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Wednesday 24 Apr 2024 | Actualizado a 09:45 AM

Magistrados del TCP fueron a China a un curso ajeno a temas judiciales

Viaje. Tres de los 5 temas están referidos al Gobierno chino, según un documento

/ 3 de diciembre de 2015 / 07:15

El seminario auspiciado por China, al que asistieron cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y por el que desataron una ola de críticas en Bolivia, no contempla en su agenda de cinco puntos temas judiciales o constitucionales.

La Razón accedió a un documento en el que se especifica que los ejes temáticos del seminario son: a) La estructura organizativa del Gobierno chino y las reformas del sistema administrativo; b) La situación microeconómica; c) Teoría y aplicación de la administración pública; d) La política exterior de China; y e) Las estrategias y políticas en la paliación y reducción de la pobreza en China.

En la invitación se señala que los ponentes de las conferencias son servidores públicos y expertos veteranos que provienen del Gobierno chino, la Academia Nacional de Gobernación y centros de investigación universitaria, “de ahí los temas principales del evento”. Este encuentro comenzó el 16 de noviembre y se prevé que concluya el 13 de diciembre.

El polémico seminario, enmarcado en el programa Human Resource Development Cooperation Programas in the Framework Of China’s Foreing Aid, fue organizado por el Centro de Capacitación  de la Academia Nacional de Gobernación de China, gracias al acuerdo de cooperación suscrito entre la República Popular de China y el TCP de Bolivia.

La delegación estuvo integrada por cuatro de los siete magistrados: Ruddy Flores, Efrén Choque, Neldy Andrade y Mirtha Camacho, además de 16 funcionarios. El 23 de noviembre, el magistrado Oswaldo Valencia denunció que, a raíz de ese viaje, el TCP se quedó sin quórum, por lo que pidió la convocatoria a suplentes. Tres días después, el presidente de esa instancia, Zenón Bacarreza, habilitó a la suplente Carmen Sandoval para la realización de reuniones de Sala Plena.

  Pero las críticas no se dejaron esperar. El vicepresidente Álvaro García fue el más duro, pues calificó a esa acción de “injustificable, inmoral, indecente y abusiva”. Luego expresó su deseo de que algunas de las autoridades que viajaron retornen al país para trabajar.

Es así que tres de los cuatro magistrados —Flores, Choque y Andrade— retornaron a Sucre el martes, 12 días antes de que concluya el curso, y retomaron sus funciones. Solo Camacho se quedó en representación del TCP. Este diario intentó conocer una respuesta de los magistrados que viajaron a China sobre la temática del seminario, pero en el TCP indicaron que se encontraban en reunión de Sala Plena.

Flores, en conferencia de prensa, justificó el viaje cuando indicó que se recogió como experiencia que el proceso de reformas judiciales son similares entre China y Bolivia. También destacó que, en su criterio, la gobernanza de ese país es la más parecida a la CPE de Bolivia porque plantea un socialismo de mercado, enmarcado en el respeto a la ley con cuatro instancias judiciales: los tribunales populares locales, distritales, provinciales y supremos.

Concretamente, Flores se refirió al hecho de que las reformas judiciales en China establecen una cuota de casos que debe ser resuelta por un juez o la relación y el respeto que deben tener los órganos Ejecutivo y Legislativo para garantizar la independencia de la labor del Órgano Judicial.

Las 5 temáticas

El documento de aprobación del viaje de magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hace una relación de cinco temas a ser tratados en el seminario en Pekín, China.

a.- La estructura del Gobierno chino y las reformas al sistema administrativo.

b.- La situación microeconómica.

c.- Teoría y aplicación de la administración pública.

d.- La política exterior de China.

e.- Las estrategias y políticas en la paliación y reducción de la pobreza en China.

“Como resultado de este curso se pretende fomentar la amistad, extender el consenso, consolidar la confianza recíproca y ampliar las cooperaciones mediante estudios y temáticas del Gobierno chino”, se lee en parte del documento que justifica el viaje de una delegación boliviana de esa institución a la capital china.

Destituyen de dos cargos al denunciante

Oswaldo Valencia, magistrado que denunció la falta de quórum en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por un viaje de cuatro de los siete magistrados a China, fue destituido de sus cargos de presidente de la Comisión de Admisión y director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales.

Estas destituciones fueron ejecutadas el martes, día del retorno de los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade y Efrén Choque a Sucre, procedentes de Pekín. En el caso de la Comisión de Admisión, a través de un acuerdo de administración, los magistrados Choque y Flores le comunicaron a Valencia que Choque lo reemplazó en el cargo.

