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No se descarta otro pedido de extradición de Melgar

Gobierno. Uruguay rechazó el pedido dentro del caso Terrorismo

/ 20 de diciembre de 2015 / 04:02

La Justicia uruguaya rechazó el pedido de extradición de Alberto Melgar, exdirigente cívico de Beni que es requerido por Bolivia para que sea procesado en el caso Terrorismo. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó presentar otra demanda para extraditarlo.

Desde Montevideo, el viernes, la agencia de noticias EFE reportó que el Tribunal de Apelaciones de la Justicia uruguaya denegó la solicitud del Gobierno de Bolivia para la extradición de Melgar. El magistrado Rolando Vomero señaló que la decisión se argumenta en función de lo establecido en el artículo 5 de la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 1971, ratificada por ambos países.

El citado artículo, añade EFE, sostiene que cuando la “persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio”.

Juez. En cumplimiento de ese mandato, Vomero explicó que un decreto emitido por Bolivia posterior a los hechos por los que se juzga a Melgar “violentó el proceso” al solicitar la extradición del acusado para ser juzgado en La Paz, en vez de Santa Cruz, donde, según señaló Vomero, se encuentran los “jueces naturales” para este caso. Por esa situación, el acusado será juzgado por la Justicia uruguaya.

El caso Terrorismo surgió en 2009, cuando, en un violento operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, se desbarató a un grupo que el Gobierno sindicó de separatista y que estaba al mando de Eduardo Rózsa, muerto en la operación. Melgar fue acusado de financiar a esa organización y fue detenido en 2010. Luego logró su libertad, tras acusar de extorsión al entonces fiscal del caso, Marcelo Soza. Después de salir del país y tener una orden internacional de captura en su contra, fue capturado en el aeropuerto de Montevideo, en 2012. Es por eso que la Justicia boliviana solicitó su extradición.

Al ser consultado sobre este caso, Romero aclaró que la decisión uruguaya, respecto a Melgar, corresponde a una instancia legal y no a esferas políticas. Agregó que se debe hacer una valoración sobre las bases que tomó la Justicia de Uruguay para rechazar la demanda de extradición.

“Obviamente nos ha sorprendido (la negativa), lo deseable sería que todos los involucrados en el caso Terrorismo sean procesados por la Justicia boliviana porque es un delito grave no solo de terrorismo, sino de afectación a la unidad a la patria y eso es grave en el ordenamiento jurídico. De repente no se consideró estos elementos de la Justicia boliviana”, dijo Romero.

Al ser consultado sobre la posibilidad de presentar un nuevo pedido de extradición, Romero respondió que “puede haber una nueva solicitud, incorporando otros elementos de análisis que no fueron presentados oportunamente al momento de la solicitud original, pero ese es un tema que lo debe valorar la Fiscalía General del Estado”.

El caso Terrorismo tiene 39 personas acusadas, de las cuales 18 están declaradas en rebeldía porque huyeron del país. Además, este proceso, por temas de excusas y recusaciones y por la salud de los sindicados, siguió su curso en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz. Actualmente, un tribunal paceño atiende el juicio en Santa Cruz de la Sierra.

Para la Fiscalía, la hipótesis de la existencia del delito de terrorismo fue corroborada con la sentencia a cinco procesados. Ahora quedan encarcelados Gelafio Santiestevan Stroebel, Zvonko Matkovic Rivera, Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza Masabi.

Acusado denunció extorsión

Pago

El exdirigente cívico beniano Alberto Melgar denunció en 2010 que entregó $us 10.000 al fiscal Marcelo Soza para que lo deje libre dentro del caso Terrorismo. Detalló que dio $us 4.000 al abogado Soza, Moisés Ponce de León y $us 6.000 a su edecán.

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En 9 días aumentan 11 casos de coronavirus en Palmasola y ya suman 36

La cifra de reos que padecen COVID-19 sube a 36. En el penal cruceño hay 103 privados de libertad aislados por sospecha de estar contagiados por el virus

/ 25 de mayo de 2020 / 19:56

En nueve días, el número de internos del penal de Palmasola que padecen coronavirus (COVID-19) aumentó de 25 a 36, según informó este lunes el director general de Régimen Penitenciario, Clemente Silva. En el recinto penitenciario hay otros 103 privados de libertad que están aislados bajo sospecha de portar la enfermedad.

Un informe emitido desde el Ministerio de Gobierno precisa que, de los 103 privados de libertad aislados, 50 se encuentran en la denominada Casa Blanca, 33 están en la Guardería y 20 en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP).

