Nacional

Wednesday 15 Jan 2025 | Actualizado a 14:25 PM

En una semana, 5 mandos altos del MAS caen por el caso Fondioc

Después de casi tres meses de haber culminado la intervención al Fondo Indígena,     la pesquisa de la Fiscalía se impulsó. Para la próxima semana citará a 10 personas más

/ 5 de diciembre de 2015 / 06:27

Tras casi tres meses de terminada la intervención al Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), la investigación por irregularidades en esa repartición tomó fuerza. En una semana detuvieron a cinco mandos altos del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusados de ilícitos.

Este caso empezó en febrero, luego de que la Contraloría General denunció la existencia de 153 proyectos inconclusos o inexistentes que causaron un daño al Estado de Bs 71 millones. Por ello, el Gobierno intervino el citado Fondo por seis meses. En el trabajo de revisión de 1.100 obras financiadas, se detectó 38 proyectos “fantasma” que originaron un daño de Bs 24,5 millones. La Fiscalía General del Estado informó que detectó 48 obras “fantasma”.

Las aprehensiones comenzaron el 1 de diciembre, luego de que el juez 1º Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, envió a la cárcel a la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, del MAS, acusada de tener indicios de culpabilidad en irregularidades en 28 proyectos de desarrollo que causaron un daño de Bs 19,5 millones.

Operativo. La Fiscalía también imputó al senador del MAS Jorge Choque por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, pero pese a la acusación en la audiencia cautelar, después de Ramos, el juez determinó la detención domiciliaria para este asambleísta.  Choque es acusado de causar un daño económico de Bs 2,9 millones  en tres proyectos no culminados.

El 2 de diciembre, el juez ordenó la privación de libertad del disidente del MAS Damián Condori, acusado de malversar Bs 1,2 millones en dos proyectos que representó en 2010. El jueves, el Ministerio Público aprehendió también a personas vinculadas al partido de Gobierno, una senadora y dos dirigentes de organizaciones sociales. La primera detenida fue la asambleísta del MAS Felipa Merino, quien era representante legal de dos proyectos observados que causaron un daño económico al Estado de Bs 1,2 millones.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Remy Vera, afín al MAS, fue detenido por tener responsabilidad en un proyecto de “Implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad Buiscata”, en la provincia Muñecas de La Paz, que no existe, pese a que se desembolsó Bs 999.000.

La Fiscalía implicó a la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado, también afín al MAS, debido a que existiría responsabilidad en el mal manejo de recursos destinados a 13 proyectos. El dinero derivado a su cuenta bancaria personal para las obras llegó a Bs 20,9 millones. El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, explicó que el Ministerio Público realiza su trabajo de forma objetiva y dentro de los plazos procesales correspondientes, por lo que diseñó un cronograma.

“Todo obedece a un plan y se convocará a las personas que se deba llamar. El trabajo se realiza de manera seria con base en documentos que revelan la participación de las personas que son investigadas o de gente que lo hace como testigos. De encontrarse elementos contra cualquier persona, independientemente del cargo, vamos a generar la acción penal en su contra”, dijo.

Guerrero: El caso no es político

Proceso

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró ayer que el proceso por el Fondo Indígena no es político y que solo sigue su curso legal, de acuerdo con las investigaciones que realizan los miembros de la comisión.

Trabajo

El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, señaló que las aprehensiones de las últimas seis personas, en el caso Fondioc, se dieron porque “existen suficientes elementos de convicción que permitieron llegar a concluir en la existencia de un hecho probablemente delictivo, así también la autoría con relación a los hechos indagados en el caso (Fondioc)”.

MAS: Se castigará a los culpables

En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Movimiento Al Socialismo (MAS) ratifica que no tolerará actos de corrupción y que se sancionará por los ilícitos que cometan los implicados en el caso Fondo Indígena, así sean oficialistas.

