El nuevo complejo carcelario estará junto al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 40 kilómetros de La Paz, y tendrá capacidad para 10.000 presos, informó ayer el viceministro de Gobierno, José Luis Quiroga. 

La autoridad hizo este anuncio luego de evaluar la “operación Limpieza” que tuvo lugar el 19 de junio en el penal de San Pedro, donde funcionaban ilegalmente “negocios” y se cometían extorsiones por parte de grupos de poder que, incluso, cobraban por “seguros de vida” a los nuevos internos que eran destinados al penal.  

“Ya está definido el cierre del panóptico de San Pedro y para esto, en Chonchocoro, se está proyectando la construcción de un centro modélico que va a cumplir los estándares internacionales y que va a permitir la resocialización que está prevista en la normativa”, afirmó Quiroga ayer en contacto con los periodistas.

El viceministro, quien dirigió el operativo de la pasada semana, explicó ayer que la construcción del nuevo reclusorio debería comenzar este año y debe durar “unos dos años” porque “ya se aprobó el proyecto a diseño final”, planteado sobre la base de un programa de clasificación de reclusos para que sean reinsertados.

Por ejemplo, este centro tendrá un espacio para las personas con detención preventiva y otro para quienes tengan condena. En este caso, se aplicará un modelo de régimen cerrado, semiabierto y abierto de acuerdo con la gravedad de la codena y el proceso de rehabilitación.

“Cuando una persona que haya sido condenada esté por cumplir su pena podrá incorporarse a un sistema abierto con talleres y, según su comportamiento, irá recuperando su libertad de manera gradual”, dijo Quiroga.

La cárcel de San Pedro, cuyo cierre se anunció varias veces en el curso de los últimos 10 años, alberga a 2.800 privados de libertad, cuando su capacidad era para 800, precisó Quiroga, quien, aunque aseguró que existen los recursos para el nuevo reclusorio, no se animó a anunciar un monto.

“El financiamiento ya está garantizando a través de una ley esto pasará al Ministerio de Economía que la va a monetizar (…). El nuevo centro penitenciario modélico tiene una proyección para albergar a 10.000 privados de libertad. Por lo menos, de aquí a 40 años, esto nos va a resolver los problemas de hacinamiento”, dijo.

Es la puerta de Europa. De hecho, Jerez de la Frontera es la ciudad española que está a tan solo 195 kilómetros de Marruecos, el país donde comienza África. Allí vive la boliviana Ana Hérica Ramos, elegida concejala en los comicios del 26 de mayo. 

“Ya soy concejala electa, pero todavía la toma de posesión será hasta el 15 de junio”, afirmó, en una conversación con La Razón, la nueva autoridad de ese municipio español que está a 620 kilómetros al sur de Madrid, la capital.

El domingo fueron las elecciones municipales en España. En Jerez de la Frontera ganó el Partido Socialista Obrero Español  (PSOE) que postuló a Ramos en el séptimo escaño de 27. Los socialistas lograron los votos suficientes para hacerse de 10 curules del concejo de la ciudad que es parte de la pintoresca región de Andalucía. El partido está seguro de contar con el apoyo de los frentes de izquierda Ciudadanos y Juntos Podemos.

“Por el número de concejales que hemos sacado en Jerez, el PSOE es el único partido que puede comenzar la negociación y hacer gobierno. El de la derecha, el Partido Popular (PP), ha sacado uno menos. No les da”, puntualizó la concejala boliviana. “Desde 2010 ya tengo doble nacionalidad”, aclaró Ana Hérica Ramos.

Pero la carrera política de esta cruceña comenzó mucho antes, en 2006, cuando decidió migrar a España en busca de su mamá.  Fue un poco como la historia de Marco (1985), aquel cuento del escritor italiano Edmundo de Amicis que narró el dramático viaje de un niño genovés a la próspera Argentina de finales del siglo XIX. “La migración es parte de la historia de la humanidad (…), pero últimamente están surgiendo discursos que promueven el miedo al otro, de rechazo a la pluralidad y la diversidad”, apuntó la líder.

