Un día después de que pidiera a la Contraloría investigar los contratos con la empresa china CAMC, el presidente Evo Morales pidió hoy al vicepresidente Álvaro García formar una comisión en el Legislativo para encarar similar investigación y anticipó que “no encontrarán nada” de tráfico de influencia con la firma, de la que es una alta ejecutiva su expareja Gabriela Zapata.
“Pido al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional que organice esta comisión en la Asamblea para que investigue sobre el llamado tráfico de influencias y no encontrarán nada porque no tenemos nada que ocultar, nada que manipular con esa empresa (CAMC)”, afirmó a la conclusión de una reunión con los jefes de bancada del partido de Gobierno.
La solicitud es hecha un día después de que pidiera al Contralor, Gabriel Herbas, también investigar los procedimientos administrativos en los contratos entre el Estado y la firma china, de la que es una alta ejecutiva su expareja, con la quien tuvo un hijo que murió. Zapata salió ayer a la luz pública en la red Uno y anunció juicios penales contra quienes vulneraron su dignidad.
La relación laboral de Zapata con CAMC Engineering Co. Ltd surgió a partir de una denuncia del periodista Carlos Valverde del miércoles 3 de febrero. En esa ocasión, Valverde reveló que Morales y Zapata mantuvieron una relación y que tuvieron un hijo, por lo que infirió un tráfico de influencias.
Dos días después, el Presidente confirmó que mantuvo una relación con la empresaria y que el hijo que tuvieron murió en 2007. Desde entonces, sostuvo, no volvió a verla, aunque posteriormente circuló una fotografía de ambos en uno de los últimos carnavales de Oruro. El martes explicó que la fotografía fue casual: “Era una cara conocida y cuando se ha sacado la foto dije: ‘Ah, creo que es la Gabriela, es la Gabriela”.
El parágrafo 19 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como una de las atribuciones del Legislativo: «Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes».
Morales explicó que atendiendo el pedido de la oposición y tras una reunión con jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió pedir al Legislativo formar una comisión para que también investigue la relación del Estado con la empresa, blanco en los últimos días de una serie de cuestionamientos.
Bolivia firmó siete proyectos con la empresa que suman $us 566 millones, entre ellos para el ingenio azucarero de San Buenaventura en La Paz, el proyecto de sales de potasio de litio en Potosí, la compra de perforadoras para YPFB, la construcción de un tramo de la línea férrea Bulo- Bulo-Montero y finalmente tres proyectos en el emprendimiento Misicuni, en el departamento de Cochabamba.
El Gobierno decidió rescindir el contrato para la construcción del tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo por incumplimiento y ejecutar las boletas de garantías por $us 22,8 millones. El Ejecutivo afirmó en varias ocasiones que esa decisión muestra que no existe ningún tráfico de influencias con la empresa. La afectada llevó el caso a la Justicia y está en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Evo y Álvaro no tienen nada que ocultar, por eso escuchando este pedido de la derecha: Que se organice esta comisión de investigación sobre el mal llamado tráfico de influencias”, insistió en una conferencia en Palacio de Gobierno.