El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó ayer al alcalde de La Paz, Luis Revilla, retirar las prohibiciones municipales al uso de espacios públicos para el proselitismo, y además facilitar y “garantizar plenamente” la movilización ciudadana y la campaña electoral con miras al referéndum de febrero.
“Es importante que su autoridad instruya, a quien corresponda, no confundir la movilización ciudadana y la campaña electoral en espacios públicos, que no deben tener ninguna restricción ni requisito previo de autorización, con la limitación y distribución de espacios para la difusión de propaganda electoral”, escribió la presidenta del TSE, Katia Uriona, en una misiva oficial dirigida al burgomaestre paceño y que está fechada el 2 de diciembre.
Uriona ve “con sorpresa y preocupación” las “limitaciones” en el uso de plazas y parques que fijó la Alcaldía para la movilización ciudadana y la campaña electoral. Por ello, apela a los principios de deliberación democrática, libertad de expresión, máxima publicidad y ciudadanía activa que adopta el nuevo Reglamento de Campaña y Propaganda, la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
El fin de semana anterior, militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron las plazas y parques céntricos de la sede de gobierno para promover el Sí a la reforma de la Carta Magna que impulsa el oficialismo a través de una consulta ciudadana. La Alcaldía, tras enterarse de esas actividades, intervino en las concentraciones y las desarticuló. Los ediles constataron que los oficialistas no contaban con la autorización para el uso de espacios públicos como establece la normativa municipal 092-096.
Acusación. Directivos y legisladores del partido en función de gobierno responsabilizaron a Revilla de los “atropellos” de los cuales supuestamente fueron objeto. La directora de Promoción de Inversiones de la municipalidad, Sara Zurita, un día después de los sucesos, rechazó la denuncia y dijo que la “ley es para todos”, y que el objetivo del gobierno local es “hacer cumplir la norma” para precautelar el ornato público de la capital. De hecho, y contrario a la norma, militantes del MAS admitieron que no recabaron los permisos correspondientes y a su turno Revilla ratificó la necesidad de tener autorización.
El MAS cuestionó duramente a Revilla, no obstante, fue el actual concejal Jorge Silva, de esa tienda, quien propuso la ley que fue aprobada en el marco de las elecciones generales de 2014. Entonces, Silva aseguró que la normativa, que ahora cuestionan sus partidarios, “trata de precautelar el bien público y privado, pero también equilibrar el uso de estos espacios entre las agrupaciones y alianzas políticas que están en carrera”. Cada fuerza solo puede usar el 30% de una plaza.
La norma electoral
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El TSE fija que la campaña electoral y ciudadana deben tomar en cuenta “las limitaciones” de la CPE “y otras leyes” para preservar los derechos de las personas y el ornato público.
Revilla dice que TSE se ‘confunde’ en su valoración
Tras conocer el exhorto del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que solicitó al Gobierno Municipal de La Paz garantizar la campaña electoral en espacios públicos, el alcalde Luis Revilla consideró que la entidad “está confundida” en la valoración de la normativa municipal que rige para las campañas.
“La autorización a la que se refiere la Ley municipal (092) tiene como objetivo establecer la prelación de las solicitudes de las organizaciones políticas, pues de lo contrario ocuparían toda una plaza vulnerando la ley y con el consiguiente daño al ornato público”, escribió el burgomaestre en su cuenta de Facebook desde París, Francia, donde participa de la Conferencia del Cambio Climático (COP21).
Previo a su periplo, la autoridad recordó que quienes pretendan realizar campaña proselitista para el referéndum constitucional del 21 de febrero, como sucedió en las justas de 2014 y las subnacionales de marzo, deben recabar una autorización, como fija la normativa vigente, para resguardar el ornato público. La Alcaldía considera que la norma edil está en concordancia con la Ley 026 de Régimen Electoral.
Gobierno pide eliminar cupo de transmisiones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) limitó la “transmisión en vivo y directo” de actos de gestión encargados por el Gobierno central y los subnacionales a solo 15 minutos. Ante esa disposición, el Ejecutivo solicitó “dejar sin efecto” este requisito porque considera que “limita discrecionalmente” el derecho al acceso a la información e “invade atribuciones y competencias” de otro Órgano estatal.
“La reglamentación solo puede girar alrededor de las permisiones que la propia ley le otorga a quien reglamenta, nunca más allá de lo permitido”, reseña un memorial rubricado a fines de noviembre por el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illanes. El TSE recibió el petitorio el 1 de diciembre.
Con este documento se pide al TSE “que resuelva dejar sin efecto el parágrafo II del artículo 24 del Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral” que la entidad electoral aprobó el 6 de noviembre como base legal para normar las futuras consultas ciudadanas y actividades proselitistas.
Ley. Este acápite establece que “30 días antes de la votación hasta las 20.00 horas de la jornada electoral, los actos de entrega de obras del Gobierno central o de los gobiernos autónomos, podrán ser difundidos (…) solo como cobertura informativa”. Además, “la transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de obras” de estos mandos “no podrá superar los 15 minutos de duración en cada caso”.
Desde que asumió el Gobierno en 2006, la gestión del presidente Evo Morales se ha encargado de difundir por los medios estatales Bolivia Tv y radio Patria Nueva los actos de entrega de obras en todo el país. Un aspecto que ha sido cuestionado por fuerzas políticas de oposición, cuyos representantes consideraron que el Ejecutivo hace uso de bienes del Estado para fines propagandísticos y proselitistas para el caso del referéndum constitucional de febrero.
Illanes, en el mismo memorial, considera que “el Estado debe procurar la transparencia de todos sus actos y facilitar todos los niveles de información”. En declaraciones al programa Nunca es tarde de radio Compañera, la presidenta del TSE, Katia Uriona, aseguró que la solicitud del Ejecutivo será respondida después del respectivo “análisis jurídico” y su posterior discusión en Sala Plena.
El Ejecutivo además advirtió el peligro de “demora en la resolución” del caso, por lo que “vía medida cautelar” pide anular “la vigencia del parágrafo en cuestión”. De hecho, previa a la solicitud de Illanes, el TSE pidió a la estatal Bolivia Tv (BTV) un informe de los criterios de las transmisiones y la precisión de los financiadores, si los hay, de los espacios. Hasta el momento, el canal estatal no emitió criterio público sobre este caso.