“No queremos lavar la imagen del MAS, queremos aplicar nuestro principio de filosofía y nuestra ideología, que se anunció desde el momento en que tomó el mando el Gobierno, con cero corrupción, cero impunidad, caiga quien caiga, sea militante del partido oficialista o no lo sea”, afirmó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS).

Aseguró que si existieran personas del MAS implicadas en el caso, se deben presentar los elementos de prueba que demuestren que realmente cometieron el ilícito, para que luego sean sometidos a la Justicia Ordinaria, como corresponde.

La presidenta de la Comisión de Política Internacional del Senado, Patricia Gómez (PDC), señaló que las nuevas aprehensiones de líderes y asambleístas del MAS no tienen el objetivo de lavar la imagen, sino que más bien se tapa a otras personas que estaban y son responsables de los malos manejos en el Fondo Indígena. “La máxima autoridad que estaba a cargo de la institución (Fondo) era la exministra Nemesia Achacollo, pero ella goza de plena libertad; no decimos que esté en prisión, sino que debería haber sido llamada para ser parte del proceso de investigación junto a otros. Entonces, más bien es un acto de provocación a las organizaciones sociales para que éstas reclamen sus proyectos”, manifestó la opositora.

Comparte y opina:

Senado aprueba en su estación en grande la ley de escaños

/ 15 de enero de 2025 / 14:21

Tras un intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el Proyecto de Ley de Distribución de Escaños parlamentarios e inició el debate en su estación en detalle.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Viceministra Ríos señala que el exministro Lizperguer adquirió ocho inmuebles en 2021

Ríos dijo que como Viceministerio van a actuar en todos los casos, ya sea como parte coadyuvante y también como víctimas.

La Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, viceministro de Susana Ríos, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 15 de enero de 2025 / 13:31

La viceministra de Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, reveló este miércoles que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lisperguer, registró ocho bienes inmuebles en 2021 que “llamó la atención” e hizo un movimiento de más de un millón de bolivianos.

La autoridad informó que el 3 de enero se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por un presunto enriquecimiento ilícito y por falsedad en las declaraciones juradas contra el exministro de Medio Ambiente y el exdirector jurídico Gabriel Alejandro Delgado.

Indicó que la investigación surgió tras una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción donde se detallan “algunos cobros irregulares y movimientos inusuales” en el patrimonio de ambas personas.

«En la gestión 2021 se han observado, en el caso del ex ministro, un registro de ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En el caso del señor Delgado se ha identificado que en el periodo 2024 también ha habido un movimiento inusual de sus cuentas, de más de 600.000 bolivianos”, señaló Ríos.

En el caso de Lisperguer, aseveró también que existen unos movimientos de más de un millón de bolivianos que involucran depósitos y movimientos entre Delgado y Lisperguer, como otros depósitos con terceras personas, entre ellos, “algunos servidores públicos”.

La viceministra indicó además que “incluso” se verificó los consumos y compras de los cuales se determinó que son “desproporcionales” a su perfil patrimonial.

Lea más: Lisperguer rechaza acusaciones de enriquecimiento ilícito y colaborará en la investigación

“Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público ha admitido esta denuncia, se va a proceder a la investigación, se va a actuar con la mayor objetividad en el marco de nuestras competencias para determinar la verdad histórica de los hechos”

Ríos dijo que como Viceministerio van a actuar en todos los casos, ya sea como parte coadyuvante y también como víctimas de estos hechos poque “no se puede tolerar ningún hecho de corrupción”.

Ante los presuntos hechos de corrupción, el presidente Luis Arce dispuso este miércoles su “destitución inmediata” de Lizperguer del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Luego de haberse hecho público la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La exautoridad se pronunció sobre la denuncia y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y negó cualquier irregularidad en sus bienes.

“Como funcionarios públicos, estamos sujetos a que investiguen nuestros bienes y movimientos bancarios. No hay razón para alarmarse, debemos estar preparados para ello”, señaló Lisperguer a la Red Uno.

Comparte y opina:

Roca: ‘Aliaga me saltó como una gata callejera’

Gustavo Aliaga, aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

El diputado Miguel Roca, tras ser agredido.

