Nacional

martes 15 jun 2021 | Actualizado a 11:53

Caso de corrupción del Fondo Indígena llega a mandos altos

Fiscalía. Aprehendieron al senador Jorge Choque (MAS) y a Damián Condori 

Indicios. La exministra Julia Ramos sale de las celdas de la FELCC de la ciudad de La Paz, ayer.

/ 28 de noviembre de 2015 / 09:06

En el repunte del caso Fondo Indígena, las pesquisas tomaron un nuevo giro y llegaron a dirigentes de mandos altos. Tras la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, el jueves, ayer corrieron la misma suerte el senador Jorge Choque (MAS) y Damián Condori, disidente del MAS.

El caso Fondo Indígena estalló en febrero, luego de que la Contraloría halló 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado por Bs 71 millones. Por este hecho, el Gobierno intervino esa repartición por seis meses, tiempo en el que detectó 30 “proyectos fantasma” valuados en Bs 14 millones, cifra que podría llegar a Bs 102 millones porque aún faltan inspeccionar otros trabajos. Hasta octubre, por este caso, estaban detenidas siete personas, entre exdirectivos y dirigentes locales, entretanto había 205 procesados.

Pesquisas. Sobre la aprehensión de Ramos, la directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, explicó que ello ocurrió porque se verificó responsabilidad en la aprobación de ocho proyectos fantasma, en 2010, al margen de los 30 que se constató en la Intervención. Es decir, ahora suman 38 obras inexistentes.

“Prácticamente por la aprobación de estos ocho proyectos fantasma, estamos hablando de un daño económico de 7,5 millones de bolivianos”, remarcó Fuentes a los periodistas.

Choque se presentó a declarar de forma voluntaria ante el fiscal Ángelo Saravia, quien determinó la aprehensión del senador porque éste no presentó los descargos de los tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados. La Fiscalía acusa al asambleísta de cometer los delitos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito cuando era funcionario público en el desaparecido Fondo Indígena.

Según información del Fondo Indígena en Liquidación, Choque era dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. La obra que le observaron está en los 153 proyectos denunciados por la Contraloría, que es la producción de forraje con semilla certificada para los municipios de Sica Sica, Collana y Ayo Ayo. Para cada uno de estos destinos, Choque recibió Bs 739.335,00.  Andrés Zúñiga, abogado del acusado, denunció que su cliente sufre ataques de sus “enemigos” políticos, por lo que anunció que demostrarán con “pruebas de descargo” su inocencia.

Choque fue enviado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde espera la audiencia cautelar para que se defina su situación legal. El juez decidirá si se defiende en libertad o detenido. En Sucre, cerca de las 17.00, se informó que Damián Condori, que era dirigente del MAS cuando recibió dinero para dos proyectos, fue aprehendido y luego conducido a la ciudad de La Paz por vía terrestre.

Al referirse a este caso, el vicepresidente Álvaro García advirtió que se debe sancionar a las personas involucradas en las irregularidades sea quien sea. “La Justicia tiene que actuar de manera independiente sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer. Jamás se intervendrá para pedir algún favor para nadie”.

Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata, sostuvo que la detención de Ramos se dio para disimular la impunidad y proteccionismo del Gobierno hacia algunos de sus principales dirigentes que fungían como parte del directorio del Fondo. Recordó que hace algunas semanas presentó una lista de 800 personas, la mayoría del MAS, que recibieron dinero del Fondo en sus cuentas bancarias personales.

Decisión de la Fiscalía

La directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, aseguró que la situación de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo está en manos de la Fiscalía, ya que se cumplió con enviar el informe de la Intervención. En éste se indica responsabilidad de la exautoridad.

Amplían una querella en contra de 24 personas

La directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, informó ayer que se amplió la querella por los ocho nuevos proyectos fantasma en contra de 24 personas, entre responsables de obras y de monitoreo. Según la autoridad, esta ampliación se la presentó el 15 de septiembre, ante la Fiscalía, por la existencia de elementos de responsabilidad e irregularidad que se evidenció en la revisión de obras. “La ampliación de querella se la presentó dentro de los 153 proyectos que están denunciados por la Contraloría General”, añadió.

Según el documento de la querella, se acusa a tres exfuncionarios de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Avance de Proyectos por omisión e incumplimiento de deberes, ya que no hicieron su trabajo con los proyectos.

En el documento se indica que se demandó al Ministerio Público ampliar la investigación por las ocho obras fantasma a 21 representantes de los proyectos, que en su mayoría son de sectores sociales nacionales. “Su conducta se acomoda perfectamente al tipo de incumplimiento de contrato con el Estado y contratos lesivos al Estado”, se lee en la petición del fondo.

