Una comisión de legisladores viajará la próxima semana al sudoeste de Potosí para verificar la denuncia de autoridades y pobladores sobre una presunta remoción del hito 55, ubicado en la frontera con Chile. Se prevé coordinar esta labor con el Ejército y el Ministerio de Defensa.
El senador potosino René Joaquino, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que ya se convocó para que todos los asambleístas, de oficialismo y oposición, que representan a esa región puedan estar en la misión.
“Vamos a hacer una inspección con el acompañamiento del Ministerio de Defensa y el Ejército. Será una comisión integrada por senadores y diputados, porque se debe reaccionar de manera oportuna ante estos hechos; ojalá que la remoción del hito sea una especulación, porque de lo contrario se van a generar dificultades”, manifestó el legislador.
El martes, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el comandante del Ejército, José Luis Begazo, visitaron cuatro puestos de avanzada en la provincia Daniel Campos (Potosí), donde pobladores del área fronteriza denunciaron que personal de una empresa minera, afincada en Chile, movió cinco kilómetros del hito 55 para obtener agua dulce de la laguna El Desierto, ubicada en territorio nacional.
Medida De inmediato, ambas autoridades sobrevolaron la región limítrofe para hacer una verificación preliminar y luego instruyeron al Instituto Geográfico Militar (IGM) hacer una verificación técnica para evidenciar la denuncia. En unas dos semanas se prevé tener el informe al respecto.
Entonces, Ferreira también anunció la construcción de un cuartel en el municipio de Llica, capital de la provincia Daniel Campos, para mejorar la vigilancia de la soberanía nacional y frenar actos ilícitos en esa frontera. El alcalde de esa comuna, Édgar Apala (MAS), informó a La Razón que se trata de un “cuartel mecanizado”, cuya construcción iniciará en los primeros meses de 2016 y albergará a alrededor de 300 soldados.
Si bien la denuncia de la remoción de hitos está en proceso de verificación, también desde Chile se informó sobre hechos ilícitos en esa región. En noviembre, empresarios chilenos denunciaron que cerca de Colchane, en Chile (ubicada a 65 kilómetros al oriente de Llica) se registró el robo de un camión cisterna de la empresa Copec —que traslada combustible— y de dos vehículos de una compañía dedicada a la topografía.
Los motorizados ingresaron a Bolivia, según informó en ese entonces El Mercurio. El 8 de noviembre, La Tercera —sobre la base de informes policiales— contó que más al norte, cerca del salar de Coipasa, se detuvo a 28 personas portando droga en los últimos 10 meses. Además, Chile llamó a la cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, para quejarse por la “falta de acción boliviana” ante la inseguridad fronteriza, en un momento en que no existe diálogo político entre ambos países.
Visita. Ante este panorama, Joaquino explicó que el viaje de la comisión, previsto para el jueves o viernes, servirá para verificar la labor del personal militar en puestos fronterizos, ubicados en alejadas regiones desérticas, polvorientas y casi deshabitadas. “No se descarta que puedan haber hechos ilícitos, se pueden dar, pero se debe demostrar con pruebas las denuncias en ambos países”, afirmó.
Denuncias en medio de un juicio
Litigio
Las denuncias de ilícitos en la frontera se registran en medio del pedido de Bolivia a Chile de restablecer el diálogo bilateral al margen del proceso legal que está en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del cual hasta ahora no hay respuesta.
A Chile aún le falta desactivar 58.551 minas
Hasta noviembre de 2015, Chile removió 123.263 minas antipersonales, de un total de 181.814, sembradas en sus fronteras; es decir que aún le falta por desactivar 58.551 de sus límites, entre ellos los que tiene con Bolivia. Según un comunicado de la Cancillería de ese país, Santiago certificó cerca de 16,5 millones de metros cuadrados libre de estas armas, “encontrándose en condiciones de concluir el proceso de desminado de su territorio en el plazo que le estableció la Convención de Otawa, programado para el 1 de marzo de 2020”.
En ese marco, se informó que Chile presidirá, durante 2016, la mencionada convención que reúne a 162 países, entre ellos Bolivia, que se han comprometido a prohibir el almacenamiento, producción, transferencia y uso de minas. El 2 de diciembre, esa nación será sede de la 15 Conferencia de los países miembros de este bloque. La Convención de Otawa dio a cada país 10 años para destruir esos artefactos, plazo que feneció en 2012. El periodo fue prorrogado para Chile hasta 2020 y Bolivia realiza un seguimiento a este proceso.