En audiencia cautelar reservada, la jueza Melania Lima ordenó la reclusión preventiva de los exjueces José Marcelo B., Jorge Humberto V. S. y la exfuncionaria Micaela A., imputados por extorsionar a una litigante. Ernesto E. A., el cuarto implicado, comparecerá a las 14.00 de hoy.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, había pedido el sábado la detención preventiva de los cuatros implicados. “El Ministerio Público ha podido recabar los elementos que han sustentado la imputación formal y demostrar la existencia de riesgos procesales”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano.
La audiencia, que Lima declaró de “carácter reservado” por lo que los periodistas no pudieron presenciarla, comenzó a las 09.25 y concluyó poco después de las 14.00.
Del acto procesal participaron representantes del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cartera que divulgó el video de la extorsión y se convirtió en parte coadyuvante del proceso, y la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
Patricia Q., mediante una cámara escondida, filmó una reunión con el entonces juez del Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción José Marcelo B., quien pide $us 3.000 —de $us 15.000 iniciales— para cambiar de violación a estupro la acusación que se iba a presentar contra su hijo.
En el video aparece el juez Jorge Humberto V. S., y en la charla se cita a Ernesto E. A., quien abandonó la audiencia pasado el mediodía de ayer aquejado por problemas de salud.
“Este es un ejemplo. Caiga quien caiga, vamos a pedir que vayan a la cárcel. No vamos a soportar que siga la corrupción, vamos a pedir al fiscal que acuse adecuadamente y que haya celeridad para una sentencia correcta”, dijo la titular de Justicia.
La determinación especifica que los dos exjueces anticorrupción sean recluidos en el recinto penitenciario de Patacamaya y la funcionaria, en el Centro de Orientación Femenina (COF) por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes y otros en grado de autoría y de complicidad.
Video. “La decisión es de la jueza y hay que obedecer esa determinación”, declaró Rollano ante la consulta de por qué no se los había recluido en la cárcel de San Pedro.
La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, ponderó la decisión judicial y aseguró que durante la etapa de investigación se establecerá si hay más implicados y se verificará si efectivamente existen “redes de extorsión” involucradas en este caso.
En sus declaraciones, también dio cuenta de que se “nombró a dos funcionarios más, una judicial y un funcionario del Ministerio Público”, a quienes alcanzará el proceso judicial.
Así, se prevé convocar al exfiscal Félix Augusto M. S. y a la jueza Lidia C., quien habría rechazado un procedimiento abreviado, según informó David Tezanos, director nacional de Defensa Pública.
En tanto, Rollano aseguró que serán convocados “todos los que puedan aportar a la investigación”.
La audiencia de medidas cautelares de Ernesto E. A. se llevará a cabo a las 14.00 de hoy.
Velasco aseguró que la cartera de Justicia continuará patrocinando a la denunciante y la Fiscalía la acogerá en el programa de protección a testigos.
Los Riesgos procesales en el caso
Documento
La Fiscalía advirtió de riesgos procesales debido a que los sindicados no presentaron documentación original que respalde su residencia. De hecho, el principal imputado solo entregó la factura de alquiler de su supuesto domicilio.
En tres años, 80 fiscales fueron destituidos
En los últimos tres años, unos 80 fiscales y similar cantidad de auxiliares y peritos forenses involucrados en hechos de corrupción fueron destituidos, informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
“En el ámbito del Ministerio Público asumimos una política institucional de transparencia y depuración de malos servidores. En estos tres años destituimos a unos 80 fiscales en todo el país y una cantidad similar de asistentes, auxiliares y algunos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses que realizaban cobros o hacían certificados a pedido”.
Guerrero sostuvo que la retardación de justicia es el caldo de cultivo de la corrupción en la que están involucrados jueces, fiscales e incluso investigadores de la Policía Boliviana. En lo que va del año, la Fiscalía General intervino las oficinas departamentales de La Paz y Cochabamba y comenzó la reestructuración de la de Oruro.
Por otro lado, la delegada del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi, informó que en este año ocho jueces fueron destituidos por irregularidades.