El Consejo de la Magistratura y la Fiscalía iniciaron ayer una purga en la administración de justicia, luego de difundirse un video en el que se ve a un juez extorsionar a la madre de un imputado. Dos jueces, dos fiscales y una secretaria fueron destituidos, tras ser acusados de corrupción.
En el caso de los jueces, la Sala Plena del Consejo determinó cesar de sus funciones a los jueces anticorrupción paceños Marcelo B. y Humberto V., además de la secretaria de ese juzgado, Michael A., por estar implicados en una denuncia de extorsión, al haber pedido $us 15.000 para favorecer a un acusado de violación con un proceso abreviado, previo cambio de figura delictiva por estupro. La madre del sindicado filmó de manera oculta la negociación ilegal. El video fue difundido el lunes.
“La Sala Plena ha determinado la cesación inmediata de los jueces y la secretaria del juzgado”, afirmó el presidente del Consejo, Freddy Sanabria, quien luego advirtió que su institución no protegerá ni encubrirá a ningún funcionario involucrado en hechos irregulares. Por ello, añadió, las tres personas serán sometidas a un proceso penal y disciplinario.
Desaparición. Marcelo B. no asistió ayer a su oficina. Su secretaria aseguró que desconocía la razón por la que el titular del juzgado no fue a trabajar. En el Tribunal Departamental de Justicia indicaron que ese juez no había enviado ninguna nota.
Sanabria aclaró que la cesación de las funciones de los dos jueces y la secretaria se la asume en el marco de la transitoriedad. Lamentó que las normas actuales sean burocráticas y no permitan actuar de manera inmediata con sanciones contra autoridades que cometen delitos en sus funciones.
El presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Juan Carlos Berríos, explicó que la destitución de un juez no puede ser rápida, ya que para ello debe realizarse un proceso disciplinario. También demandó que haya un “cernidor” para designar “a la mejor gente posible” en el cargo de juez, en el proceso de selección que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, confirmó que para hoy Marcelo B. y su personal fueron citados por el Ministerio Público para que presenten su declaración informativa en el marco de una investigación abierta en mismo día de conocido el hecho. Guerrero confirmó que dos fiscales, uno en La Paz y otro en Santa Cruz fueron destituidos de sus funciones por el cobro de dinero y recibir dádivas en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de Santa Cruz se trata de la fiscal Litzie T. B., acusada de haber cobrado dinero, mientras que en La Paz fue separado de la institución el fiscal Augusto M. S., sindicado de cobros o dádivas. Marcelo Rollano, fiscal departamental de La Paz, aclaró que éste último fue retirado por otra denuncia en su contra, no por haber sido citado en el video de extorsión.
“Nosotros no esperamos instrucciones, destituimos y procesamos”, dijo Guerrero y adelantó que esta política de “cero tolerancia a la corrupción” continuará en el Ministerio Público hasta limpiar y depurar a los malos servidores públicos que aún hay.
80 fiscales destituidos
Retiros
Desde 2012, el Ministerio Público destituyó a 80 fiscales en todo el país.
Regiones
En marzo, unos 20 fiscales de La Paz fueron destituidos. Hace dos semanas, 11 fiscales de Oruro fueron retirados.
Denunciante pide garantía e implica a una jueza
La mujer que filmó de manera oculta al juez Marcelo M. cuando le extorsionaba para favorecer a su hijo en un juicio, Patricia Q., afirmó ayer que teme por su vida y la de sus familiares, por lo que pidió garantías a las autoridades. Además, involucró a otra jueza en similar acto de corrupción.
“Temo por mi vida, por la de mi hijo y de mi familia. Pido por favor a todos los jueces, fiscales, incluso al Presidente para que me den garantías. Yo no quería hacer esto (del video), pero ellos han actuado mal pidiéndome dinero. No es mentira lo que he vivido, es cierto”, declaró a los periodistas mientras se sumía en un llanto incontrolable.
La mujer también citó a la jueza Lía C., a quien le acusó de haberle pedido $us 9.000 para no perjudicar en el proceso judicial en contra de su hijo. Patricia contó que el fiscal David Villena imputó a su hijo por el delito de estupro, pero que la autoridad judicial cambió la figura delictiva por violación, que tiene más años de condena.
A partir de esa determinación, la madre del joven imputado dijo que fue presionada por el personal judicial para pagar $us 15.000, con el fin de que su hijo no sea juzgado por un delito mayor. Añadió que no pudo reunir el dinero.
García demanda un proceso inmediato
El vicepresidente Álvaro García deploró el acto de corrupción del juez paceño Marcelo B., que fue filmado cuando extorsionaba a una mujer para favorecer al hijo de ésta en un juicio. Pidió una respuesta inmediata de parte de las autoridades judiciales para destituir y enjuiciar a este tipo de magistrados.
“La Justicia está en su peor momento, los niveles de corrupción y extorsión son abominables”, sostuvo García. Añadió que este tipo de delitos grabados muestran el grado de decadencia y desmoronamiento moral de la Justicia y la necesidad de tomar medidas urgentes y contundentes para extirpar este “cáncer” que ha crecido. Indicó que se debe acelerar la realización de la Cumbre Judicial para plantear soluciones a la crisis en la administración de justicia.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, asambleístas del oficialismo y la oposición y el defensor del Pueblo, Rolando Villena, también exigieron a las autoridades judiciales castigar a los jueces y fiscales que fueron denunciados de cometer actos de corrupción.
Montaño, por ejemplo, dijo que las autoridades del Órgano Judicial deben procesar inmediatamente al juez que extorsiona porque éste no se puede burlar “asquerosamente” de los bolivianos. “Encontrado (el juez) in fraganti, avergüenza a la dignidad humana; debe ser sancionado con el máximo rigor, no podemos seguir tolerando que la Justicia esté tan descarriada”, afirmó Villena.
Yerko Núñez, senador de Unidad Demócrata (UD), declaró a la ABI que solicitó un informe al Ministerio Público para conocer todos los actos de corrupción que hay. Advirtió que éstos no pueden quedar impunes. Javier Zavaleta, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que “es intolerable” lo que pasa en las oficinas judiciales. Añadió que espera una sanción contra el juez que fue filmado.