El abogado golpeador Jhasmani Torrico reveló más de media centena de nombres de jueces y fiscales que formaban parte de la red delictiva que lideraba, pero el fiscal General, Juan Lanchipa, sostiene que no hay ninguna prueba para iniciar una investigación a alguno de los denunciados. Espera que el abogado presente indicios de sus denuncias.

Torrico fue detenido y acusado de varios delitos luego de ser descubierto cobrando deudas de sus clientes por medio de golpes y amenazas, según se pudo apreciar en videos difundidos en redes sociales y que después fue corroborado por el propio detenido. Dijo en sus declaraciones que de su entorno delictivo formaban parte policías, jueces y fiscales

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“En este caso vamos a esperar que (Torrico) nos pueda demostrar o acreditar algunos indicios que puedan dar lugar a la apertura de una investigación en relación a alguno de esos nombres (que mencionó)”, explicó Lanchipa, en la ciudad de Sucre, sede de la Fiscalía General del Estado.

Al denominado abogado golpeador se le acusa de privación de libertar por extorsión, tortura y la conformación de una red de consorcio de jueces, fiscales y policías que operaba desde su bufete Lecrere y Asociados. Estuvo en la cárcel de Chonchocoro y luego llevado a Cochabamba para que amplíe sus declaraciones sobre, justamente sus nexos.

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El 5 de junio reveló los nombres de sus supuestos nexos, en una audiencia que fue d eclarada en reserva. Ese día, la fiscal Faridy Arnez dijo: “Se ha recibido su declaración por aproximadamente una semana y partir de ello él ha ido proporcionando información que aparentemente vincularía a determinadas personas que ejercen funciones dentro de la administración de Justicia”.

El magistrado Orlando Ceballos retornó a sus labores y ni el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, ni la sala plena del control constitucional puede obligarlo a dimitir por la denuncia de violencia intrafamiliar que pesa en su contra. Esa decisión debe ser personal.

Flores ofreció una conferencia de prensa este martes para hacer conocer una posición sobre la cada vez mayor presión para que Ceballos deje el cargo por haber sido denunciado por su esposa de violencia intrafamiliar, aunque posteriormente retiró la denuncia aduciendo que solo fue un problema común de un matrimonio.

“No tengo atribuciones, no tenemos atribuciones para exigir la renuncia de esta autoridad”, explicó en reiteradas ocasiones ante la consulta insistente de los periodista respecto a las acciones a tomarse frente a la denuncia que pesa contra su colega y la imagen que se da a la población.

Para Flores la decisión de renuncia de Ceballos es personal. Las asambleístas del oficialismo y la oposición coincidieron este martes en rechazar que el “magistrado golpeador” retorne a sus funciones y advirtieron con instaurar un juicio de responsabilidades de no dar curso a su exigencia.

 El presidente de Diputados, Víctor Borda, también se sumó a las voces de dimisión, en tanto que el ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció en pasados días porque el acusado pida licencia a su cargo.

Ceballos gozada de una licencia sin goce de haberes, pero comunicó a la sala plena que volvería a sus funciones después de resolver el problemas que enfrentaba.

El magistrado Orlando Ceballos retornó a sus labores y ni el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, ni la sala plena del control constitucional puede obligarlo a dimitir por la denuncia de violencia intrafamiliar que pesa en su contra. Esa decisión debe ser personal.

Flores ofreció una conferencia de prensa este martes para hacer conocer una posición sobre la cada vez mayor presión para que Ceballos deje el cargo por haber sido denunciado por su esposa de violencia intrafamiliar, aunque posteriormente retiró la denuncia aduciendo que solo fue un problema común de un matrimonio.

“No tengo atribuciones, no tenemos atribuciones para exigir la renuncia de esta autoridad”, explicó en reiteradas ocasiones ante la consulta insistente de los periodista respecto a las acciones a tomarse frente a la denuncia que pesa contra su colega y la imagen que se da a la población.

Para Flores la decisión de renuncia de Ceballos es personal. Las asambleístas del oficialismo y la oposición coincidieron este martes en rechazar que el “magistrado golpeador” retorne a sus funciones y advirtieron con instaurar un juicio de responsabilidades de no dar curso a su exigencia.

 El presidente de Diputados, Víctor Borda, también se sumó a las voces de dimisión, en tanto que el ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció en pasados días porque el acusado pida licencia a su cargo.

Ceballos gozada de una licencia sin goce de haberes, pero comunicó a la sala plena que volvería a sus funciones después de resolver el problemas que enfrentaba.

El exdirector departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) de Chuquisaca Irineo Condori fue remitido la tarde de este jueves a la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre por la denuncia de corrupción que pesa en su contra. Se lo acusa de cobros para beneficiar a las empresas constructoras de viviendas sociales.

La audiencia comenzó en la mañana y concluyó cerca de las 16:00 de este sábado. El juez Gary Bracamonte determinó que la exautoridad guarde detención preventiva, luego de escuchar y valorar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía, que lo acusó por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes.

Condori fue aprehendido el jueves en Tarija, desde donde se lo trasladó hasta Sucre, lugar en el que radica la denuncia. Se acogió a su derecho al silencio en la Fiscalía, por lo que no hizo ninguna declaración sobre las denuncias que pesan en su contra.

Fue destituido del cargo y es acusado por cobros irregulares y sobornos que van desde Bs 50.000 hasta Bs 200.000 para la adjudicación de la construcción de viviendas sociales. Según el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, el también exdiputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) realizó cobros irregulares vinculados al plan de vivienda que impulsa el Gobierno.

El presidente Evo Morales también se pronunció el jueves sobre el hecho denunciado de corrupción.

“Ante la detención del director distrital de la Agencia Estatal de Vivienda de Chuquisaca, queremos dejar claro que la corrupción será sancionada de manera firme. Los servidores públicos se deben a los bolivianos, cualquier comportamiento deshonesto debe ser denunciado”, afirmó.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió este jueves que se mantenga congelado el pago de regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz y, en consecuencia, rechazó la decisión del juez Alberto Guzmán de reanudar el pago de esos recursos, que la gobernación cruceña exigía a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reponer bajo el emparo de ese fallo judicial.

El presidente del control constitucional, Petronilo Flores, informó de la decisión en medio del conflicto en Chuquisaca, que es sede de las instalaciones del TCP y que cumple este jueves 10 días de paro cívico con bloqueos y piquetes de huelga en demanda, justamente, de derechos sobre el campo Incahuasi.

“Respecto de un memorial presentado por YPFB, bajo una medida cautelar, este tribunal determinó dejar en suspenso la resolución dictada por el juez de garantías de la ciudad de Santa Cruz vinculado al caso Incahuasi. Esto significa que tal como se había determinado en un sentencia constitucional queda en suspenso el pago de regalías”, explicó.

La estatal petrolera había pedido al TCP que disponga que se mantengan congeladas la regalías, en tanto que en Santa Cruz exigen que se cumple el fallo judicial para reponer el pago de las regalías. La gobernación cruceña hizo gestiones para habilitar el pago de los recursos económicos que ahora una nueva decisión decidió mantener congelados. (10/05/2018)