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Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 18:50 PM

Caso de corrupción del Fondo Indígena llega a mandos altos

Fiscalía. Aprehendieron al senador Jorge Choque (MAS) y a Damián Condori 

/ 28 de noviembre de 2015 / 09:06

En el repunte del caso Fondo Indígena, las pesquisas tomaron un nuevo giro y llegaron a dirigentes de mandos altos. Tras la aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, el jueves, ayer corrieron la misma suerte el senador Jorge Choque (MAS) y Damián Condori, disidente del MAS.

El caso Fondo Indígena estalló en febrero, luego de que la Contraloría halló 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado por Bs 71 millones. Por este hecho, el Gobierno intervino esa repartición por seis meses, tiempo en el que detectó 30 “proyectos fantasma” valuados en Bs 14 millones, cifra que podría llegar a Bs 102 millones porque aún faltan inspeccionar otros trabajos. Hasta octubre, por este caso, estaban detenidas siete personas, entre exdirectivos y dirigentes locales, entretanto había 205 procesados.

Pesquisas. Sobre la aprehensión de Ramos, la directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, explicó que ello ocurrió porque se verificó responsabilidad en la aprobación de ocho proyectos fantasma, en 2010, al margen de los 30 que se constató en la Intervención. Es decir, ahora suman 38 obras inexistentes.

“Prácticamente por la aprobación de estos ocho proyectos fantasma, estamos hablando de un daño económico de 7,5 millones de bolivianos”, remarcó Fuentes a los periodistas.

Choque se presentó a declarar de forma voluntaria ante el fiscal Ángelo Saravia, quien determinó la aprehensión del senador porque éste no presentó los descargos de los tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados. La Fiscalía acusa al asambleísta de cometer los delitos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito cuando era funcionario público en el desaparecido Fondo Indígena.

Según información del Fondo Indígena en Liquidación, Choque era dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. La obra que le observaron está en los 153 proyectos denunciados por la Contraloría, que es la producción de forraje con semilla certificada para los municipios de Sica Sica, Collana y Ayo Ayo. Para cada uno de estos destinos, Choque recibió Bs 739.335,00.  Andrés Zúñiga, abogado del acusado, denunció que su cliente sufre ataques de sus “enemigos” políticos, por lo que anunció que demostrarán con “pruebas de descargo” su inocencia.

Choque fue enviado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde espera la audiencia cautelar para que se defina su situación legal. El juez decidirá si se defiende en libertad o detenido. En Sucre, cerca de las 17.00, se informó que Damián Condori, que era dirigente del MAS cuando recibió dinero para dos proyectos, fue aprehendido y luego conducido a la ciudad de La Paz por vía terrestre.

Al referirse a este caso, el vicepresidente Álvaro García advirtió que se debe sancionar a las personas involucradas en las irregularidades sea quien sea. “La Justicia tiene que actuar de manera independiente sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer. Jamás se intervendrá para pedir algún favor para nadie”.

Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata, sostuvo que la detención de Ramos se dio para disimular la impunidad y proteccionismo del Gobierno hacia algunos de sus principales dirigentes que fungían como parte del directorio del Fondo. Recordó que hace algunas semanas presentó una lista de 800 personas, la mayoría del MAS, que recibieron dinero del Fondo en sus cuentas bancarias personales.

Decisión de la Fiscalía

La directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, aseguró que la situación de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo está en manos de la Fiscalía, ya que se cumplió con enviar el informe de la Intervención. En éste se indica responsabilidad de la exautoridad.

Amplían una querella en contra de 24 personas

La directora del Fondo Indígena en Liquidación, Lariza Fuentes, informó ayer que se amplió la querella por los ocho nuevos proyectos fantasma en contra de 24 personas, entre responsables de obras y de monitoreo. Según la autoridad, esta ampliación se la presentó el 15 de septiembre, ante la Fiscalía, por la existencia de elementos de responsabilidad e irregularidad que se evidenció en la revisión de obras. “La ampliación de querella se la presentó dentro de los 153 proyectos que están denunciados por la Contraloría General”, añadió.

Según el documento de la querella, se acusa a tres exfuncionarios de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Avance de Proyectos por omisión e incumplimiento de deberes, ya que no hicieron su trabajo con los proyectos.

En el documento se indica que se demandó al Ministerio Público ampliar la investigación por las ocho obras fantasma a 21 representantes de los proyectos, que en su mayoría son de sectores sociales nacionales. “Su conducta se acomoda perfectamente al tipo de incumplimiento de contrato con el Estado y contratos lesivos al Estado”, se lee en la petición del fondo.

Denegan acción de libertad a Ramos

La jueza 7ª de Sentencia y Partido, Sussel Márquez Moreno, denegó ayer la acción de libertad interpuesta por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010), Julia Ramos. Las observaciones a su aprehensión deberán ser resueltas en una audiencia cautelar prevista para hoy.

Ramos, actual dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, fue aprehendida el jueves, acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al Estado, por ocho proyectos no ejecutados que causaron un daño económico de Bs 7,5 millones, según información del Fondo Indígena en Liquidación.

Paulo Gutiérrez, abogado de la imputada, afirmó que “se denegó la tutela para resolver la acción de libertad, en el tribunal, por lo que se puede volver a presentar una acción de libertad, previo a que el juez cautelar resuelva las vulneraciones y observaciones que se cometieron en contra de mi clienta con su aprehensión”.

El jurista aseguró que Ramos no tiene culpabilidad y es un abuso de la Fiscalía de que “jueguen” con los plazos procesales que exigen las leyes. Una muestra, según Gutiérrez, es que la exministra nunca tuvo un proceso judicial y ésta es la primera; pese a ello, ella estaría dispuesta a colaborar en la investigación que se realiza.

“Dentro de los ocho proyectos denunciados por la Intervención, mi cliente aseguró que no fueron elaborados cuando ella era presidenta del directorio del Fondo Indígena (2010), Ramos era ministra de Desarrollo Rural y Tierras, y en ese cargo no se puede aprobar nada, ya que ese trabajo lo hacían los miembros del directorio, lo que estaría en los papeles”, dijo el abogado.

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Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

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La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

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Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

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Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

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El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

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