“Por intermedio del presente,  comunico a su autoridad que a partir de la fecha asumirá como presidente de la Comisión de Admisión el magistrado tata Efrén Choque Capuma, por decisión de la mayoría de dicha comisión. Asimismo, se adjunta el acta de reunión de los miembros de la Comisión de Admisión”, se lee en el acta firmada por Choque y Flores.

Respecto a la dirección de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, la Sala Plena determinó cambiar a Valencia por la magistrada Andrade, quien ayer por la tarde fue posesionada en el cargo en un acto que fue realizado en el salón principal de la institución.

Este acuerdo de Sala Plena está suscrito por el presidente del TCP, Zenón Bacarreza, y los magistrados Macario Lahor, Choque, Flores y la ahora responsable de esa instancia, Neldy Andrade. Además, en la resolución se aclara que no votó la magistrada Mirtha Camacho, que se encuentra declarada en comisión, y Valencia, quien expresó su rechazo a la decisión. Valencia calificó ese acto de represalia por haber revelado que la ausencia de los magistrados hizo que el TCP quede sin quórum. Además dijo que, pese a esas acciones discriminatorias en su contra, no renunciará a su cargo.

De su lado, Bacarreza indicó que por fin de año se acostumbra realizar este tipo de cambios en las diferentes instancias del TCP con el fin de encarar modificaciones para la próxima gestión. “¿Represalias en una institución defensora de los derechos humanos y garantista? No puede haber represalias, no las hay contra nadie, es una decisión unánime de Sala Plena para bien de la institución”, señaló Valencia.

Flores indicó que el TCP está más fortalecido que nunca y que todas sus actuaciones administrativas están enmarcadas en la Constitución, la Ley 027 y la Ley de Procedimiento Constitucional; lamentó las declaraciones de Valencia que no condicen con la verdad.

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Judiciales: Asamblea prepara acciones legales contra vocales y jueces por frenar el proceso de preselección

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen... (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La Comisión Mixta de Justicia Plural culmina la etapa de verificación de requisitos.

Por Boris Góngora

/ 23 de abril de 2024 / 22:56

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural determinaron este martes asumir acciones legales contra los jueces y vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y paralizaron el proceso de la preselección para las elecciones judiciales. 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que tras la reunión sostenida entre ambas comisiones se determinó activar acciones penales contra las autoridades judiciales que de “manera maliciosa y mal intencionada” suspendieron y paralizaron el proceso de preselección.

“No vamos a decir quiénes, pero (son) personas que han estado en contra de manera maliciosa y quieren que este trabajo quede ahí y culmine este proceso. (Esas) autoridades que serán denunciadas penalmente”, dijo el legislador.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales presentados por dos postulantes inhabilitados. El primer amparo fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo fue presentado por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

Ante estas acciones judiciales, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva la misma. La audiencia que estaba programada para lunes 22 fue reprogramada para el viernes 26. Esto en razón que se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

Lea más: Judiciales: Comisiones suspenden exámenes a postulantes mientras se resuelven amparos

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, antes del ingreso a reunión de ambas comisiones, señaló que estás acciones serán contra las autoridades judiciales que se “atribuyen a sacar resoluciones contrarias a la Constitución y también usurparon funciones”.

“Queremos presentar una acción legal por prevaricato para que los jueces respeten de manera disciplinada nuestra Constitución. Lo que queremos es que no nos quiten esa atribución de habilitar a los postulantes”, señaló Padilla.

El senador también informó que a las comisiones mixtas llegaron siete procesos judiciales, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen… (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La demanda judicial fue interpuesta a través de una acción popular contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa y los senadores y diputados de las comisiones mixtas que se encargar del proceso de preselección para las judiciales.

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Judiciales: Comisiones suspenden exámenes a postulantes mientras se resuelven amparos

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 23 de abril de 2024 / 19:32

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó este martes que el proceso de evaluación de exámenes orales para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial fue suspendido mientras se resuelvan los amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados.

“Nosotros pasamos una notificación a los postulantes, pero también a través de nuestras redes y páginas de las cámaras de Senadores y Diputados, de que hasta que podamos subsanar el tema de los amparos, queda paralizado o queda en cuarto intermedio (la fase de los exámenes orales), por lo menos hasta el viernes”, dijo el legislador.

El proceso de preselección fue paralizado desde el martes 16, tras el conocimiento de dos amparos constitucionales presentados por dos personas inhabilitadas que consideraron que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue presentado por la inhabilitada Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. El segundo fue presentado por Hercuiliano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia estaba programada para lunes 22, pero esta fue diferida para el viernes 26, toda vez que se debía notificar a los terceros interesados, es decir los postulantes habilitados en esta fase de la preselección.

