El Tribunal Supremo Electoral (TSE) propone incluir una modalidad “mixta para el financiamiento indirecto” a partidos políticos en el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, cuyo debate comenzará tras el referéndum constitucional de febrero.
El vocal José Luis Exeni sostuvo que la nueva normativa suplirá a la actual Ley de Partidos Políticos, de 1999, y a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004); reconoció que se trata de una asignatura pendiente que debe ser resuelta en la gestión que ahora empieza.
“La propuesta tiene que ver con una modalidad mixta de avanzar hacia un financiamiento indirecto, es decir, ya no dar dinero a los partidos, porque se ha demostrado —en algunos casos— que lo han malgastado y no han podido rendir cuentas; se busca contratar franjas de propaganda en los medios de comunicación que sean administradas por el TSE para distribuirlas con un criterio de igualdad y proporcionalidad”, explicó la autoridad electoral.
Norma. En agosto de 2008, el extinto Congreso de la República aprobó la Ley 769, que eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los años electorales y no electorales, dispuesto en la Ley de Partidos Políticos; empero, la discusión sobre este tema se retoma con la elaboración de la nueva normativa que regirá a los partidos políticos.
A la fecha, existen tres propuestas que serán el asidero para elaborar la nueva estructura que normará la actividad partidaria.
En 2014, la anterior sala plena, que dimitió en junio de 2015 tras una crisis interna, redactó un borrador con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en torno a una ardua discusión que congregó a unas 500 organizaciones sociales y políticas de todo el país. El texto propone ceder espacios no solo en medios estatales, sino también en privados para “equilibrar” la difusión de las propuestas durante el periodo de campaña electoral.
Un segundo documento fue trabajado por la Vicepresidencia, aunque quedó archivado en la anterior legislatura. Por último, está el perfil de la Coordinadora de la Mujer que propugna, entre otras cosas, incluir el principio de paridad en la elección de todos los cargos en los tres niveles del Estado.
Con todo, no solamente los partidos, sino también entidades internacionales han puesto la mirada en esta temática, en el entendido de que en América Latina solo Bolivia y Venezuela eliminaron el financiamiento a los frentes partidarios.
En 2012, el director regional de IDEA Internacional para América Latina y El Caribe, Daniel Zovatto, afirmó que es necesario modificar la norma para regular a los partidos y reponer el financiamiento para el “fortalecimiento, la democratización e institucionalización de esas organizaciones”.
Proceso. Para el diputado opositor Wilson Santamaría (UD), el veto a esta subvención dio pie a que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) haga un uso “desproporcional de los bienes del Estado y la publicidad en medios estatales, que genera desequilibrio en un proceso electoral”. “Vamos a esperar el proyecto, esa propuesta nos parece interesante”, manifestó el legislador.
Puso como ejemplo el actual periodo proselitista para el referéndum constitucional, en el que —en su criterio— el Gobierno insta a través de los medios estatales a votar por el Sí en la consulta. En noviembre, el MAS presentó un informe al TSE en el que señala que dispone de Bs 2 millones para encarar la campaña proselitista.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), sostuvo que la modalidad de “autofinanciamiento” garantiza que no se “malgasten” los recursos públicos y que lo que se debería trabajar son mecanismos para “transparentar” los gastos.
El actual Reglamento para Campaña señala que no es obligatorio que organizaciones políticas, cívicas ni sociales se registren ante el TSE para hacer proselitismo; tampoco esa normativa ni la Ley 026 de Régimen Electoral dispone la presentación de un informe de gastos previos a la campaña, sino refiere un control 45 días después del proceso electoral, pero solo para partidos políticos y no así para organizaciones cívicas, lo que se constituye en un vacío legal.
En ese marco, el dirigente político del PDC Rodrigo Antonio sostuvo que el informe de los gastos se lo dará en el tiempo que dicta la ley.
En ese contexto, Exeni reconoció que dada la naturaleza de este referéndum no existe un mecanismo normativo para verificar y fiscalizar el presupuesto de campaña de las organizaciones de la sociedad civil, a partir del 21 de enero cuando iniciará el periodo de propaganda pagada. “Es un tema que hay que evaluar en términos normativos (…) una organización puede gastar mucho dinero y no sabremos su proveniencia ni harán rendición de cuentas”, afirmó.
Es así que para Exeni el reto no solo es discutir el financiamiento, sino también otros mecanismo de control, transparencia, democracia interna, entre otras temáticas.
Tras el referéndum, iniciará el debate del anteproyecto de ley y se espera que hasta fines de 2016 la Asamblea la considere y apruebe.
Dos leyes rezagadasde la CPE
Normas
Para el vocal José Luis Exeni, la Ley de Partidos y la de Agrupaciones Ciudadanas están “rezagadas y desfasadas” respecto a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que incluye la democracia comunitaria (artículo 11): el nuevo modelo del Estado y su cualidad plurinacional.
El MAS y los opositores se abren a debatir el proyecto
Se espera que la nueva Ley de Partidos sea aprobada a fin de año
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla la Asamblea Legislativa, y la oposición manifestaron, por separado, su disposición a debatir el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que reemplazará a la Ley de Partidos de 1999 y a la de Agrupaciones Ciudadanas (2004).
La senadora Nélida Sifuentes (MAS) afirmó que la propuesta debe ser discutida una vez que pase el referéndum constitucional. “Apenas llegue el proyecto de ley es necesario abrir un espacio de debate de la propuesta”, apuntó.
El oficialismo asumió el reto, pese a que a principios de año cerró filas en torno a la temática al argumentar que ese aspecto de la ley “no se va a tocar”, sostuvo Víctor Borda, vicepresidente de Diputados, a mediados de 2015.
No obstante, en pasados días el legislador declaró a La Razón que los partidos deben “autofinanciarse”, aunque afirmó que el oficialismo “siempre está dispuesto a debatir las iniciativas que lleguen”.
El TSE propone allanar una modalidad mixta de financiamiento a los partidos políticos, luego de que en 2008 se eliminó el mecanismo de subvención estatal.
Rodrigo Antonio, dirigente político del PDC, dijo que la falta de recursos pone en “conflictos” a los partidos en época de campaña y esto restringe el acceso a propaganda en medios de comunicación. “El Estado debe reponer el financiamiento, en especial a los partidos que no tienen recursos. Eso se propondrá al Legislativo”.
El diputado opositor Wilson Santamaría (UD) señaló que cuando el proyecto de ley ingrese al Legislativo, el frente político analizará una “contrapropuesta” para que se reponga una subvención para acceder con “equidad” a los medios.