexuales a niñas y niños.

Recibido por la presidencia de Diputados, el documento que buscaba reencaminar las judiciales llegó a la Comisión de Constitución, para que su contenido sea analizado por sus miembros.

Así, fue remitida una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, advirtió al menos cinco “inconsistencias” en el contenido del proyecto de ley, cuya aprobación calificó de “improvisada” y que priorizó los pactos políticos.

Las observaciones tienen que ver con el presupuesto para la realización de los comicios, cuyos recursos estaban previstos para diciembre de este año y, como la propuesta refiere la votación la segunda o tercera semana de enero, “requiere de una nueva partida presupuestaria”.

Los otros cuestionamientos de Jáuregui están dirigidos a la paridad de género, la meritocracia y, entre las principales, la vacancia, que surge de la votación en los comicios luego del fin de gestión de los magistrados, el 2 de enero.

“Este presidente ha mandado notas pidiendo que nos respondan lo antes posible”, agregó Mercado.

Entretanto, la consulta del TSJ significa que la Asamblea Legislativa aún no puede realizar acción alguna para reencaminar el proceso.

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que presentarán ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley contra el abuso sexual a niños y niñas.

La diputada oficialista Blanca López comunicó la intención. “Vamos a replantear el proyecto de ley, vamos a volver a presentar el proyecto de ley, porque esta ley es tan sensible”, dijo en una conferencia de prensa en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

La legisladora fustigó a los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el “ala radical” del MAS por rechazar la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes.

Reclamó que el bloque de diputados que hizo una huelga de hambre y hasta se tapió en exigencia de la sanción de la ley para las elecciones judiciales “sea ahora quien le niega justicia a las niñas y niños” víctimas de ese tipo de ilícitos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, reclamó que 54 de sus colegas, que votaron en contra de la norma, “les hayan dado la espalda a los niños del país”.

“Han negado justicia a los niños abusados. Han terminado de sellar su pacto”, reclamó.

Diputados del MAS

La diputada Miriam Martínez, también del MAS, afirmó que los legisladores que rechazaron la norma, aunque no brindó nombres, tienen “doble discurso y doble moral”. Según dijo, los mismos diputados que aprobaron la norma en la Comisión de Constitución rechazaron luego en el plenario camaral.

“Se ha materializado un acuerdo oscuro, subterráneo y mañoso (…). Es un bloqueo lleno de intereses personales de un cuoteo de candidatos para los máximos órganos judiciales, pero perjudica gravemente”, dijo la legisladora.

Conocido el rechazo de la propuesta de norma, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales por de postergar la ley de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños y niñas hasta la próxima legislatura.

“No hay razones jurídicas para rechazar este proyecto de ley (…). Evo y Mesa han propiciado que se rechace este proyecto de ley. Ya no va a poder ser tratado en esta legislatura (2022-2023)”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en La Paz.

De igual manera, fustigó a los legisladores que rechazaron el proyecto de norma y dijo que esa decisión “mutila” el derecho de varias víctimas de ese tipo de delitos, cuyos casos “van a ser archivados”.