La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se declaró “víctima” de violencia política por parte del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Ponciano Santos.

En los hechos, la polémica surgió ante el anuncio de la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre el 17 y 23 de septiembre. Copa advirtió que la columna no pasaría por El Alto y Santos descalificó las declaraciones de la alcaldesa alteña y la llamó “mujerzuela”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”.

Por ese motivo, Copa denunció a al campesino por el delito de violencia política hacia la mujer.

“No podemos permitir que a las mujeres que están ocupando cargos políticos sean agredidas de forma tan grosera como lo ha hecho este señor y esperemos que se deje un precedente”, dijo Copa a red Uno.

Eva Copa

La denuncia fue interpuesta por la abogada Paola Barriga, que defiende a la autoridad edil, que critico duramente el accionar de Santos.

“No vivimos en un lugar donde no estemos legislados, (o) no tengamos que actuar bajo derecho, y no puede ser de que un sindicalista, una persona que, a título de estar al lado de Evo Morales, tenga que mellar la dignidad de la alcaldesa”, sostuvo Barriga.

La Fiscalía admitió la denuncia contra Santos y se iniciaron las investigaciones.

“Si tengo que ir yo a notificarlo, lo voy a hacer, yo no me voy a quedar callada”, enfatizó Copa.

Asimismo, la alcaldesa alteña señaló que, si Santos no se presenta a declarar, pedirá al ministerio público que se emita la respectiva orden de aprehensión contra el allegado del expresidente Evo Morales.

La audiencia para la resolución de un amparo constitucional presentada por un expostulante y que pone en vilo a las elecciones judiciales fue postergada para la siguiente semana.

El acto “se suspendió por algunos defectos de forma y alguna falta de notificaciones para la próxima semana”, dijo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.

El amparo fue presentado contra el TSE y amenaza las elecciones judiciales; fue presentado por el abogado Hugo Vargas, inhabilitado en la preselección, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

“No tomaron en cuenta que ese proceso estaba encomendado al pleno de la Asamblea Legislativa. Solamente deberían remitir las listas de todos los postulantes que obtuvieron mínimo 130 puntos; tal como establece la norma”, dijo Vargas, citado por ANF.

El accionante postuló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del departamento de Beni.

En criterio de Vargas, las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución incurrieron en “irregularidades” al “incorporar” en las listas finales a postulantes que no lograron los 130 puntos. El total de puntaje en la preselección era de 200 puntos.

Según el profesional inhabilitado, fue “desplazado” por otro con menos puntaje.

“Hay un amparo constitucional que pretende paralizar estas elecciones judiciales”, advirtió el vocal Tahuichi Tahuichi a La Razón Radio el jueves.

Entretanto, ya se cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre. Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, informó este jueves que el Gobierno de los Estados Unidos formalizó la solicitud para la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila.

“Llegó la solicitud formal de extradición hace dos días atrás y está en manos del magistrado relator Ricardo Torrez. A través de Cancillería llegó esta solicitud y ésta ha sido derivada de manera inmediata al magistrado relator quien tendrá en sus manos la preparación del proyecto de resolución que deberá poner a conocimiento de sala plena (del TSJ)”, dijo el titular del TSJ a la red Uno.

Indicó que tras tener conocimiento de la solicitud de extradición se tiene 60 días para la notificación al imputado. “Ese plazo está corriendo desde la última semana de septiembre y hay que computarlo efectivamente desde esa fecha”.

Extradición

Añadió que solo queda que el magistrado relator haga conocer el proyecto, este sea concediendo la extradición, denegándola o finalmente la “extradición con carácter diferido”.

Explicó que para la última alternativa se reúnen los votos suficientes de Sala Plena del TSJ y se “emite la resolución de fondo”.

Lea más: El TSJ dispone notificar a Estados Unidos con la detención de Dávila para su extradición

 El 2 de agosto, la Cancillería solicitó al TSJ atender el pedido de extradición de Dávila, detenido en el penal de San Pedro (La Paz), por parte del gobierno de Estados Unidos.