Al margen de ellos, 18 reclusos que estaban hospitalizados por coronavirus obtuvieron su alta respectiva. Hay cerca de 70 pruebas de laboratorio que están en curso para definir si es que hay más reos que estén infectados por el virus.

El penal de Palmasola, el más poblado del país, es el único recinto penitenciario del país que tiene reclusos que padecen COVID-19.

En esa cárcel cruceña, todos los policías, personal administrativo, bolsas y paquetes, antes de ingresar son fumigados, paralelamente se realiza el desinfectado de todos los pabellones y ambientes, se informa desde el Ministerio de Gobierno.

Hasta ahora seis internos del penal de Palmasola fallecieron desde hace tres semanas. Se confirmó que tres de ellos perdieron la vida por causa del coronavirus. Aún falta establecer la causa de los otros tres decesos.

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Comisión del Senado vuelve a postergar análisis del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres

La asambleísta Sonia Chiri afirmó que el tema es complejo. Hay sectores que hicieron llegar sus observaciones a la Comisión de Planificación y Finanzas, las mismas que son analizadas

/ 22 de mayo de 2020 / 16:30

El tratamiento del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres se complica en la Asamblea. La Comisión de Planificación y Finanzas del Senado postergó de nuevo el tratamiento de esta norma, esta vez hasta la próxima semana, luego de que esta instancia recibió cartas de sectores que emitieron sus observaciones a la normativa, informó este viernes la senadora Sonia Chiri.

El proyecto de ley fue aprobado a fines de abril por la Cámara de Diputados y ordena principalmente la condonación del 50% de los alquileres, entre el 15 de marzo y el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, siendo que el restante 50% sea reprogramado en cuotas amortizables. Este beneficio deberá llegar a aquellas personas que no tengan un sueldo fijo del sector público o privado.

Chiri, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el proyecto de ley es complejo, debido a que tiene que ver con contratos privados, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con autonomías. Por ese motivo ya se suspendió su tratamiento en dos oportunidades, el lunes y martes de esta semana.

La asambleaísta prevé que este tema podrá ser tratado hasta el viernes de la próxima semana, con la emisión de su respectivo informe.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la norma fue rechazada por representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin), por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado y por “ser un robo”.

“Si una normativa no funciona de nada sirve aprobar, debemos aprobarla en la comisión y luego pasará al pleno del Senado para que allí también lo analicen”, sostuvo Chiri.

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Ascensos: Senado resta validez a documento entregado por las FFAA, espera propuesta del Ejecutivo

Eva Copa dice que la documentación presentada por el general Orellana será remitida a la Comisión de Defensa

/ 21 de mayo de 2020 / 23:56

Para la Cámara de Senadores no tiene validez el documento con las modificaciones a la nómina de ascensos de generales y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) que fue entregado, este jueves, por su comandante en jefe, Sergio Orellana. La instancia legislativa informó que esperará que el Ejecutivo remita el documento con las enmiendas.

“La nota que ha llegado hoy a nuestro despacho, (dejado por Orellana), será remitida a la comisión (de Defensa), como corresponde, pero seguiremos esperando la nota del Ejecutivo para que esto (ascensos en las FFAA) pueda ser tratado”, indicó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, en una conferencia de prensa.

Cerca del mediodía, el Comandante en Jefe de las FFAA, vestido con traje de campaña (camuflado), se presentó en la Asamblea Legislativa para entregar el documento con las «subsanaciones» a las observaciones realizadas por la Cámara Alta a la nómina de asensos. Allí conminó al Senado ratificar la propuesta en el lapso de una semana, de lo contrario que se regirán conforme a su normativa y darán curso a los ascensos.

Al respecto, Copa calificó la visita de Orellana como sorpresiva porque no había ninguna coordinación previa, “esperamos que esto no vuelva a pasar, pues tiene que haber una coordinación para que ellos hagan su ingreso a la Asamblea y respetar la independencia de las instituciones como corresponde”.

Citó el artículo 172, numeral 19, de la Constitución Política del Estado que establece que los asensos pueden ser propuestos únicamente por la presidenta o presidente del país y no así por algún miembro de las FFAA. Que según el artículo 160, numeral 8 de la Carta Magna, son atribuciones del Senado ratificar los ascensos a propuesta del Ejecutivo; y que de acuerdo con el artículo 168, inciso c, del reglamento del Senado, el pleno puede ratificar los ascensos o devolver los antecedentes al Ejecutivo para que cumpla o subsane las sugerencias.

Sostuvo que se cumplió con la normativa y que se seguirá en la misma línea, por lo que la Cámara Alta no trabajará bajo presión o ultimátums.