Denegan acción de libertad a Ramos

La jueza 7ª de Sentencia y Partido, Sussel Márquez Moreno, denegó ayer la acción de libertad interpuesta por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010), Julia Ramos. Las observaciones a su aprehensión deberán ser resueltas en una audiencia cautelar prevista para hoy.

Ramos, actual dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, fue aprehendida el jueves, acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado, por ocho proyectos no ejecutados que causaron un daño económico de Bs 7,5 millones, según información del Fondo Indígena en Liquidación.

Paulo Gutiérrez, abogado de la imputada, afirmó que “se denegó la tutela para resolver la acción de libertad, en el tribunal, por lo que se puede volver a presentar una acción de libertad, previo a que el juez cautelar resuelva las vulneraciones y observaciones que se cometieron en contra de mi clienta con su aprehensión”.

El jurista aseguró que Ramos no tiene culpabilidad y es un abuso de la Fiscalía de que “jueguen” con los plazos procesales que exigen las leyes. Una muestra, según Gutiérrez, es que la exministra nunca tuvo un proceso judicial y ésta es la primera; pese a ello, ella estaría dispuesta a colaborar en la investigación que se realiza.

“Dentro de los ocho proyectos denunciados por la Intervención, mi cliente aseguró que no fueron elaborados cuando ella era presidenta del directorio del Fondo Indígena (2010), Ramos era ministra de Desarrollo Rural y Tierras, y en ese cargo no se puede aprobar nada, ya que ese trabajo lo hacían los miembros del directorio, lo que estaría en los papeles”, dijo el abogado.

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La Fiscalía anuncia que convocará a todos los partícipes e involucrados en el caso ‘golpe’

Las personas convocadas inicialmente lo harán como “testigos” y una vez que se reciba su versión se determinará su grado de participación o el grado de influencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código Penal.

Por Miguel Lazcano

/ 15 de junio de 2021 / 11:52

La Fiscalía General del Estado (FGE) convocará a declarar a «todas aquellas personas que tengan grado de participación o estén involucradas dentro del proceso» denominado como «golpe de Estado» y que fueron aludidas por la expresidenta Jeanine Áñez en su declaración, como el exmandatario Carlos Mesa.

El anuncio de la Fiscalía se da en el marco de las declaraciones realizadas por Áñez el 8 de junio ante la comisión de fiscales que investiga este caso. Según el testimonio de la exmandataria, Carlos Mesa objetó la sucesión de Adriana Salvatierra tras la renuncia de Evo Morales y recordó que la noche de aquel 10 de noviembre de 2019 Ricardo Paz, asesor del expresidente, la llamó para proponerle el cargo.

“Cuando se realiza una investigación de un hecho y dentro de este hecho se identifican partícipes, testigos o se identifican a personajes que estén involucrados en el hecho necesariamente tienen que ser convocados para que presten su versión de su verdad y en función a ello nosotros construyamos una verdad material para sujetar a consideración de la autoridad jurisdiccional”, explicó el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

En ese marco, ratificó que la comisión de fiscales convocará a “todas aquellas personas que tengan grado de participación o estén involucradas dentro del proceso” y que fueron “señaladas” por las personas investigadas.

También explicó que las personas convocadas inicialmente lo harán como “testigos” y una vez que se reciba su versión se determinará su grado de participación o el grado de influencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código Penal.

El Capítulo III (Participación Criminal) del Código Penal señala en el Artículo 20 que “son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”. Y añade: “Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”.

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En Ecuador denuncian al expresidente Moreno por ‘préstamo’ de granadas y proyectiles a Bolivia

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, afirmó que “la responsabilidad” de Jeanine Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune.

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno. Foto: AFP

/ 15 de junio de 2021 / 09:12

El asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra el expresidente Lenín Moreno por el “préstamo” de material antidisturbios a Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.  

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego Correa confirmó por la misma plataforma que la denuncia es contra “Moreno y otros por presunto peculado en relación a entrega de armas a Bolivia”.

Este martes, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, también por Twitter, escribió que “la investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia”.

Además, la autoridad boliviana remarcó que “la responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune”.

El reciente fin de semana, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló que el “préstamo” fue irregular y acusó a la Policía de Ecuador de haber apoyado la represión en noviembre de 2019 al mandato transitorio de Áñez.

Apuntó a los entonces ministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) de haber hecho las gestiones en medio de una “cooperación regional de represión” al estilo del Plan Cóndor de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado.

Asimismo, indicó que el traslado se hizo con un “perfil bajo” sin que López haya respetado la ley de armas en cuanto al ingreso del material represivo sin escolta militar.