El 14 de este mes, el TSJ ordenó la detención preventiva con fines de extradición para el exjefe antinarcóticos. Con ello, se dispuso el registro de los antecedentes penales para conocer si Dávila cuenta con otros procesos penales en curso.

Aprehensión

Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplió la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.

Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.

Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este jueves que se alista un plan de seguridad para garantizar que se desarrolle el inicio del juicio oral de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, además de altos mandos militares y policiales, dentro el caso Golpe I. 

El inicio del juicio oral y presencial está programado para el lunes 14 de octubre a las 09.00; en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz

Operativo

“A través de la Dirección de Régimen Penitenciario vamos a realizar todos los operativos, todas las acciones que sean necesarias a fin de poder garantizar que se desarrolle esta audiencia. En ese sentido, se van a tomar todos los recaudos a los nuevos requerimientos que pueda existir”, dijo la autoridad.

Respecto al desplazamiento de contingentes policiales; Ríos indicó que eso se determinará en función a los informes que se emitan por la Dirección Nacional de Inteligencia, así como los informes de la Administración Penitenciaria.

“Se hace un análisis de apreciación y en función a eso es que se va a determinar el número de efectivos que puedan ser desplazados para garantizar el operativo y el desarrollo de la audiencia. Ese informe se va a valorar internamente y ya el director de Régimen Penitenciario ha anunciado las acciones que se van a asumir”, manifestó.

Lea más: Golpe I: Régimen Penitenciario garantizará presencia de Áñez, Camacho y Pumari en juicio oral

Caso

El caso Golpe I fue abierto por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Este tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Áñez como presidenta; el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Luego de dictar un cuarto intermedio para ver el partido de la selección boliviana frente a Colombia, los diputados ya no retornaron a la 202° sesión ordinaria. Mediante un comunicado se anunció el aplazamiento, sin fecha, del tratamiento de los puntos pendientes en la agenda, entre los cuales está la aprobación de un crédito de $us 250 millones para la atención de desastres naturales.

“Se comunica a todos los diputados la suspensión de la 202 sesión ordinaria de la Cámara de Diputados disponiendo el aplazamiento del tratamiento de los puntos 11 al 14 para una posterior sesión”, dice el comunicado emitido por Diputados en sus redes sociales.

Y acota que la nueva convocatoria a sesión plenaria será emitida “conforme a reglamento con 24 horas de anticipación”.

La sesión se instaló la mañana de este jueves; sin embargo, poco antes de las 16.00 se dictó un cuarto intermedio “por el partido” de las selecciones de Bolivia y Colombia en la ciudad de El Alto. El receso era hasta las 20.00; empero los legisladores ya no volvieron.

La agenda de la sesión tenía 14 puntos, de los cuales se avanzó hasta el 10 con acuerdos sobre transferencia de títulos.

Cuando iba a iniciarse el tratamiento del proyecto Ley N° 573/2023-2024 sobre un crédito de $us 250 millones; diputados de oposición pidieron la presencia del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, para que explique el alcance de la norma.

Lea más: Diputados dicta cuarto intermedio ‘para ver el partido’

Diputados

Según el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandro Ramírez, el ministro llegó hasta la Cámara Baja y explicó sobre el proyecto. Sin embargo, cuando debían iniciar el debate, pidieron un cuarto intermedio para ver el partido.

“Ya se aprobaron varios proyectos de transferencia, pero entrando al préstamo de los $us 250 millones que ya deberíamos estar aprobando, los colegas aducen (un cuarto intermedio) que es por ir a ver el partido. Son de la oposición porque primero ellos no querían seguir adelante, pidieron la presencia del ministro, vino y luego dicen cuarto intermedio hasta la 8, no entiendo cuál es la intención”, lamentó Ramírez la tarde de este jueves.

El proyecto de Ley N° 573/2023-2024 es de Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y Salud Pública, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con el Gobierno, este crédito permitirá la atención de la crisis climática que atraviesa el país, no solo por los incendios que azotan al oriente boliviano, por los que el presidente Luis Arce declaró desastre nacional, sino también la sequía que afecta a varias regiones.

Además, estaba en agenda el proyecto de Ley 450/23-24, de Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleos, por un monto de hasta $us 100 millones con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (Fonplata).