En una  entrevista con Bolivia TV, , Orellana afirmó que no tenía conocimiento de que se debía pedir permiso para ingresar a una institución pública, “nosotros solo hemos ingresado para dejar una correspondencia, el uniforme es el que habitualmente usamos, cualquier otra aseveración carece de fundamento”.

Esta situación fue criticada por el expresidente Evo Morales, quien, a través de su cuenta de Twitter calificó como “inédito y altamente preocupante” el hecho y que Orellana haya conminado a la Asamblea Legislativa a que ratifique en una semana el ascenso a generales y vicealmirantes de las FFAA. “Es inédito y altamente preocupante que un comandante en jefe de las FFAA se presente, en uniforme de campaña, para imponer plazos a la Asamblea Legislativa, incluso sobrepasando autoridad del Órgano Ejecutivo; y luego declare a la prensa congregada en Plaza Murillo”, escribió.

La acción de jefes militares también fue criticada por el expresidente Eduardo Rodríguez. «Inaceptable intolerancia, una muestra más de la necesidad de abrir diálogos sin exclusiones ni cálculos electorales para avanzar en la transformación del Estado frente a las crisis», escribió.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó a radio Panamericana, que una vez recibida las observaciones a los ascensos de parte del Senado, se remitió al Ministerio de Defensa para que las FFAA subsanen las mismas; y este jueves, ya se presentaron a la Cámara Alta, “ahora estamos a la espera de que sesionen y puedan ratificar la nómina”.

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La Asamblea creará comisiones para investigar irregularidades en empresas estatales y compra de respiradores

La sesión fue convocada para las 09.00. El expresidente Evo Morales pidió el fin de semana formar una comisión mixta de asambleístas para indagar irregularidades en empresas públicas

/ 21 de mayo de 2020 / 21:25

La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este viernes con el objetivo de conformar dos comisiones especiales mixtas para investigar manejos irregulares de empresas públicas del nivel central del Estado y el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores artificiales por parte del Ministerio de Salud.

La vigésima quinta sesión de la Asamblea fue convocada para las 09.00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La intención de crear las comisiones de asambleístas para la labor de fiscalización coincide con el pedido que hizo el expresidente Evo Morales el 17 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, cuando escribió: “es responsabilidad de la Asamblea Legislativa conformar Comisión Mixta para investigar, al menos, 35 casos de corrupción del gobierno de facto en 6 meses de gestión, según reporta la prensa, sobre todo en casos de YPFB, ENTEL y BOA, empresas estratégicas que van a la quiebra”.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), dijo que solicitará ser parte de la comisión especial que investigará la compra irregular de 170 respiradores, acción de presunta corrupción que criticó duramente.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los 170 respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Además, en los últimos meses se denunció hechos de corrupción que habrían protagonizado Elio Montes, ahora exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y Herland Soliz, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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Vicepresidente del Senado advierte que la Asamblea no autorizó crédito del BID para compra de respiradores

Omar Aguilar pidió un informe escrito al Ejecutivo. El BID indicó que “redireccionó” recursos por $us 82 millones para la lucha contra el coronavirus. Aguilar indica que se vulneró el artículo 322 de la CPE

/ 21 de mayo de 2020 / 19:05

A la serie de irregularidades que de descubren en la adquisición irregular de 170 respiradores por parte del Ministerio de Salud se suma otra, la Asamblea, según el vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, no aprobó ninguna norma para el uso de un crédito internacional, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la compra de esos equipos.

Por ese motivo, Aguilar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó un informe escrito al Órgano Ejecutivo para que explique qué recursos económicos fueron utilizados para la adquisición de dichos equipos.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Aguilar indicó que desde que asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, no se aprobó ningún crédito del BID, por lo que no se explica de dónde salieron los recursos destinados a los respiradores.

No obstante, el 14 de mayo, en una nota de prensa difundida desde el BID, se indica que este organismo “redireccionó, como parte de su estrategia de respuesta rápida frente al COVID-19, recursos por hasta $us 82 millones para provisión de equipamiento médico y adquisición de insumos a utilizar en la lucha contra la pandemia en Bolivia. La adquisición de los respiradores con un costo aproximado de $us 5 millones, se realiza con cargo a dichos recursos”.

Este diario conoció que la “redirección” de recursos citada significa el uso de dinero de anteriores créditos para destinarlos a la emergencia por la pandemia.

Sin embargo, Aguilar cuestionó este “redireccionamiento” porque, según dice, vulnera el artículo 322 de la Constitución Política del Estado que en su numeral I estipula “La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias” y en su numeral II complementa “la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En una página virtual del BID se indica que en 2019 el Estado boliviano aprobó dos proyectos entre agosto y noviembre, uno por $us 456.062 y el otro de cooperación técnica.

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