El lunes, el exministro Mauricio Ordóñez reveló que el 14 de noviembre de 2019, en reunión de gabinete, Lizárraga se contactó con el exministro Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de 2003, para resolver la falta de proyectiles y gases lacrimógenos para enfrentar las protestas de entonces.

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El vocero Richter considera que debe investigarse el papel de los mediadores en el conflicto de 2019

El portavoz presidencial Jorge Richter señaló que hubo varias reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y que solo en una participó el MAS.

Jorge Richter

/ 15 de junio de 2021 / 00:04

El portavoz presidente Jorge Richter consideró este lunes que debe investigarse el papel de los mediadores, la Iglesia Católica y la Unión Europea, en las reuniones extralegislativas de noviembre de 2019 que terminaron dándole el poder a Jeanine Áñez.

“Ahí también va a tener que existir alguna investigación y escuchar algunas voces de las participaciones de los mediadores”, para determinar qué hacían reunidos con una sola parte de los actores en conflicto en ese entonces porque, dijo, la delegación del MAS solo asistió a una sola cita.

Predios de la Universidad Católica Boliviana, en la zona Sur de La Paz, fueron el escenario de las reuniones extralegisaltivas que se dieron tras la dimisión de Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. No solo fue una, a decir de Richter.

Representantes de la Iglesia Católica como el extinto Eugenio Escarpellini y el exembajador de la Unión Europea León de la Torre participaron como facilitadores de un diálogo en el que estuvieron actores como los expresidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa, representantes del excívico Luis Fernando Camacho y Jubileo que, afirmó Richter, “no tenían mandato de definir al próximo presidente”.

“¿Qué hacían los mediadores reunidos con una sola parte, con aquellos sectores que habían logrado capturar gran parte del poder del Estado?” cuestionó e insistió que la delegación del MAS, integrada por la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y la exdirectora de la UIF Teresa Morales, estuvo en solo una reunión en la UCB.

Áñez rompió el silencio y en sus declaraciones ante la Fiscalía por el caso “golpe de Estado” reveló que Ricardo Paz, asesor de Mesa, le propuso asumir la presidencia y que Mesa objetó que Salvatierra asuma el poder por sucesión constitucional. También reveló que el 11 llegó a El Alto en un avión comercial y que desde ahí fue llevada al Colegio Militar en un helicóptero militar.

“Ya había una decisión tomada”, aseguró Richter y consideró que por las declaraciones que surgen “da la sensación de que esto recién empieza”.

Por la Iglesia también estuvieron monseñor Aurelio Pesoa, Giovani Arana y José Fuentes. La Conferencia Episcopal Boliviana aseguró en diferentes momentos que solo facilitaron el diálogo.

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Expertos ven mayor polarización y dicen que a la gente le interesa más empleo y certidumbre

Manuel Mercado, especialista en comunicación política y responsable de OBA, afirmó que existe una manejo de la comunicación excesivo y nocivo porque el país está en un momento donde “la gente necesita tranquilidad, certidumbre e información".

Manuel Mercado, Pablo Rossel y Verónica Rocha con la directora de La Razón y Extra, Claudia Benavente, en el programa Piedra, papel y tinta.

/ 14 de junio de 2021 / 23:51

Tres expertos coincidieron en que en Bolivia el ambiente político aún se encuentra “altamente” polarizado y que el mayor interés de la ciudadanía, hoy por hoy, es encontrar un empleo, mejorar el que tiene y tener certidumbre sobre el futuro.

“Estamos viviendo un momento político con una polarización ‘latente’. Ésta se apaciguó un poco con las elecciones, pero está latente y dispuesta a manifestarse de acuerdo a los ánimos políticos y eso es lo que vimos en la Asamblea Legislativa (la pasada semana)”, sostuvo la comunicadora y columnista de La Razón, Verónica Rocha, en el programa por streaming Piedra, papel y tinta de La Razón y Extra.

Pablo Rossel, economista y también columnista de La Razón, advirtió que la pasada semana el país vivió una avalancha de noticias con primacías de temas como la liberación de vacunas o la “bochornosa” pelea en la Asamblea Legislativa entre opositores y oficialistas durante la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre el tema Jeanine Áñez.

“Luego vino la declaración de Áñez que involucra a (Carlos) Mesa como un actor principal del ascenso de ella a la Presidencia en medio de una serie de acontecimientos en 2019 que estaban plagado de irregularidades”, sostuvo.

Rosell, citando una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), afirmó que hoy la sociedad a lo que le da importancia es a la corrupción, la economía y la crisis sanitaria.

“El problema de un 30% es encontrar empleo o mejorar su empleo, invertir en un negocio propio. ¿Cuándo le preguntan cuál es el problema de tu vida?, dicen es encontrar empleo. Es muy interesante porque la gente una vez que termina de ver las noticias y las redes sociales su principal preocupación es el empleo o mejorar su empleo”, aseguró.