Al llegar a España tenía 25 años; no tuvo muchas alegrías, pues comenzó “no de cero, sino de menos cero”, pues esta cifra puede resumir la suma de todas las desventajas, pero en medio de todas la esperanza.

“El panorama era un tanto gris porque tenía que estar un tiempo en situación irregular y mi madre no quería que pase por esa situación; al final decidí quedarme y asumir las consecuencias”, remarcó Ramos, quien luego de trabajar en desventaja halló “algo de alegría” en una compañía de teatro. Fue una gran experiencia para integrarse, pues tuvo la oportunidad de forjar amistad en la Iberia.

Estudio Jerez fue la compañía de teatro que le permitió decodificar a la sociedad española. De allí, “paso a paso”, en 2009, comenzó a trabajar en el Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAin), una organización no gubernamental basada en el voluntariado. Se enfrentó a una compleja realidad, mucho más dramática que la de Marco, pues ha mirado de cerca cómo miles de africanos luchan cada año por pasar el estrecho de Gibraltar, para saltar de la pobreza a la esperanza o para reencontrarse con su familia regada en el resto de Europa. “La mayoría no viene a quedarse, estamos en la puerta de este continente envejecido que necesita renacer”, dijo.

“Jerez es una ciudad de 214.000 habitantes y la población extranjera no llega al 5%. El 95% es autóctona y la mayor población de origen extranjero es de Marruecos; luego está de Bolivia”, afirmó la nueva autoridad edil que se ha planteado muchos retos en favor de Jerez, pero especialmente el de ayudar a “derribar los muros que construyen el miedo”; “esos miedos al otro y a la diversidad” que están en los nuevos discursos.

Lo mejor que hizo el presidente Evo Morales en sus 13 años de mandato fue “hacer crecer la economía de las familias” y “obras de infraestructura”, de acuerdo con un sondeo de percepciones que hizo la firma Tal Cual para el periódico La Razón.

Al revés de la medalla, los encuestados consideraron que “insistir en la repostulación” y “permitir la corrupción entre sus allegados” fue lo peor de la gestión de Evo Morales, que comenzó en 2006.

Estos indicadores están sustentados en una muestra de 2.250 entrevistas que se aplicaron entre el 25 de abril y el 12 de mayo con un margen de error máximo de 2,5 puntos. El sondeo forma parte de la primera encuesta urbano-rural publicada por La Razón en el actual escenario preelectoral.

El 24,31% de los ciudadanos entrevistados consideró que el mayor logro de Morales estuvo vinculado con el crecimiento de su economía familiar, un indicador que puede engranar con el 21,56% de los ciudadanos que declaró que el gobernante “dio dignidad a los bolivianos”, desde 2006 cuando empezó su primer periodo constitucional, tras haberse impuesto con el 53,72% de los votos de las elecciones nacionales del 18 diciembre de 2005.

Estos dos datos se complementan con la valoración de “obras de infraestructura, como carreteras y el teleférico (de La Paz y Oruro)” que se ejecutaron bajo el mandato de Morales. El 22,67% de los encuestados aseguró que la ejecución de estas obras  es “lo mejor” de estos 13 años.

Los entrevistadores que se desplegaron en las nueve ciudades capitales, además de El Alto; en 17 ciudades intermedias, y 31 poblados rurales también preguntaron si “la inclusión de todos los sectores a la vida económica y política del país” puede figurar entre los aciertos del Presidente. El 13,78%  señaló a éste como el mayor logro.

El mandatario Evo Morales enarboló, como uno de los valores del nuevo Estado Plurinacional, la “lucha contra los neoliberales y el imperio norteamericano”, pero esta acción solo fue valorada “como la mejor” por el 3,78%.

