El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó este martes que el proceso de evaluación de exámenes orales para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial fue suspendido mientras se resuelvan los amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados.

“Nosotros pasamos una notificación a los postulantes, pero también a través de nuestras redes y páginas de las cámaras de Senadores y Diputados, de que hasta que podamos subsanar el tema de los amparos, queda paralizado o queda en cuarto intermedio (la fase de los exámenes orales), por lo menos hasta el viernes”, dijo el legislador.

El proceso de preselección fue paralizado desde el martes 16, tras el conocimiento de dos amparos constitucionales presentados por dos personas inhabilitadas que consideraron que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue presentado por la inhabilitada Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. El segundo fue presentado por Hercuiliano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia estaba programada para lunes 22, pero esta fue diferida para el viernes 26, toda vez que se debía notificar a los terceros interesados, es decir los postulantes habilitados en esta fase de la preselección.

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El secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, informó en sesión de esa comisión que lo que llama la atención “poderosamente” es el caso de la postulante inhabilitada Medrando, ya que es la única acción constitucional que dispuso como medida cautelar la paralización o suspensión del proceso de preselección en su totalidad.

“En las demás acciones tutelares que se han planteado en diferentes partes del país, las salas constitucionales solo han dispuesto como medida cautelar solo con relación a suspender o paralizar los efectos de las resoluciones que afectarían a los derechos o garantías del postulante que ha formulado su amparo constitucional”.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

También señaló que se reunirán con la directiva de la Comisión Mixta de Constitución para asumir acciones legales contra los jueces y vocales que se atribuyeron en sacar resoluciones contrarias a la Constitución y por la usurpación de funciones.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este martes sobre la aprehensión de 18 personas y el desbaratamiento de una organización criminal que se dedicaba a la internación de droga desde Bolivia.

“¡18 detenidos en 30 allanamientos! Toda una banda que traía droga de Bolivia, la escondía en Salta y la trasladaba a Rosario y al conurbano bonaerense, desbaratada. Al principal investigado lo agarramos infraganti”, escribió la autoridad de Argentina.

El Ministerio de Seguridad del vecino país también informó que el operativo denominado Centauro, tras una investigación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizó 30 allanamientos en las provincias de Santa Fe, Salta y Buenos Aires, en las que se desbarató una banda peligrosa del narcotráfico.

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“Detuvimos a 18 criminales e incautamos drogas, armas, vehículos y una suma millonaria de dinero en efectivo”, escribió el Ministerio de Seguridad.

Señaló también que la investigación permitió detectar a “las personas que traían la droga desde Bolivia, quiénes la enfriaban en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban en motos hasta Rosario y el conurbano bonaerense”.

De acuerdo con el medio digital El Ciudadano de Salta, Argentina, en la investigación se corroboró un modus operandi novedoso de abastecimiento de droga, no solo en la ciudad de Rosario y sus alrededores, sino también para el conurbano bonaerense y ciudad de La Plata.

“En cada ciudad existía una persona que recibía la provisión de estupefaciente y la redistribuía en esa localidad, la mayoría de los receptores de la cocaína ya tenían antecedentes por haber estado involucrado en causas en infracción a la ley 23.737”.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, conminó a diputados y senadores a aprobar el proyecto de Ley 035, de Límites de la Fracción Solidaria y advirtió con la toma física de su edificio si no ocurre.

“Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y trabajadores, (que) si no promulgan el proyecto de Ley de la modificación en los límites solidarios, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley”, dijo el dirigente de los trabajadores en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“Ya hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto” agregó y calificó de “sana” su advertencia.

El contenido de esa ley generó diferentes interpretaciones que impulsaron a algunos sectores como salud y magisterio a movilizarse. Consideraron que la disposición adicional Única de ese proyecto de ley implica una “jubilación forzosa”.

En realidad, dicha disposición señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

COB

En el segundo día de protestas propiciado por el magisterio, incluso con bloqueo de las principales calles y avenidas del centro de La Paz, el ministerio de Educación convocó a la dirigencia.

La protesta generó enfrentamientos entre ese sector y miembros de la Policía Boliviana; el resultado, al menos una decena de heridos.

Otro sector que se movilizó en la sede de gobierno es el de salud, cuya dirigencia fue convocada por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El fin de ese encuentro es explicar el contenido de la propuesta y aclarar las dudas sobre ella.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó en una conferencia de prensa que existen en el país 17.800 personas jubiladas que siguen trabajando. Entretanto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un cuestionario, informó a la Razón que el 62% de ellos pertenece a los sectores movilizados.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la APS.

En medio de críticas de otros diputados y luego de 20 días de la última sesión de la Cámara de Diputados, el presidente de ese órgano legislativo, Israel Huaytari, justificó que cada sesión tiene un costo elevado para la Asamblea Legislativa y no amerita sesionar cuando el tema es sencillo.

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba, no es conveniente”, informó este martes en conferencia de prensa.

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Última sesión

La 81° sesión ordinaria fue la última, el pasado 3 de abril, en la que se trataron siete proyectos de ley y modificaron otros dos. Todos remitidos por la Cámara de Senadores.

Los proyectos aprobados en esa oportunidad fueron los 19 contratos administrativos mineros, Declaración Nacional de la Expresión Artística Cultural de Saya Afroboliviana y Chu’ta, delimitación del tramo interdepartamental entre La Paz y Oruro, y las declaraciones de patrimonio cultural a la Feria de la Medicina Natural y a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, en Viacha.

Sin embargo, algunos diputados criticaron el trabajo de Huaytari, del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista. Debido a que, en su criterio, la última sesión se realizó hace ya 20 días.

“En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes. Este mal funcionario no está respondiendo a las necesidades del pueblo boliviano. Quiere hacer quedar mal a los diputados”, acusó la diputada evista Cristina Choque en conferencia de prensa.

Los diputados de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga e Ingvar Ellefsen, afirmaron que se les paga sueldos por ‘un trabajo que no se hace’, ante la falta de sesiones.

‘Economizar’

Huaytari criticó que en la Cámara de Diputados se acostumbró a convocar a sesión para aprobar una transferencia de terreno o como máximo dos. Sin embargo, actualmente, según su criterio, este proceso se agiliza.

“Más de 10 proyectos casi 12 proyectos de transferencia (aprobados) en una sola sesión, eso implica también economizar y ser lo más estratégico”, afirmó.

De acuerdo con Huaytari, se tenían planeadas sesiones para tratar los proyectos de ley 073 y 075, que buscan suspender los mandatos de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados este año. Sin embargo, recordó que esos proyectos quedaron fuera de la competencia de Diputados.

“Si es que no se va a tratar en cualquiera de los escenarios, Diputados o Asamblea (…), va a ser imposible aprobar cualquier proyecto de ley”, cuestionó.

Los proyectos de ley que no se aprobaron en la 81° sesión se retrasaron a causa del pedido para tratar los proyectos 073 y 075. Entre los proyectos retrasados, se encuentran la adhesión plena de Bolivia al Mercosur y varios proyectos para la niñez