Lea más: Comisión definirán hoy el camino de la preselección para las judiciales

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, informó en sesión de esa comisión que lo que llama la atención “poderosamente” es el caso de la postulante inhabilitada Medrando, ya que es la única acción constitucional que dispuso como medida cautelar la paralización o suspensión del proceso de preselección en su totalidad.

“En las demás acciones tutelares que se han planteado en diferentes partes del país, las salas constitucionales solo han dispuesto como medida cautelar solo con relación a suspender o paralizar los efectos de las resoluciones que afectarían a los derechos o garantías del postulante que ha formulado su amparo constitucional”.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

También señaló que se reunirán con la directiva de la Comisión Mixta de Constitución para asumir acciones legales contra los jueces y vocales que se atribuyeron en sacar resoluciones contrarias a la Constitución y por la usurpación de funciones.

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Informe de EEUU sobre derechos humanos en 2023 dice que en Bolivia no hubo cambios significativos

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que funcionarios policiales obtienen información de los investigados en ‘base a torturas’.

Referencial.

/ 23 de abril de 2024 / 17:22

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

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En Argentina, desarticulan una banda criminal que llevaba droga desde Bolivia

El Ministerio de Seguridad de Argentina informó que la investigación permitió detectar a “las personas que traían la droga desde Bolivia, quiénes la enfriaban en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban en motos hasta Rosario y el conurbano bonaerense”.

Decomiso de droga y aprehensión de la banda en Argentina.

/ 23 de abril de 2024 / 16:55

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este martes sobre la aprehensión de 18 personas y el desbaratamiento de una organización criminal que se dedicaba a la internación de droga desde Bolivia.

“¡18 detenidos en 30 allanamientos! Toda una banda que traía droga de Bolivia, la escondía en Salta y la trasladaba a Rosario y al conurbano bonaerense, desbaratada. Al principal investigado lo agarramos infraganti”, escribió la autoridad de Argentina.

El Ministerio de Seguridad del vecino país también informó que el operativo denominado Centauro, tras una investigación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizó 30 allanamientos en las provincias de Santa Fe, Salta y Buenos Aires, en las que se desbarató una banda peligrosa del narcotráfico.

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“Detuvimos a 18 criminales e incautamos drogas, armas, vehículos y una suma millonaria de dinero en efectivo”, escribió el Ministerio de Seguridad.

Señaló también que la investigación permitió detectar a “las personas que traían la droga desde Bolivia, quiénes la enfriaban en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban en motos hasta Rosario y el conurbano bonaerense”.

De acuerdo con el medio digital El Ciudadano de Salta, Argentina, en la investigación se corroboró un modus operandi novedoso de abastecimiento de droga, no solo en la ciudad de Rosario y sus alrededores, sino también para el conurbano bonaerense y ciudad de La Plata.

“En cada ciudad existía una persona que recibía la provisión de estupefaciente y la redistribuía en esa localidad, la mayoría de los receptores de la cocaína ya tenían antecedentes por haber estado involucrado en causas en infracción a la ley 23.737”.

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COB advierte con toma física de la Asamblea si legisladores no aprueban proyecto de Ley 035

Juan Carlos Huarachi calificó de “sana” su advertencia de toma de la Asamblea Legislativa y señaló que la COB fue “paciente” en la espera de la aprobación del proyecto.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 23 de abril de 2024 / 16:29

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, conminó a diputados y senadores a aprobar el proyecto de Ley 035, de Límites de la Fracción Solidaria y advirtió con la toma física de su edificio si no ocurre.

“Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y trabajadores, (que) si no promulgan el proyecto de Ley de la modificación en los límites solidarios, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley”, dijo el dirigente de los trabajadores en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“Ya hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto” agregó y calificó de “sana” su advertencia.

El contenido de esa ley generó diferentes interpretaciones que impulsaron a algunos sectores como salud y magisterio a movilizarse. Consideraron que la disposición adicional Única de ese proyecto de ley implica una “jubilación forzosa”.

En realidad, dicha disposición señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

COB

En el segundo día de protestas propiciado por el magisterio, incluso con bloqueo de las principales calles y avenidas del centro de La Paz, el ministerio de Educación convocó a la dirigencia.

La protesta generó enfrentamientos entre ese sector y miembros de la Policía Boliviana; el resultado, al menos una decena de heridos.

Otro sector que se movilizó en la sede de gobierno es el de salud, cuya dirigencia fue convocada por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El fin de ese encuentro es explicar el contenido de la propuesta y aclarar las dudas sobre ella.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó en una conferencia de prensa que existen en el país 17.800 personas jubiladas que siguen trabajando. Entretanto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un cuestionario, informó a la Razón que el 62% de ellos pertenece a los sectores movilizados.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la APS.

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