Manuel Mercado, especialista en comunicación política y responsable de OBA, afirmó que existe una manejo de la comunicación excesivo y nocivo porque el país está en un momento donde “la gente necesita tranquilidad, certidumbre e información que es reemplazado por el intento de generar un ambiente de paranoia como no hay vacunas, no hay oxígeno. Somos indolentes en algunos sectores de la política que podemos atizar estos temas para rédito político”.

Mercado coincidió con Rossel y Rocha en que la ciudadanía quiere conseguir empleo, mejorar su empleo, pagar sus deudas.

“Hay una necesidad que se les haga justicia”, dice con relación a lo que sucedió en noviembre de 2019, pero también la gente busca que se interesen por su vida individual.

“La deshumanización de la política es la pérdida de la esencia de la política, la deshumanización de la economía es la perdida de la economía y la manera de tratar de quitar la moral de la política es desnaturalizar la política. Son elementos que pueden parecer filosóficos pero no podemos perder de vista de que somos 11 millones de seres humanos que estamos preocupados por pagar deudas, obtener un empleo, la educación de los hijos, por llevar una pan a la mesa”, sostuvo.

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La Cancillería informa que las solicitudes de cooperación jurídica internacional deben cumplir cinco requisitos

Entre las solicitudes de cooperación jurídica internacional están los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos que encomienden diligencias a cumplirse en el extranjero.

El edificio de la Cancillería, en La Paz.

/ 14 de junio de 2021 / 20:36

La Cancillería boliviana informó que las solicitudes de cooperación jurídica internacional deben cumplir cinco requisitos indispensables para evitar que su trámite demore o sea devuelto, como en el caso de la solicitud de extradición a Estados Unidos del exministro Arturo Murillo, uno de los principales implicados en la denuncia de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

La recomendación surge una semana después de que el exhorto suplicatorio para la extradición de Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, fuera devuelto por la Cancillería a las autoridades judiciales porque no cumplían con el requisito de estar traducido al idioma inglés.

La Cancillería socializó los requisitos «con el propósito de brindar celeridad en la tramitación de exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, presentadas al Ministerio de Relaciones Exteriores en su condición de Autoridad Central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional y, evitar observaciones y devoluciones innecesarias de los Estados requeridos».

El primer requisito es una nota de atención dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la transmisión del exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional que presenta, a la autoridad competente del Estado requerido.

Asimismo, el exhorto, carta rogatoria o requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional librado por autoridad judicial o una autoridad fiscal, debe tener un ejemplar original y dos copias simples.

Esos documentos deben «encomendar su ejecución y cumplimiento de manera específica y literal a las autoridades competentes del Estado requerido; invocar, de forma expresa, el convenio bilateral o multilateral vigente y aplicable en la materia; cumplir con los requisitos, presupuestos y exigencias establecidos en el Instrumento Internacional invocado».

En caso de no existir un instrumento internacional aplicable, excepcionalmente, podrá invocarse el Principio de Reciprocidad.

El tercer requisito es que los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional, dirigidos a autoridades extranjeras cuyo idioma oficial no es el castellano, deben acompañar su traducción oficial respectiva -incluyendo la traducción de toda la documentación anexa-, efectuada por un traductor autorizado y debidamente autenticada por la autoridad que libró dicha solicitud de cooperación jurídica internacional».

Los exhortos, cartas rogatorias o requerimientos de Cooperación Jurídica Internacional también «deben ser debidamente apostillados cuando el convenio bilateral o multilateral lo exija».

Solicitudes a Estados Unidos de Norteamérica.

Por último, los exhortos de solicitud de extradición dirigidos a autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica «deberán ser apostillados sin que se requiera otro tipo de legalización y deberán ser traducidos por cualquiera de los traductores que se encuentran registrados en la página web de la Embajada de ese país en Bolivia».

El 27 de mayo, la Fiscalía boliviana inició el trámite de extradición del exministro Murillo detenido en Estados Unidos y las acciones para la recuperación y repatriación de activos, dineros y valores que se hubieran derivado de la compra con sobreprecio de material antidisturbios entre 2019 y 2020.

Según la investigación, Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron del “esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020”. El exministro se encuentra detenido a la espera de su audiencia para definir su situación jurídica.

Murillo fue el hombre de confianza de la expresidenta Jeanine Áñez y el de la línea dura del gobierno transitorio. Poco después de que asumió como ministro inició la compra del material antimotín a través de un intermediario, Bravo Tactical Solutions (BTS), y no de forma directa como se había hecho en el pasado. Se pagó $us 5,6 millones, de los que $us 2,3 millones fueron parte del pago de sobornos.

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