¿Pero qué fue lo peor que hizo Morales? El mayor indicador de esta categoría es el 34,58% de las personas que indicó que “insistir en su repostulación a la presidencia” fue el mayor desacierto. La lista “de lo peor que hizo” continúa con el rechazo a la corrupción. El 24,76% de los encuestados afirmó que el hecho de “permitir la corrupción entre los allegados” del Jefe del Estado está en el acápite de las cosas malas de la gestión.

Aparte, el 20,71% manifestó que “gastar dinero en cosas que no son importantes” fue otro aspecto negativo de la gestión del Gobierno, en tanto que el 6,93% señaló como malo el “trabajo en favor de unos cuantos y no de todos los bolivianos”. Un 6,09% identificó a “otros” aspectos en la casilla de “lo peor” de la gestión.

TERRITORIOS. Una mirada territorializada a los datos revela que la percepción negativa hacia la repostulación de Evo Morales es mucho más negativa en las ciudades capitales (36,48%) frente a las ciudades intermedias (31,62%) y los poblados rurales (30,70%).

La corrupción recoge una percepción crítica en las capitales de departamento (26,07%) , en tanto que la variable “de gastar en cosas sin sentido” recogió el 21,08% de adhesiones en las ciudades intermedias del país como Achacachi, Viacha, Quillacollo o Montero. 

Morales recogió más adhesiones positivas en el área rural, donde “la dignidad” llegó al 30,70%.

El 44% de las denuncias de acoso político contra autoridades ediles se dio por la llamada “gestión compartida” y La Paz fue en 2018 la región con mayor número de casos, según datos de la Asociación de Concejalas (Acobol) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero no solo es la “gestión compartida”, una forma de acoso político por la que la autoridad se ve forzada a renunciar por efecto de un acuerdo con su concejal suplente, también existen otras formas de violencia que han sufrido las autoridades mujeres durante 2018.

Casos de acoso sexual, retención de salarios e incluso presiones, con distintos matices, se leen en las denuncias, pero con impactos distintos en cada uno de los departamentos (ver infografía).

Bernarda Saure, directora ejecutiva de Acobol, explicó a La Razón que la figura de “gestión compartida” representa, en realidad, una causa de acoso, pues esta modalidad —siempre de acuerdo con las denuncias— provoca presiones y amenazas para forzar a las mujeres concejalas a renunciar a sus cargos, incluso mediante compromisos notariados.

A excepción de Pando, en ocho departamentos del país se presentaron denuncias sobre esta modalidad de acoso; 51 en total (44%). De esta cifra, se dieron 33 casos de “presión para renunciar” y 16 de “renuncias forzadas” y dos casos de procesos revocatorios de mandato que no llegaron a prosperar. “En muchos casos, las concejalas prefieren honrar los acuerdos y renunciar”, afirmó.

“Tenemos muchos otros casos que no los conocemos” y que se dan especialmente en el área rural, puntualizó Saure, luego de destacar que la entidad que dirige está abierta a recibir las denuncias de las mujeres que fueron elegidas para ejercer un mandato.

Otra de las causales que gatillan casos de acoso y de violencia contra las ediles son el efecto del ejercicio político de las mujeres para fiscalizar las obras y de disentir respecto a las decisiones y contratos, principalmente, para la edificación de infraestructura.

“Existen presiones para la firma de acuerdos que reciben muchas mujeres y que se materializan en amenazas”, señaló la directiva de la Acobol. Saure también  hizo notar que regularmente se presentan tensiones por efecto del empantanamiento para la elección del presidente de sus concejos, lo que provoca otro tipo de presiones, vinculadas con la afinidad política. En otros casos, incluso, se dio la retención de salarios de las concejalas. “De estos casos hemos tenido 10. Aún estamos dando batalla en cuatro, puesto que en seis se ha podido resolver la restitución de los salarios”, aseguró la dirigente.

En 2012 se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres; desde el 10 de octubre de 2016, cuatro años después, la norma tiene un reglamento que conceptualiza y establece las diferencias respecto a acciones de acoso y violencia política.