Por Daniel Gutierrez

/ 15 de enero de 2025 / 13:16

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien acusó a su colega Gustavo Aliaga de agredirlo físicamente durante una discusión en la Comisión de Planificación aseguró que el incidente ocurrió luego de que cuestionara a Aliaga por, supuestamente, actuar de forma “servil” hacia el oficialismo.

“Cuando le reclamé su servilismo hacia el Gobierno, me saltó por la espalda como una gata callejera (…). Esa es la razón por la que tengo este parche aquí en el ojo”, declaró Roca en entrevista con La Razón Radio.

Tras las acusaciones, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

El enfrentamiento surgió al salir de una sesión de la Comisión de Planificación en un contexto de tensiones políticas respecto a la Ley 1613, que Roca calificó de “abusiva y llena de artículos de contrabando”. Según el diputado, esta norma permite al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar créditos al Gobierno sin control legislativo y establece disposiciones que “violan” la Constitución.

Lea también: Diputado Miguel Roca propone Proyecto de Ley para modificar el PGE 2025 y una acción de inconstitucionalidad

Roca denunció también que la ley fue promulgada sin el tratamiento parlamentario correspondiente, comparando esta acción con prácticas dictatoriales de gobiernos militares.

El oficialismo “no tiene” los votos para aprobar la ley financiera, así que actúan de manera “burda, ilegal e indecente”, afirmó.

El legislador anunció demandas penales contra el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y otros funcionarios, a quienes acusa de retener el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE). Además, indicó que presentará un recurso constitucional para impugnar la ley y un proyecto para abrogar los artículos “inconstitucionales”.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

De la marcha evista a la vigilia: la tensión en plaza Murillo

Todo cambió cuando una funcionaria del Ministerio de la Presidencia intentó recibir el pliego en representación de Luis Arce.

Marcha evista agrede a la Policía

Por Daniel Gutierrez

/ 15 de enero de 2025 / 13:08

Eran las 14:30 del lunes cuando las primeras columnas de la marcha evista llegaron a la plaza Murillo, el epicentro del poder político en Bolivia. La ‘Marcha por la Vida’, que había recorrido 120 kilómetros desde Patacamaya, avanzó con determinación. Tras ellos, otras dos movilizaciones también se apostaron en el lugar: una organizada por prestatarios que exigían la condonación de intereses y otra de la Central de Trabajadores de Bolivia, entidad paralela a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el incremento de los precios del pan y los pasajes, además de disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE).

El cielo despejado contrastaba con el ambiente cargado de tensión. Las barricadas policiales, reforzadas en las esquinas que rodean la plaza Murillo y en las calles aledañas, marcaron el límite para los manifestantes. Al frente, líderes como el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y Pedro Llanque, dirigente campesino, representantes de la facción evista, llevaban un pliego petitorio cargado de demandas, mientras esperaban una audiencia con el presidente Luis Arce.

El pliego petitorio presentado por la marcha reflejaba la preocupación por temas económicos y sociales que, según Llanque, fueron “desatendidos” por el gobierno de Arce. Entre las principales demandas estaban:

Solución al desabastecimiento de alimentos y combustibles, cuya escasez ha elevado los precios de productos básicos como arroz, azúcar y gasolina; Garantías para la estabilidad del dólar, afectando la importación de medicamentos y repuestos; Defensa del litio, exigiendo que no se privatice ni se firmen contratos sin consenso; Anulación de decretos y leyes consideradas perjudiciales para la economía popular y la propiedad privada; Liberación de “presos políticos” y el fin de la persecución contra líderes sociales.

La marcha no avanzó más allá de las esquinas de la plaza Murillo. “Lamentablemente parece que el Gobierno se cree que la plaza Murillo es de su propiedad, su hacienda”, reclamó Loza, confirmando que instalarían una vigilia hasta que el presidente los atendiera.

