Un estudio financiado por la Unión Europea en Bolivia alertó sobre las condiciones de discriminación y vulneración de los derechos humanos que sufren los portadores del virus VIH y las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en cárceles del altiplano.
El coordinador de proyectos de la Asociación Con Alas Propias (Ascap), Ricardo Cordón, que ha ejecutado la iniciativa de investigación en colaboración con la Asociación Un Nuevo Camino (Asuncami), destacó ayer en una presentación en La Paz la necesidad de que “esta temática no quede oculta”.
La investigación “Miradas libres”, primera de este tipo en Bolivia, estima que en las cárceles del altiplano boliviano, que abarca los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, hay al menos 41 reclusos con VIH, 38 de ellos en La Paz.
Sin embargo, podrían ser más porque solo en Oruro y Potosí se practican pruebas diagnósticas obligatorias al ingreso y porque los contagios dentro de las instituciones pueden aumentar la cifra.
“En las prisiones se transmiten enfermedades de transmisión sexual porque hay relaciones entre reclusos”, dijo Cordón. Los reclusos LGTB sufren violencia física, violaciones, petición de dinero a cambio de protección o la obligación de ejercer trabajos serviles por parte de otros reclusos, sostiene el estudio.