LEY Así, la presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual son acciones que delatan el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.

El pasado año, cobró notoriedad el caso de Vicencia Apaza, concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz, quien por varios meses “persiguió” en motocicleta a sus colegas para poder sesionar. Según la querella, los ediles de su región trataron de despistarla, programando las reuniones en comunidades alejadas sin avisarle a tiempo para que no asista. Saure explicó que en 2018 fue recurrente este tipo de caso de discriminación y limitación del mandato de las ediles.

Así, La Paz concentra 58 de los 117 casos de 2018. El departamento es donde más denuncias hay. (14/03/2019)

El 44% de las denuncias de acoso político contra autoridades ediles se dio por la llamada “gestión compartida” y La Paz fue en 2018 la región con mayor número de casos, según datos de la Asociación de Concejalas (Acobol) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero no solo es la “gestión compartida”, una forma de acoso político por la que la autoridad se ve forzada a renunciar por efecto de un acuerdo con su concejal suplente, también existen otras formas de violencia que han sufrido las autoridades mujeres durante 2018.

Casos de acoso sexual, retención de salarios e incluso presiones, con distintos matices, se leen en las denuncias, pero con impactos distintos en cada uno de los departamentos (ver infografía).

Bernarda Saure, directora ejecutiva de Acobol, explicó a La Razón que la figura de “gestión compartida” representa, en realidad, una causa de acoso, pues esta modalidad —siempre de acuerdo con las denuncias— provoca presiones y amenazas para forzar a las mujeres concejalas a renunciar a sus cargos, incluso mediante compromisos notariados.

A excepción de Pando, en ocho departamentos del país se presentaron denuncias sobre esta modalidad de acoso; 51 en total (44%). De esta cifra, se dieron 33 casos de “presión para renunciar” y 16 de “renuncias forzadas” y dos casos de procesos revocatorios de mandato que no llegaron a prosperar. “En muchos casos, las concejalas prefieren honrar los acuerdos y renunciar”, afirmó.

“Tenemos muchos otros casos que no los conocemos” y que se dan especialmente en el área rural, puntualizó Saure, luego de destacar que la entidad que dirige está abierta a recibir las denuncias de las mujeres que fueron elegidas para ejercer un mandato.

Otra de las causales que gatillan casos de acoso y de violencia contra las ediles son el efecto del ejercicio político de las mujeres para fiscalizar las obras y de disentir respecto a las decisiones y contratos, principalmente, para la edificación de infraestructura.

“Existen presiones para la firma de acuerdos que reciben muchas mujeres y que se materializan en amenazas”, señaló la directiva de la Acobol. Saure también  hizo notar que regularmente se presentan tensiones por efecto del empantanamiento para la elección del presidente de sus concejos, lo que provoca otro tipo de presiones, vinculadas con la afinidad política. En otros casos, incluso, se dio la retención de salarios de las concejalas. “De estos casos hemos tenido 10. Aún estamos dando batalla en cuatro, puesto que en seis se ha podido resolver la restitución de los salarios”, aseguró la dirigente.

En 2012 se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres; desde el 10 de octubre de 2016, cuatro años después, la norma tiene un reglamento que conceptualiza y establece las diferencias respecto a acciones de acoso y violencia política.

LEY Así, la presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual son acciones que delatan el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.

El pasado año, cobró notoriedad el caso de Vicencia Apaza, concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz, quien por varios meses “persiguió” en motocicleta a sus colegas para poder sesionar. Según la querella, los ediles de su región trataron de despistarla, programando las reuniones en comunidades alejadas sin avisarle a tiempo para que no asista. Saure explicó que en 2018 fue recurrente este tipo de caso de discriminación y limitación del mandato de las ediles.

Así, La Paz concentra 58 de los 117 casos de 2018. El departamento es donde más denuncias hay. (14/03/2019)