Todo cambió cerca de las 16:00, cuando una funcionaria del Ministerio de la Presidencia intentó recibir el pliego en representación del mandatario. Los ánimos se caldearon: los marchistas exigían entrar a la Casa Grande del Pueblo para entregar el documento personalmente. La negativa encendió la mecha.

Botellas, cartones y chicotazos comenzaron a volar hacia la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un caos. Las nubes del gas lacrimógeno se mezclaban con los truenos de los petardos, cubriendo las calles de un gris irrespirable.

La prensa, atrapada entre el tumulto, se refugió contra las paredes de la Vicepresidencia mientras grababa la escena. Un periodista resultó herido.

Cuando el humo se disipó, quedó un silencio extraño. Los bancos y negocios cercanos cerraron sus puertas, y la calle al frente del palacio consistorial volvió a lucir vacía, con policías reforzando las barricadas y marchistas dispersos en las calles aledañas.

Minutos después, un hombre que una bandera wiphala fue arrastrado por tres uniformados. Según la policía, dos personas fueron arrestadas tras intentar robar equipo de los efectivos.

Al final del día, las barricadas seguían en pie y la vigilia evista se instaló cerca de la Vicepresidencia. La calma había regresado, pero la tensión persistía en el aire.

Luego del breve enfrentamiento, se conoció que los manifestantes aseguraron que mantendrían la vigilia hasta que sean atendidos por Luis Arce.

La marcha no solo simbolizaba el reclamo económico y político de un sector del MAS afín a Evo Morales, sino también la fractura interna en el oficialismo. Un distanciamiento que se percibió a principios de septiembre de 2022, cuando el expresidente acusó al Gobierno de propiciar un “plan negro” en su contra.

En los alrededores, la vida cotidiana intentaba retomar su curso. Los vehículos volvieron a circular por la calle Mercado tras el levantamiento parcial del bloqueo, y algunos comerciantes reabrieron sus puestos.

La jornada concluyó sin mayores enfrentamientos, pero con un mensaje claro: la tensión entre las facciones del MAS está lejos de resolverse.

Lea también: Marchistas, en estado de emergencia, se quedarán en La Paz hasta entregar su pliego a Arce

Comparte y opina:

Roca anuncia denuncia penal contra Omar Yujra por retención del PGE

Afirmó que Yujra y funcionarios del Legislativo obstaculizaron su análisis solicitado en noviembre, entregándolo recién el 4 de diciembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, brinda una conferencia de prensa.

Por Daniel Gutierrez

/ 15 de enero de 2025 / 12:45

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca anunció que iniciará procesos penales contra las autoridades de la Asamblea Legislativa que, según él, retuvieron de manera irregular el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE), impidiendo su debate en los plazos establecidos.

“Se lo agarraron por más de un mes. Algunos funcionarios comenzando por el presidente de la Cámara de Diputados Omar Yujra, que se lo agarró varias semanas y luego, no sé, el secretario general, ya lo estamos investigando, pero eso va a ser objeto de una demanda penal”, aseguró.

Según Roca, estas acciones configuran delitos penales como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 153 y 154 del Código Penal.

Lea también: Diputado Miguel Roca propone Proyecto de Ley para modificar el PGE 2025 y una acción de inconstitucionalidad

En entrevista con La Razón Radio, Roca explicó que el proyecto de presupuesto debió ser tratado en la Asamblea dentro de los 60 días que establece la Constitución. Sin embargo, asegura que tanto Yujra, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, así como otros funcionarios obstaculizaron su análisis, entregándolo recién el 4 de diciembre, a pesar de que fue solicitado desde noviembre.

El legislador también señaló que envió cartas al ministro de Economía, a la ministra de la Presidencia y a otras autoridades, exigiendo explicaciones por la demora en la entrega del documento, sin recibir respuesta alguna.

Además de las denuncias penales, Roca anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1613 y un proyecto para eliminar artículos del PGE que considera inconstitucionales.

Temas Relacionados

Comparte y opina: